Autoridades colombianas buscan pactar buen trato con los Yukpa
El gerente de la frontera, Felipe Muñoz, aunque no detalló el plan que se acordó en la reunión del pasado miércoles en Bogotá con Cancillería y Ministerio del Interior, en diálogo con La Opinión precisó que los contactos que se adelanten de ahora en adelante con los Yukpa se harán basados en tres criterios: no agresiones, intervención humanitaria y emprendimiento de un censo, a la mayor brevedad.
Estas decisiones se debatieron este viernes en una reunión con las autoridades locales que se llevó a cabo en la Alcaldía, tras lo cual la orden fue emprender el acercamiento con al menos 500 indios procedentes de la Serranía de Perijá (Venezuela) asentados a un costado del puente Francisco de Paula Santander, en el barrio El Escobal.
Según Muñoz, se debe adelantar un enfoque diferencial para atender la situación, “pues los Yukpa tienen unas consideraciones de los territorios ancestrales, lo cual les permite inferir que no tienen fronteras”.
Aunque las autoridades locales han intentado en reiteradas oportunidades brindar asistencia humanitaria a este grupo, ofreciéndole alimentos y frazadas para que todos vuelvan a sus territorios ancestrales, los jefes de los clanes familiares una vez reciben las atenciones retornan a Venezuela, pero a los pocas semanas vuelven con más indios atraídos por las ayudas que se les entregan en Cúcuta.
El problema tiende a agudizarse tras conocerse por parte de la Policía y Migración Colombia que las bandas criminales que hacen presencia en la frontera están empleando a los indios para traer carne y plástico de contrabando desde Venezuela.
Hay una investigación en marcha por inteligencia de la Policía.
Es en esta actividad ilícita, controlada por las autoridades de migración, que se han registrado enfrentamientos entre indios y agentes de Policía, con serias secuelas para estos últimos y también para funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La directora general de esta última entidad, Natasha Avendaño García, reprochó el uso de la fuerza como mecanismo para impedir el ejercicio de las funciones de la autoridad aduanera en el control del ingreso de mercancía de contrabando o de productos alimenticios que puedan afectar la seguridad nacional. “Todas las personas que crucen la frontera deberán pasar por los controles de las autoridades colombianas”, dijo.
Para las autoridades de Cúcuta, lo primero que se debe hacer es un reconocimiento etnológico, y por eso se requiere de la intervención de autoridades como la unidad de Asuntos Indígenas de la Vicepresidencia de la República.
Consultado el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Mauricio Franco, sobre las determinaciones anunciadas por Muñoz, el funcionario le dijo a La Opinión que el cumplimiento de los tres criterios de no agresión, permitirá el respeto y el entendimiento entre los indígenas y las autoridades.
Sobre la conveniencia del censo, Franco dijo que lógicamente servirá para que el gobierno pueda proyectar la atención a determinada cantidad. La atención humanitaria es urgente, debido a que se encuentra en riesgo la vida de dos niños indígenas, que tienen problemas respiratorios agudos.
Qué dice la Onic
La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) abrió la polémica sobre el presunto acto violatorio que Colombia comete con los yukpa, al asegurar que “se les está violando su derecho a permanecer en el país y sus derechos como pueblos indígenas”.
El 15 de marzo, las fuerzas policiales iniciaron el desalojo de estas comunidades, de aproximadamente 500 personas.
Según la Onic, los yukpa pertenecen a un pueblo binacional que vive a ambos lados de la frontera. La mayoría no posee documentos de identidad y les es difícil demostrar su binacionalidad inherente a su identidad étnica. Dado que no hay garantías para que regresen a Venezuela, continúan regresando a Colombia”, informó la Onic.
En Colombia, el censo de 2005 establece una población de 4,761 Yukpa, y en Venezuela, el censo de 2011 establece una población de 10,640.
La Opinión