El gobierno israelí anunció este martes la anulación de su plan de expulsión de inmigrantes africanos llegados ilegalmente, debido a la imposibilidad de encontrar terceros países dispuestos a acogerlos.
Las expulsiones afectaban a una parte de los 42.000 inmigrantes de origen eritreo y sudanés que viven ilegalmente en Israel.
Los servicios del consejero legal del gobierno informaron a la Corte suprema de la anulación del plan, luego del rechazo de algunos países no precisados a recibir migrantes, señaló una fuente gubernamental.
Ruanda y Uganda fueron ampliamente citados como los países con los que Israel negoció para la recepción de los migrantes que hubieran sido expulsados.
«En este momento, la posibilidad de realizar un alejamiento hacia terceros países no es de actualidad», reconoció el representante jurídico del gobierno.
El plan de expulsión había suscitado muchas críticas, especialmente del Agencia para los Refugiados de la ONU (ACNUR) y de sobrevivientes del Holocausto, así como de una parte de la sociedad civil en Israel.
El gobierno había anunciado un plan por el cual a los migrantes se les proponía partir voluntariamente con una suma de 3.500 dólares (unos 2.800 euros), o de lo contrario serían detenidos y apresados hasta que abandonaran el país.
A inicios de abril, el primer ministro Benjamin Netanyahu había aceptado anular ese programa, y aseguró que un acuerdo con la ONU iba a permitir trasladar a los migrantes hacia «países desarrollados como Canadá, Alemania o Italia».
Pero, horas más tarde anuló el acuerdo con la ONU debido a la presión de los elementos más duros de su coalición.
Estos migrantes llegaron mayoritariamente después de 2007, a través del Sinaí egipcio. La frontera con Egipto, que en esa época era fácilmente transitable, se volvió posteriormente casi hermética.
Muchos de ellos se instalaron en barrios pobres de Tel Aviv, capital económica del país.
DC / AFP