¿Cómo es el juego que inventó el chavismo para perpetuarse con elecciones de mentira?

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el parlamento plenipotenciario inventado en 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro para reemplazar por la fuerza a la verdadera Asamblea Nacional —de mayoría opositora—, dio la orden el 23 de enero: las elecciones presidenciales deben realizarse antes del 30 de abril. Como la convocatoria oficial la tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no se expidió, todavía no se sabe cuál será la fecha definitiva.

La oposición tendrá menos de tres meses para organizar una estructura que le permita hacer frente a la maquinaria oficial. Este escollo es crucial. Las controvertidas elecciones de gobernadores del 15 de octubre pasado dejaron en evidencia que, en aquellas mesas en las que no hubo fiscales opositores, el chavismo hizo lo que quiso con los votos. Esa es una de las muchas razones del fraudulento triunfo de Maduro en 18 de los 23 estados, a pesar de que el país atraviesa la peor crisis económica y social de su historia, y de que sólo lo apoya una minoría cada vez más reducida.

“Hicimos una revisión de todas las elecciones presidenciales que hay este año en América Latina. El país que anuncia la fecha con menor anticipación lo hace en siete meses. Menos de tres meses es imposible en términos logísticos y políticos. La oposición no se puede acomodar. Además, hay más de un millón de jóvenes que no están en los registros electorales, porque en su mayoría son opositores. Y se calcula que hay unos 2 millones de votos de venezolanos en el exterior, pero sólo están registrados 115.000?, afirmó el sociólogo Ignacio Ávalos, integrante del Observatorio Electoral Venezolano, consultado por Infobae.

Es muy difícil competir cuando el árbitro electoral, que es el CNE, actúa como un agente del partido de gobierno. La desventaja se agiganta cuando el árbitro máximo, el Tribunal Supremo de Justicia, también se comporta como abogado defensor del oficialismo. Con esas armas a su favor, el chavismo pudo vetar en muchos estados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza opositora que lo había derrotado en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015. Lo mismo hizo con algunos de sus candidatos más fuertes, como Henrique Capriles, que no pudo presentarse a una reelección en Miranda. Para que las trampas permanecieran ocultas, prohibió la participación de todas las entidades internacionales que se ofrecieron a auditar las elecciones. Así ganó.

La experiencia de 2017 fue tan escandalosa que el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA en inglés), junto con el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, emitieron un durísimo comunicado rechazando el llamado de la ANC a las presidenciales. Allí repasaron algunas de las irregularidades detectadas el año pasado, como “la manipulación del cronograma de actividades de la elección, migración masiva de votantes a pocas horas de la elección, eliminación de la tinta indeleble como mecanismo para evitar el sufragio múltiple y la manipulación del actas de votación”. Su conclusión fue lapidaria: “Una convocatoria que mantenga las condiciones actuales podría considerarse como no competitiva”.

Los adversarios del régimen tienen la certeza de que cualquier posibilidad de triunfo es utópica sin un cambio profundo en el sistema de votación. En un intento por revertir algunas de estas arbitrariedades, un sector de la MUD mantiene en República Dominicana un diálogo con el gobierno desde el 1 de diciembre pasado. Este martes se completó la quinta ronda de negociaciones sin haber llegado a ningún acuerdo concreto. Las conversaciones podrían seguir en las próximas semanas, pero los antecedentes de todos los intentos similares que se hicieron en los últimos años no permiten ilusionarse. Hasta ahora, el chavismo no dio jamás un paso atrás en su deglución del aparato estatal. Todos fueron hacia adelante.

Hacia un régimen de partido único

“El Gobierno busca legitimarse a toda costa con unas elecciones que sean a su medida. Aquí no hay ninguna duda de que en una elección limpia y competitiva, con transparencia, pierde. Eso lo revelan las encuestas. El tema es que el Gobierno no está dispuesto a hacer elecciones en las que pueda perder”, dijo a Infobae Domingo Alberto Sifontes, profesor de historia en la Universidad de Carabobo.

La derrota de 2015 le dejó una lección muy clara al chavismo: ya no está en condiciones de vencer a una oposición unificada en una competencia mínimamente equilibrada. Por eso, uno de sus objetivos es dividir a las fuerzas opositoras. Como ya lo había hecho en 2017, el eficiente TSJ anunció la semana pasada que la MUD como tal no podría participar. El argumento es que no se puede militar en un partido y en una coalición de partidos al mismo tiempo. Increíble.

Eso dificulta enormemente que las fuerzas políticas que conforman la alianza coincidan en una candidatura unificada. Para sumar otro obstáculo, el CNE dictaminó que todos los partidos tenían que revalidarse juntando firmas del 0,5% del padrón en al menos 12 estados. Voluntad Popular (VP), de Leopoldo López, se rehúsa a pasar por ese proceso arbitrario, así que quedó excluido. Primero Justicia (PJ), del inhabilitado Capriles, decidió participar de la revalidación, pero el CNE dijo que no reunió la cantidad de firmas suficiente. Este viernes por la noche, cuando se preparaba para hacer un segundo intento de recabar las adhesiones necesarias, la agrupación confirmó que el Consejo se lo prohibió, dejándola definitivamente afuera de la carrera electoral.

Curiosamente, el único de los pilares de la MUD que pasó la prueba fue Acción Democrática (AD), el partido al que pertenecían los cuatro candidatos opositores que ganaron en sus estados en 2017 y que aceptaron jurar ante la ANC. Juan Pablo Guanipa, de PJ, también venció en su distrito, Zulia, pero rechazó reconocer a la Asamblea. La ratificación del veto a PJ no deja lugar a dudas: la intención del gobierno es dividir a sus adversarios, admitiendo a los más dóciles y excluyendo a los duros.

“Hay partidos mucho más amigables, con los cuales el gobierno podría llegar a un acuerdo —dijo Ávalos—. Ayuda que la oposición no termina de entender en qué cancha está jugando. Sin unidad no hay juego. Y el Gobierno intenta que eso no se produzca. En los procesos electorales anteriores tuvo éxito, porque unos admitieron a la ANC y otros no. Si AD es el único que va a las elecciones, le haría un favor inmenso”.

El político y académico nicaragüense Edmundo Jarquín formó parte del Frente Sandinista en los 80, pero luego se distanció de Daniel Ortega y en 2011 fue candidato a vicepresidente por la coalición opositora Alianza PLI. En 2016 publicó El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?, libro en el que realiza un estudio pormenorizado del orteguismo. Los parecidos con el madurismo son notables.

“Ortega en Nicaragua se anticipó desde hace mucho a lo que está haciendo Maduro actualmente. Desde el 6 de diciembre de 2015 ha seguido los mismos pasos. Primero, desconocer las facultades de la Asamblea Nacional que se erigió en esa votación. Segundo, elegir una inconstitucional ANC. Tercero, cancelar las personerías jurídicas de los partidos opositores. Y cuarto, manipular a discreción el sistema electoral”, explicó Jarquín a Infobae.

Desde su retorno al poder en 2007, Ortega fue copando todos los organismos de contralor, con una dinámica muy similar a la que ensayaría Maduro desde su llegada a la presidencia en 2013. Hasta 2011 aceptó la competencia electoral, pero en los comicios presidenciales de ese año se atribuyó un triunfo aplastante, por 62 a 31%, considerado inverificable por los organismos internacionales que auditaron el proceso. Para simplificar el trabajo en la re-reelección de 2016, Ortega vetó a la principal coalición opositora y destituyó a muchos de sus diputados. Con la participación de agrupaciones menores, de escasa representatividad, se alzó con el 72% de los sufragios, en una votación en la que nadie creyó.

“Son modalidades diferentes del régimen de partido único, que se parecen más a lo que había en el este de Europa durante el bloque soviético —dijo Jarquín—. En países como Hungría y la República Federal de Alemania existían diferentes agrupaciones pequeñas, como la de los agricultores por ejemplo, que eran colaboracionistas. Son regímenes de partido único en los que se selecciona a quiénes darle la personería jurídica y a quiénes no”.

La oposición, en una encrucijada

“La oposición tiene un dilema y una decisión difícil de tomar. Si va a la elección, no será en las mejores condiciones, porque no se logró un acuerdo para que sean limpias, justas y competitivas. Entonces, participar le puede terminar restando, porque hay un sector pro opositor que está descontento con la manera en la que ha llevado a cabo las negociaciones. Pero, por otro lado, si no participa, es muy probable que el gobierno invente igualmente un candidato supuestamente opositor para decir que fueron limpias”, afirmó Sifontes.

Siempre hubo diferencias importantes entre los opositores al chavismo. Para los sectores moderados, la única forma de que se vaya del poder es venciéndolo en las urnas, pero los radicales están convencidos de que sólo por la fuerza se puede combatir a una dictadura. El triunfo de 2015 pareció darle la razón a los electoralistas, pero la contraofensiva chavista, que arrasó con la Asamblea Nacional y redobló la represión en los años siguientes, terminó revitalizando a los intransigentes. La elección de los gobernadores les dio todavía más argumentos.

Aún no se sabe lo que van a resolver los integrantes de la MUD, porque todavía confían en la posibilidad de obtener algunas concesiones para que el proceso sea un poco más transparente. El interrogante es qué van a hacer si no consiguen nada y se ven obligados a competir en las mismas condiciones que el año pasado.

“Ante el voto masivo de la oposición, la posibilidad de fraude disminuye”, sostuvo Ávalos, para el cual las elecciones, incluso en el escenario más desfavorable, son una oportunidad. El dibujo tendría que ser demasiado flagrante si el antichavismo va unificado y concurre a las urnas en gran número. “Los técnicos de la MUD —continuó— me explicaron que en 2017 fueron con un 35% menos de capacidad organizativa que en 2015, y lo que permite el contrapeso es la fiscalización opositora. El fraude no es aritmético; es trampa. Las condiciones electorales dependen mucho de cómo se pare en la cancha la oposición”.

Pero la MUD tendría que vencer muchas resistencias para ir a una votación en ese caso. No sólo sería mucho más difícil que ningún partido se baje del barco ante el temor a ser vistos como cómplices de la dictadura. También sería un desafío enorme convencer a la ciudadanía de ir a votar.

“La gente está comenzando a cansarse de la oposición y está desesperada por el sufrimiento que está padeciendo. Entonces, decirles que se va a las elecciones para perder, pero como una forma de debilitar al gobierno, no va a ser suficiente para una parte importante de la población. Es una estrategia válida políticamente y tiene sentido, pero ¿cómo vendérsela a la gente, que espera desalojar al gobierno del poder?”, se preguntó Sifontes.

Los sectores más radicalizados pueden dificultarle aún más el trabajo de persuasión. “No son elecciones, ni es diálogo, y esa no es oposición”, tuiteó días atrás María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, uno de los espacios más duros. La ex diputada cree que los dirigentes que participan del diálogo en Dominicana son colaboracionistas, y que participar de las presidenciales para ir a una derrota sería legitimar a Maduro. Desde su punto de vista, la respuesta está en la calle, asumiendo que a fuerza de movilizaciones el régimen va a terminar cayendo. El problema es que la experiencia reciente la desmiente.

“En 2017 fueron cuatro meses y medio de calle, calle y calle. Es lo máximo a lo que se podía llegar, pero al final el Gobierno logró sortear el obstáculo y sigue conservando el poder. El tema es muy complicado. Si dices ‘vamos a elecciones’, hay gente descontenta porque no se pueden ganar por fraudulentas. Pero si dices ‘vamos a la calle’, resulta que quien manda a protestar no pone los muertos. Mataron a más de 100 personas el año pasado y el Gobierno sigue ahí. ¿Cuánto más puedes activar la calle? La gente puede estar peor, pero también tiene mucho más miedo. ¿Qué queda entonces? No es fácil decirlo, pero estamos casi que a la deriva”, concluyó Sifontes.

La Patilla