En plena tensión internacional con el Kremlin, Estados Unidos tomó la delantera y lanzó su golpe más directo. El Departamento del Tesoro anunció la imposición de sanciones a 19 ciudadanos y 5 empresas rusas tanto por su participación en la fabricación y diseminación de noticias falsas durante la campaña electoral de 2016 como por una serie orquestada de ciberataques contra sectores claves de la economía. El castigo, el mayor propinado hasta la fecha por Donald Trump a Moscú, ahonda la brecha frente a Vladímir Putin a tres días de las elecciones presidenciales rusas.
El aviso del contragolpe estadounidense estaba dado. Hace casi un mes, el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, destapó la fábrica de las fake news y acusó a 13 ciudadanos y tres empresas rusas de haber construido un gigantesco operativo, bautizado como Proyecto Latkha, destinado a ayudar a Trump e interferir en los comicios mediante la intoxicación en redes sociales y el activismo de base. Era la prueba más palpable hasta la fecha de la injerencia y de su capacidad para actuar por encima de las leyes foráneas.
Un caso que ahora se ha repetido en Reino Unido con el envenenamiento mediante gas nervioso del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija. Ataque que EE UU, Francia, Reino Unido y Alemania han considerado en un comunicado conjunto “la primera utilización ofensiva de un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial” y “un asalto a la soberanía británica” que “amenaza la seguridad de todos”. Al anunciar las nuevas sanciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, describió el envenenamiento como una prueba de la “conducta insensata e irresponsable” del Gobierno ruso.
En este horizonte de Guerra Fría, Estados Unidos eligió el momento para lanzar un castigo que venía preparándose desde hacía días y del que habían advertido tanto la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, como la embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Fue un disparo más político que efectivo sobre el caso que más ha irritado a la opinión pública estadounidense y que se ha convertido en el antecedente de otras injerencias rusas en Occidente. Aún así, Trump, siguiendo una costumbre que no deja de levantar suspicacias, se guardó su proverbial locuacidad y nada dijo sobre Putin ni las sanciones. En su día, incluso negó la mayor y redujo todo a “una invención de los demócratas”.
Las penalizaciones acarrean el bloqueo de las propiedades de los afectados en EE UU y su prohibición de operar y hacer negocios en el sistema estadounidense. Algunas de las organizaciones sancionadas, como el espionaje ruso y la inteligencia militar, ya son objeto de las represalias estadounidenses por sus acciones en Ucrania. El Gobierno Trump asegura haber castigado en el último año a más de 100 individuos y entidades por operaciones controladas por el Kremlin.
Los 13 acusados por Mueller figuran entre los sancionados, incluido el supuesto cerebro de la injerencia, Yevgueni Prigoyin, un empresario que tiene bajo su control el abastecimiento del Kremlin y que es considerado un aliado de Putin. De este modo, el Tesoro avala las acciones del fiscal de trama rusa, que ha sido constantemente desacreditado por Trump, que ha amenazado con despedirle y ha asegurado sufrir una “caza de brujas”. “La Administración está enfrentando y contrarrestando las ciberactividades malignas de Rusia, incluidos sus intentos de interferir en elecciones en EE UU, hablamos de ciberataques destructivos e intrusiones que apuntan a infraestructuras críticas”, dijo Mnuchin en un comunicado. El Kremlin niega todas las imputaciones.
DC | Agencias