La UE sanciona a 11 responsables venezolanos tras la elección presidencial
La Unión Europea impuso este lunes sanciones contra 11 responsables venezolanos, a raíz de la elección presidencial del 20 de mayo que supuso la reelección de Nicolás Maduro y que, para los europeos, no reunió las garantías suficientes.
Las sanciones sobre Venezuela «fueron adoptadas», indicó a la AFP una fuente europea, precisando que la identidad de las 11 personas sancionadas se conocerá tras la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la UE.
Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo fueron los encargados de añadir el nombre de 11 personas a la lista de sancionados con medidas «selectivas», que implican la prohibición de viajar a la UE y la congelación de sus activos en el bloque.
Ocho días después de la reelección de Maduro con el 68% de los sufragios en una elección presidencial anticipada, que boicotearon los principales partidos de la oposición, los cancilleres se comprometieron a adoptar nuevas sanciones y pidieron nuevas elecciones.
Un alto funcionario europeo explicó entonces que el objetivo era sancionar a «los actores vinculados a la organización de esas elecciones poco representativas».
La decisión eleva a 18 el número de personas sancionadas por menoscabar, a juicio de la UE, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en este país sumido en una profunda crisis política y económica.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ya fue sancionada en enero junto a otras seis personas, entre ellas el número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, flamante presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige Venezuela.
Al contrario que Canadá, Estados Unidos y Panamá, los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano, ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pos de una solución negociada a la crisis.
En noviembre, los 28 países europeos aprobaron su primer paquete de sanciones, consistentes en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la «represión interna», preocupada por la situación en el país tras la manifestaciones opositoras que dejaron 125 muertos en cuatro meses en 2017.