El informe se presenta un día después de que la vicepresidenta Rosario Murillo anunciara la muerte de otra persona durante las protestas. La cifra ofrecida por el organismo de DDHH difiere con las cuentas del Gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado este 2 de agosto en el que establece que la cifra de muertos por la violencia sociopolítica en Nicaragua se sitúa en 317. El número presentado corresponde al período comprendido entre el 18 de abril (fecha en la que iniciaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega) hasta el 30 de julio.
La relatora del organismo para Nicaragua, Antonia Urrejola, dijo que la Comisión condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes».
En el informe se detalla que entre los muertos, 21 son integrantes de la Policía Nacional de Nicaragua y 23 corresponden a niños, niñas y adolescentes.
Pero la cifra del Gobierno es distinta. Según Ortega la cifra de fallecidos es de 195. Por la notable diferencia numérica, representantes de la CIDH solicitaron al Gobierno reuniones con los representantes del Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público de Nicaragua.
Hace una semana, el director ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, alertó sobre los problemas que está teniendo el organismo para recopilar cifras de las víctimas mortales debido a la negativa del Gobierno nicaragüense de facilitar datos oficiales.
Organizaciones como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) han emitido cifras de 448 y 302 muertos respectivamente.
El informe emitido por la CIDH se presenta un día después de que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, diera a conocer la muerte de Hernaldo Sánchez, quien se encontraba hospitalizado tras ser herido con balas de plomo en el municipio de Juigalpa durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
CIDH alerta sobre la criminalización de la protesta
Los relatores del organismo manifiestaron también su preocupación luego de constatar lo que definen como “persecución y criminalización por parte del Estado” de aquellos que se han manifestado en contra del Gobierno de Daniel Ortega.
Abrão, hace una semana, había alertado sobre lo que definió como una “tercera fase” de represión en Nicaragua que podría llevar a la criminalización de los manifestantes luego de que el Parlamento de ese país aprobara una ley antiterrorismo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el nuevo texto legal podría ser usado para perseguir las protestas pacíficas.
Por otro lado, se prevé que el 2 de agosto se desarrolle una sesión extraordinaria en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la cual se consultará sobre la propuesta de crear una comisión especial para investigar la situación de Nicaragua.
La propuesta ha sido rechazada por la administración de Daniel Ortega bajo el argumento que la misma busca «inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado.
DC / NP