Detenidas dos mujeres acusadas por delitos tipificados en la Ley contra el Odio

La detención de dos mujeres, Elba Ríos y Anarelis Govea (madre e hija), que, presuntamente, participaron en una protesta en la casa de la alcaldesa Indira Fernández, ha despertado la miradas de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en el municipio Guajira, en el norte del estado Zulia. Según los representantes de las ONG, este caso se maneja con fines políticos y es el primero documentado en la región en lo concerniente a la aplicación del artículo 20 de la Ley Contra el Odio y la Discriminación.

Algunos allegados de las dos personas detenidas relataron, desde las afueras de la sede policial en Sinamaica, que todo se inició el 29 de abril, cuando familiares de un joven que sufrió un accidente en moto acudieron a la residencia de la alcaldesa —ubicada en el mismo poblado— para pedir ayuda con una ambulancia, porque en el hospital no había cómo trasladarlo a otro centro de salud. Sin embargo, no obtuvieron respuesta y retornaron nuevamente al hospital. Una vez allí, lograron el traslado del paciente, quien murió horas más tarde en un centro de salud de Maracaibo.

Por su parte, Iría Ríos, familiar de las detenidas, agregó que en el grupo de personas que fue a la residencia de la alcaldesa no participaron las detenidas, pero se conoció que una sobrina de Fernández confrontó a los vecinos, hecho que no pasó a mayores. “Solo hubo discusiones entre los familiares del herido y la familia de la alcaldesa, lo que nos asombra es que días después las mujeres son detenidas sin argumentos serios que confirmen que hicieron algo malo”, relató la fuente.

Tras conocerse la detención de Ríos, su hija —Anarelis— acudió a la estación policial, donde fue recibida por un funcionario que la agredió. Esta respondió y quedó detenida junto a su progenitora. Posteriormente fue acusada por la Fiscalía 18 de la subregión Guajira.

Luego de haber transcurrido un mes de haber sido detenidas, familiares de Elba Ríos, de 48 años, y Anarelis Govea, de 28 años, dieron a conocer a la luz pública lo que ocurre con sus parientes. Según testigos, esta detención mantiene un trasfondo político debido a que las víctimas son acusadas de arremeter contra una vivienda, obstaculización de vías e incitación al odio, entre otras imputaciones que pesan en su contra.

Los parientes relataron que a Elba Ríos se le acercó el 3 de mayo una hermana de la alcaldesa a una cuadra de su casa, en el sector Jesús de la Divina Misericordia. Entre las dos mujeres se desató una riña, luego de lo cual funcionarios de Poliguajira detuvieron a Ríos. Esta fue trasladada a golpes a la sede de la Policía del estado Zulia, a pocos metros del lugar.

Se conoció que Anarelis Govea es docente de aula en la Escuela Arquidiocesana San Francisco de Asís de Sinamaica, donde imparte clases en tercer grado desde hace dos años, mientras que su madre es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y acompañó a la actual alcaldesa durante su proceso de campaña y siempre las unió un lazo de amistad en el área política.

Defensa pide que se respeten los derechos humanos

Según la defensa de las victímas, el caso se mantiene en el Tribunal Cuarto de Control de la circunscripción judicial del estado Zulia, en el que son acusadas por seis delitos, entre ellos cierres de vías, incitación al odio, lesiones intencionales, ultraje violento a funcionarios y agavillamiento. Para los defensores de derechos humanos que acompañan el caso, esto representa una absurda denuncia debido a que actualmente la calle Santa Clara, donde está la residencia oficial de la alcaldesa, permanece cerrada por funcionarios policiales que prestan custodia.

“Y por qué no aplicar la misma medida en este caso o en otros aún peores, porque hay que resaltar que estos hechos se registran por la misma negligencia de la autoridad municipal, ya que las personas que protestaron para exigir una ambulancia lo hicieron porque los servicios públicos no funcionan”, precisó el coordinador general del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, José David González.

“Con esto se ha buscado sembrar terror en quienes deseen denunciar o dar a conocer su posición ante lo que está pasando. No puede tener otra explicación, y es lamentable que suceda esto a pesar de que el Gobierno esté llamando a un diálogo”, agregó la directora de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), Daniela Guerra.

Los familiares han enviado cartas de solicitud de apoyo ante diversos organismos, entre ellos la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), mientras permanecen a la espera de las próximas acciones que tomará la defensa, cuyos miembros están en el proceso de espera de los 45 días de investigación por parte del tribunal.

DC / El Pitazo