Ciertamente, los venezolanos no contamos con las indispensables estadísticas oficiales en el ramo macroeconómico, delictivo o de la salud. Por una arbitraria razón de Estado, reafirmándola como esencial al régimen que encuentra en ella su naturaleza, todas las expectativas y actividades penden de un azar inaceptable, yendo a ciegas entre los callejones del totalitarismo en curso.
Únicamente los responsables del desastre de PDVSA, por ejemplo, conocen con exactitud el nivel o profundidad de sus tropelías, pues, ni siquiera la más distraída investigación parlamentaria puede rozar los terrenos de la catástrofe que simplemente lo es, por sus resultados. No hay las más elementales y confiables cifras de la producción, refinación o comercialización del crudo; de las grandes o pequeñas operaciones financieras que lo pretextan, abovedadas con el celo de las maniobras delictivas que se sospechan; ni de las nóminas reales de una empresa que tiene por principal objeto sostener a una vasta clientela política y, accesoriamente, producir petróleo.
El FMI se ha quejado de la tardanza con la que llegan los números de la dictadura venezolana, levantando severas sospechosas en torno a su propia veracidad. Por lo que a nadie debe sorprender lo lejos que ha llegado el secreto petrolero, excepto tratemos de la desautorización moral de las camarillas del poder.
En efecto, antes que llegaran a adueñarse de Miraflores, como lo han hecho, la política petrolera, su desarrollo industrial y comercial, era de un amplio conocimiento público, permitiéndole a los especialistas elevar sus más variadas propuestas en medio de una polémica por siempre necesaria. E, incluso, finalizando el siglo anterior, en el peor de los casos, al Congreso de la República llegaron todos y cada uno de los recaudos de la llamada Apertura Petrolera, disponible para propios o extraños. No obstante, los que se apoderaron de la presente centuria, rasgaban sus vestiduras para reclamar un conocimiento y discusión mucho más amplia todavía que, ahora, simplemente, ni recuerdan.
La sola propuesta del entonces presidente de PDVSA, Luis Giusti, para vender el 15% de las acciones de la empresa, no sólo generó un debate intenso en la cámara de diputados en 1996, sino que le permitió proponer al diputado Alí Rodríguez Araque que la discusión tuviera un decidido alcance nacional, a través de las universidades, sindicatos, iglesias, etc. Hoy, la petrolera que no puede competir con la Exxon Mobil en las exploraciones de la Fachada Atlántica, según lo aconseja una genuina y urgida razón de Estado, tiene como tal el silenciamiento a toda costa del negocio petrolero que, por los resultados, ya dejó de ser negocio.
DC / Luis Barragán / Diputado de la AN / @LuisBarraganJ