La green card no salvará a los inmigrantes legales del nuevo castigo que amplía las deportaciones
La green card ha dejado de ser una póliza de seguro contra las deportaciones en la era de Donald Trump.
Los inmigrantes legales ahora pueden ser expulsados de Estados Unidos si transgreden las reglas de los programas federales y estatales de prestaciones sociales.
Un nuevo protocolo implementado la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) especifica que un inmigrante será obligado a comparecer ante un tribunal de Inmigración si abusa de “cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”.
El inmigrante será sometido a un proceso de remoción cuando haya evidencia de “fraude o tergiversación deliberada en relación a cualquier asunto o solicitud a otra entidad del gobierno”, explica el memorando publicado a finales de junio.
En esos casos, los funcionarios de inmigración tendrán mayores facultades para emitir un citatorio o notificación de comparecencia (Notice to Appear o NTA), documento que marca el inicio del proceso de expulsión de una persona nacida en el extranjero.
Los principales programas de prestaciones sociales que los inmigrantes con estatus de residente permanente pueden recibir son el seguro médico para personas de bajos recursos o con discapacidades Medicaid, el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas(TANF), el programa de Asistencia Nacional Suplementaria (SNAP), el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y el programa de Seguro Médico para Niños(CHIP).
Ser receptor de estos programas de asistencia social incluso podría ser perjudicial para el solicitante de la residencia permanente, según una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuyo objetivo es impedir que los inmigrantes legales obtengan la green card si ellos o sus hijos hacen uso de ayudas públicas, como cupones de alimentos o programas de escolarización de la primera infancia.
El DHS considera que “la recepción de beneficios públicos por parte de un extranjero es a expensas de un contribuyente y la disponibilidad de beneficios públicos implicaría un incentivo para los extranjeros para migrar a Estados Unidos”, indica el documento.
Las nuevas directrices, enfocadas, según USCIS, en reforzar las prioridades del presidente Donald Trump en su política migratoria, aumentarán y acelerarán las deportaciones, advierten expertos eninmigración.
En la mirilla de las autoridades también están los residentes permanentes que solicitan la ciudadanía estadounidense.
La agencia migratoria indicó en el nuevo memorando que sus empleados emitirán con mayor facilidad notificaciones de comparecencia judicial a inmigrantes que presentan el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, cuando la petición es denegadapor carácter moral.
El castigo incluye a “solicitantes condenados por delitos agravados antes del 29 de noviembrede 1990, o solicitantes condenados por delitos de deportación después de haber obtenido el estatus de residente permanente legal”, sentencia la normativa actualizada.