Los familiares de las víctimas de PoliCarabobo exigieron ante la plenaria de la Asamblea Nacional justicia por las 68 (cifra oficial por parte de la Fiscalía General) muertes ocurridas el pasado miércoles 28 de marzo en un motín en los calabozos de la comandancia de policía del estado Carabobo.
El parlamento creó una Comisión Especial para que investigue los hechos en Carabobo e inició el procedimiento para determinar la responsabilidad política, penal, civil y administrativa del presidente de la República Nicolás Maduro, la ministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela, ministro del Interior Néstor Reverol y el gobernador del estado Rafael Lacava.
La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano señaló que el hecho es fue una “masacre” por parte del Estado, debido a que “no sólo no protegió la vida de estos presos, los asesinó. Uno de los jóvenes masacrados debía salir en libertad porque ya había cumplido su pena”, usó como ejemplo la parlamentaria.
Mientras que el diputado José Luis Pirela señaló que lo ocurrido en la comandacia de PoliCarabobo es “el rostro de una dictadura que mantiene un Estado fallido, en donde la justicia es politizada y los pranes deciden los destinos de muchos venezolanos”, dijo.
El diputado Juan Miguel Matheus, señaló que la ministra de Asuntos Penitenciario, Iris Varela, “tiene completa responsabilidad en convertir comandancia policiales en recintos penitenciarios, permitiendo el crimen organizado. Incluso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha hecho advertencias que no se han acatado”.
Matheus solicitó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del suceso en PoliCarabobo: “Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el estadio final de la corrupción en nuestro sistema de justicia”.
Tras el debate de la catalogada “masacre” en PoliCarabobo, el parlamentó aprobó por unanimidad un acuerdo sobre la crisis penitenciaria, y solicitará la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH. a las instituciones penitenciarias del país, además reforma se plantea un marco normativo amplio para la reforma integral del sistema penitenciario.
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