William Dávila: El Esequibo se puede perder por falta de criterio y negligencia de parte de Maduro
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Williams Dávila, aseguró que la indiferencia e ineficiencia del régimen de Nicolás Maduro en relación a la disputa fronteriza que mantiene Venezuela con la República Cooperativa de Guyana, han sido los principales factores que han permitido que esta nación avanzara en sus planes de despojar y apropiarse tanto de un territorio como de recursos energéticos que no le pertenecen.
En declaraciones al equipo de Prensa Unidad Venezuela, el experto en esta materia indicó que, desde la Constitución de 1811 el país tiene los límites fronterizos definidos, los cuales se mantenía dentro de la Capitanía General de la nación ante de los hechos suscitados el 19 de abril de 1810.
“Incluso Simón Bolívar lo dijo en el discurso de Angostura (…) Nosotros estamos claramente definidos desde el punto de vista histórico, ese es el legado que nos dejó nuestro Libertador”, así lo afirmó Dávila.
Estas afirmaciones las realiza después de que Guyana introdujera una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CJI), para que tal instancia dictamine a su favor en el caso de la disputa territorial que esta nación sostiene con Venezuela en relación con el Esequibo, pues el régimen de Nicolás Maduro se niega a participar en este procedimiento.
Desde el año 1966, el territorio del Esequibo permanece bajo mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fecha en la que se originó la firma del Acuerdo de Ginebra, documento en el cual ambas naciones se comprometieron a buscar soluciones prácticas y pacíficas luego de que Venezuela denunciara en el año 1962, un fallo arbitral dictaminado por un tribunal en París, Francia, que establecía los límites comunes entre los países, el cual todavía se encuentra vigente para Guyana.
Asimismo, aclaró las dudas que han surgido en relación al papel que juega la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional (CPI) en la controversia del Esequibo.
Por consecuente, señaló que la función de la CIJ, que proviene del antiguo Tribunal Internacional de Justicia antes de la Segunda Guerra Mundial, es encargarse de los casos de interpretación del Derecho Universal Público, tales como los límites fronterizos.
Mientras que la Corte Penal Internacional, bajo los artículos N.º 5, 7 y 8 del estatuto de Roma, analiza los casos que representan una grave violación a los Derechos Humanos, tales como los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, y el hambre como arma política.
Sin embargo, estos organismos internacionales están situados en la ciudad de Ginebra, Suiza, motivo por el cual se tiende a confundir los términos y competencia de ambas cortes. “La CIJ es el brazo jurisdiccional de las Naciones Unidas (ONU), en dicho tribunal se dirimen las controversias del Derecho Internacional Público, los temas que tienen que ver con soberanía, integridad y litigios como los que han sucedido en otras partes del mundo como Bolivia, y su salida al mar con Chile”.
En este sentido, el parlamentario explicó que, en el caso concreto de Guyana incubaron una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en marzo de 2018, en la cual establecen que el Acuerdo de Ginebra no tiene validez y, por ende, esta instancia debe reafirmar los límites fronterizos dictaminados por el laudo arbitral de Paris en el año 1899, el cual indica que es “nulo e írrito”.
Esto demuestra que esta nación desconoce por completo la soberanía de Venezuela sobre la zona en reclamación, además, hacen una apreciación errónea cuando afirman que en el Acuerdo de Ginebra ambos países convinieron acudir al mecanismo jurisdiccional si no se lograba llegar a un “buen término”, cuando esto es totalmente falso según lo expuesto por el también abogado.
Dávila indicó que, “es una interpretación perversa, insana y sesgada por parte de Guyana, que forma parte de los actos de provocación que siempre han hecho para violar el Acuerdo de Ginebra”.
Por tal razón, preciso que la postura de Venezuela debe centrarse en insistir en una solución práctica y pacífica de dicha controversia fronteriza, como lo estipula pacto firmado tanto por Venezuela como por Guyana en el año 1966.
Mencionó que la negativa del régimen de Nicolás Maduro de participar en este procedimiento en la CIJ, se debe a que “Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia porque hay un protocolo facultativo que no firmamos”.
De igual modo, resaltó que Guyana también pide a la CIJ que decida a su favor si Venezuela no se presenta ante esta organización judicial, “eso no lo puede hacer la corte, porque no puede sustituir la voluntad de las partes, buscando resolver la controversia fronteriza entre ambas naciones por la vía de la contención judicial”.
Aseguró que esta acción es contraria a lo previsto en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, remitido por lo establecido en la disposición N.º 4 del Acuerdo de Ginebra. “Esto no se trata de un simple litigio para repartir bienes de un divorcio o de una demanda civil, se trata de casos que tienen que ver con la integridad y soberanía de un país”.
Apuntó que Venezuela se encuentra en esta delicada situación por la “inoperancia, irresponsabilidad, negligencia, falta de criterio patriótico al no saber defender 159 542 km² que están en reclamación ante el fracaso de un régimen que, además de eso, es ilegítimo”.
Laudo arbitral de París
El legislador William Dávila manifestó que el Laudo arbitral de París de 1899 se considera completamente nulo por los siguientes aspectos:
1. Se otorgó un carácter jurídico a línea falsificada Schomburgk.
2. Ignora el principio de derecho utis possidetis uris.
3. Se sentenció sobre asuntos no inherentes la decisión arbitral.
4. Hubo coacción del juez ruso, Federico De Martens, quien era el presidente del Tribunal de Arbitraje, y produjo cinco votos contra Venezuela, junto a dos magistrados de Inglaterra y dos de Estados Unidos.
5. Hubo violación del debido proceso para Venezuela. El abogado Samuel Prévost testificó que fue decisión contraria a Derecho. De ahí se desprendió posición de nuestro país cuestionando Tribunal de Arbitraje por fallo nulo e írrito en 1899.
“Esto generó un proceso sobre el cual Guyana estableció una teoría donde decía que ya el tribunal de París de 1899 había resuelto el problema limítrofe con Venezuela, y eso nosotros no lo aceptamos”, aseveró Dávila.
Rol de la Asamblea Nacional
Williams Dávila, aseveró que el Parlamento venezolano ha trabajado de manera continua y permanente en función del interés de la nación, sin embargo, el régimen ha aceptado las diferentes iniciativas y estrategias adoptadas por la Asamblea Nacional para prepararse en relación a esta situación fronteriza.
“Hemos nombrado una comisión mixta, reunido ocho veces, desarrollando dos foros, también hemos convocado a la sociedad civil, expertos, Nuncio Apostólico para solicitarle que fuese sede neutra, pero la embajadora de Guyana no asistió. Además, solicitamos reunión con el secretario general de la ONU y reunido con diferentes embajadas. La AN ha cumplido con el trabajo nacionalista y patriótico, no nos hemos escondido”.
Solución a controversia fronteriza
Williams Dávila, especialista en la materia, detalló que la solución a la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana, es que ambas partes logren llegar a un acuerdo práctico y pacífico sobre el territorio del Esequibo.
Sin embargo, resaltó que Nicolás Maduro no ha nombrado a ningún equipo de negociadores expertos en este tema que trabajen enteramente sobre la Zona en Reclamación, de esta manera, concretar las distintas estrategias que faciliten un convenio que beneficie a ambas naciones.
Específico que la región del Esequibo no está perdida para Venezuela, pero es imprescindible que se continúe luchando, “hay que hacer valer el Acuerdo de Ginebra para conseguir una solución práctica, sentarse con Guyana y mantener una posición clara en relación a la defensa de nuestro interés nacional”.
Dávila señaló que no tiene ningún sentido que Guyana pretenda “solucionar” la disputa fronteriza por la vía de contención judicial, según el fallo emitido en el Laudo Arbitral de París en 1899, cuando firmó el Acuerdo de Ginebra. “Venezuela tiene razones históricas y títulos que avalan el utis possidetis iuris para defender lo que es nuestro”.
“Nosotros tenemos que insistir allí, informar a todas las cancillerías, parlamentos del mundo y mantener un equipo de expertos y asesores en la materia que estén ojo avizor en la Corte Internacional de Justicia”.
Agregó que es necesario que “como todo este tipo de procesos hay que desprenderse de los sesgos ideológicos por parte del régimen y tener una Cancillería profesionalizada que atienda esta nueva etapa de reclamación que viviremos”.
Por consecuente, el Acuerdo de Ginebra es clave para solucionar diplomáticamente esta controversia, pues “no se han agotado todos los recursos previstos en el artículo N.º 33 de la Carta de las Naciones Unidas, la mediación, el arreglo judicial, la reconciliación, conversaciones y todos los mecanismos pacíficos que contempla la ONU”.
Repercusiones para Venezuela
Aseguró que esta nueva fase que atraviesa la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana sobre el territorio del Esequibo afecta de manera directa a la población venezolana, específicamente a futuras generaciones, a nivel político, social, económico y hasta independentista.
Las aguas de dicha Zona en Reclamación se encuentran enriquecidas por yacimientos petrolíferos y otros recursos naturales como el oro. “Esto repercute en el desarrollo de nuestro país, pues esta región cuenta con la capacidad de producir entre 500 a 600 mil barriles diarios. Esto le pertenece al pueblo de Venezuela”.
Por último, concluyó que el Esequibo “no simplemente un problema político ni de oposición, se trata del interés nacional. La posición de los venezolanos, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Asamblea Nacional, del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) es defender la soberanía del país de manera diplomática y pacífica”.