Zulia fue el estado que más detenciones registró por día durante protestas

635 detenciones arbitrarias, una Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) con ejecuciones extrajudiciales y militarización de zonas indígenas son algunos de los Derechos Humanos que se violentaron en el estado Zulia durante 2017. Muchos de ellos, sin embargo, aún no tienen respuesta por parte de la justicia venezolana.

Las denuncias se registran en el último informe de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), que revela que 2017 fue un año “sombrío” para los venezolanos en derechos humanos, a pesar de que el país suscribió convenios internacionales en relación con esta materia.

Codhez constató que Zulia fue el estado que tuvo más aprehensiones por día durante las protestas entre abril y julio de 2017, en la que 635 personas fueron detenidas y, de esta cantidad, 245 solamente fueron presentadas ante un tribunal. Sin embargo, luego de los pronuncimientos contra el gobierno por parte de la fiscal Luisa Ortega Díaz el trato a estos jóvenes cambió y comenzaron a procesarlos en tribunales militares.

El documento advierte que los jóvenes que fueron imputados se trasladaron a comandos «infectados con enfermedades como escabiosis o hepatisis, producto del hacinamiento en estos centros de detención preventivos».

Ámbito internacional

La organización de Derechos Humanos en el estado Zulia envió la información para las solicitudes de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, el ente colabora con las relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ente envió a los organismos internacionales pruebas sobre la OLP realizada en la comunidad de Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015, que dejó como saldo cinco personas muertas. Según el informe, se realizaron ejecuciones extrajudiciales y cuatro funcionarios acusados por la muerte de dos de los residentes del lugar quedaron en libertad sin ningún tipo de condición. Solo con la palabra de estos como garantía para seguir el juicio.

“A pesar de que las personas puedan tener antecedentes penales o cometan un delito, tienen derechos humanos. Las OLP violan todo esto. Hay constantes críticas de organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que los excesos en el control del orden público son parte del día a día”, indicó María Inés Hernández Hernández, coordinadora de Codhez.

La organización mostró su aprobación al examen preliminar de la Corte Penal Internacional para verificar si hubo violaciones de Derechos Humanos en las protestas que acontecieron en el país entre abril y julio de 2017. Exigen que “se haga justicia” porque colaboran con este procedimiento abierto al gobierno.

Derechos económicos y de salud

Otros de los derechos que fueron violados de acuerdo con el informe de Codhez fueron aquellos relacionados con la economía y la salud. En un recorrido realizado por la organización a distintas unidades de diálisis de Maracaibo, constataron que muchos pacientes están a punto de morir por falta de medicamentos. Sin embargo, cuando muchas de estas personas intentaron protestar para exigir los fármacos necesarios, fueron reprimidas por organismos de seguridad del Estado.

“Una señora en situación de diálisis nos dijo que mientras salió a protestar, en un acto nada grave, les dijeron que los llevarían presos, por lo que también se les viola su derecho a protestar”, indicó la coordinadora de Codhez.

Otra denuncia es la utilización del Complejo Editorial Maneiro como método de censura para los diarios que son críticos al gobierno. Les niegan el acceso al papel, por lo que muchos medios tuvieron que migrar a plataformas digitales para continuar publicando sus informaciones.

Codhez pidió a los venezolanos denunciar cualquier irregularidad en el país y que quede el registro para poder exigir justicia. “Es importante ser perseverantes y conocernos como sujetos de derecho. No es normal no poder protestar ni que un periodista tenga acceso a las informaciones. Esos hechos deben ser denunciados”, sentenció.

DC | El Nacional