Amnistía Internacional (AI) Venezuela solicitó este miércoles a las autoridades del país, permitir que el dirigente opositor Villca Fernández -en la cárcel desde enero de 2016 y considerado un “preso político”- reciba atención médica especializada.
En un comunicado, la organización indica que Fernández “ha debido ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada desde junio de 2017″, pues ha “sufrido un número de problemas de salud, incluida hipertensión, bronquitis, dolores de espalda, y problemas gastrointestinales”.
“Médicos han solicitado su traslado al hospital y la Fiscalía General dictó una orden a tal efecto que aún no ha sido ejecutada. Su traslado fue pospuesto por quinta vez en noviembre mientras su salud continúa empeorando”, reza el escrito.
Fernández es un activista y líder estudiantil que participó en decenas de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro sobre todo en 2014, cuando una oleada de manifestaciones antigubernamentales dejó un saldo de 43 fallecidos.
Está recluido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas y, según AI, “es un preso de conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente” pues fue detenido “ilegal y arbitrariamente”.
“Los médicos del Sebin realizaron su examen médico más reciente el 7 de diciembre de 2017 y solicitaron que fuera trasladado a un hospital especializado que pueda evaluar y tratar sus problemas cardíacos”, prosigue el comunicado.
Amnistía Internacional dice haber recibido informaciones que señalan que Fernández también ha sufrido “otras violaciones a su derecho al debido proceso y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En este sentido, menciona que el Sebin ha denegado el acceso a familiares “durante largos periodos de tiempo” y ha “restringido a Villca Fernández el acceso a luz natural durante semanas”.
“La apertura del juicio está pendiente inexplicablemente tras casi dos años”, concluye AI.
Organizaciones proderechos humanos y la oposición venezolana aseguran que en el país existen cerca de 300 “presos políticos”.
DC | EFE