Acusados por la presunta comisión de delitos de obtención fraudulenta de divisas preferenciales, sobrevaloración de mercancía y asociación para delinquir, un total de ocho ciudadanos cuentan con órdenes de aprehensión a raíz de su vinculación en el desfalco de 49 millones de dólares a través de las empresas Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, pertenecientes al grupo empresarial García Armas.
Las solicitudes de detención, acordadas con el Tribunal 50º de Control del Área Metropolitana de Caracas, fueron libradas contra Sebastián, Serafín, Pedro y Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero y Domingo García Cámara, quienes contribuyeron al fraude contra la nación mediante la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, detalló que Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, expropiadas por incurrir en irregularidades, se asociaron entre los años 2005 y 2010 con las empresas Benipaula S.A y MSM S.A, creadas en Chile, para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio.
«La máxima accionista de ambas empresas, Marlene Loreto Beriestain Hernádez, reconoció durante un proceso judicial realizado en Chile haber creado las empresas por instrucciones de Serafín García, uno de los líderes del grupo García Armas», agregó en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).
Ante ello, en octubre de 2017, Beriestain Hernández fue sentenciada, junto a dos contadores de ambas empresas, con penas de cinco años de prisión y una multa de 30 millones de pesos chilenos, equivalente a 50 mil dólares, por la comisión de delitos tributarios entre 2006 y 2010.
La sentencia, continuó Saab, derivó en el desarrollo de investigaciones similares en el país, cuyo resultado desveló, según una primera evaluación en el extinto Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), la apropiación de 42 millones 657.351 dólares en importaciones con sobreprecio por parte de Alimentos Frisa, mientras que Frigorífico Ordaz cobró 6 millones 250.548 dólares producto de mercancías que nunca llegaron.
«Los sobreprecios de algunos rubros alcanzaron la cifra de hasta 1375% de sobreprecio», puntualizó.
Las conclusiones de la investigación sobre el fraude importador forman parte de las acciones judiciales adelantadas por el Ministerio Público (MP) ante la trama de corrupción Cadivi-Cencoex, cuyo número de detenidos ascendía a 21 personas, previo al anuncio de las nuevas órdenes de aprehensión.
En paralelo, se han ocupado 25 empresas, mientras que otras 100 mantienen averiguaciones en curso mediante investigaciones relacionadas a delitos de fraude.
«El Ministerio Público no cesa, no toma tregua, va a continuar hasta el final, siempre buscando hacer la justicia que quiere el pueblo de Venezuela. El Ministerio Público asume la lucha anticorrupción como su base principal, fundamental de una línea de acción judicial que va en contra de la impunidad y que busca sentar un precedente de decencia en el país», dijo.
DC / AVN