Burocracia fracasada. Por Jesús Rangel Rachadell (@rangelrachadell)
Dicen las malas lenguas que hay dignatarios incursos en delitos de drogas, o con familiares presos por tráfico de estupefacientes, lo cual evidencia falta de valores. Esto no es suficiente para que la burocracia esté tan dañada. No puede ser que quienes trabajan en el Estado; todos los funcionarios, sean ladrones, personas deshonestas, interesados en que se enferme el prójimo por su desatención a la labor que les corresponde, o que estén dedicados a la destrucción de empresas. Si fuera así, deberíamos huir de un país gobernado por delincuentes.
Los fundamentos racionales a los que se refería Max Weber al identificar la burocracia son inexistentes en la administración de Maduro. Los funcionarios son impuestos por su sumisión al proyecto ideológico, a la afinidad con el partido o a la relación familiar, su capacidad técnica o profesional. No me explico cuál es la razón de mantenerse trabajando en el ejecutivo nacional ni en cualquier otro de los poderes. No es por el sueldo, ya que no alcanza, tampoco por la jubilación que no es suficiente para mantener la subsistencia; solo la utilidad del cargo de tipo crematístico podría justificar su permanencia.
El gobierno chavista desconoció los instrumentos legales que establecieron los principios del funcionariado público de la época de la democracia. En un principio, allá por 1973, se dictó la Ley de Carrera Administrativa, y luego, en 2003 se cambió la ley por una con deficiente redacción, llamada Ley del Estatuto de la Función Pública que restringe el tiempo de acceso de impugnación de los actos administrativos de 6 a 3 meses, lapso en el que es difícil conseguir a un abogado que medio sepa la materia. Con esta limitación se protegió la ilegalidad, los abusos y el jefe se convirtió en un cacique que impone su voluntad, el de la típica frase: estás botado. También se limitó la incorporación de las personas contratadas a la estabilidad que otorga el ser funcionario de carrera que es el derecho a un procedimiento en el que se determine una causal de destitución, por lo que cualquier decisión está viciada de nulidad absoluta. Fue una manera desleal de favorecer al ministro que no efectúa los correspondientes concursos de ingreso que son los exámenes que determinan si el aspirante es apto para ocupar el cargo, y condicionar la libertad de la máxima autoridad a escoger alguno de los tres primeros lugares en que quedan los aspirantes, por eso se dice que se escogía de entre los mejores. Todo esto se acabó, los trabajadores de la Administración Pública son, en su mayoría, contratados, sin estabilidad, y los funcionarios de carrera son los menos.
El diseño de burocracia abierta de la ley busca que la administración escoja a los mejores, en todos los niveles. Aunque la Constitución y la ley del estatuto se refieren a un derecho al ascenso, lo cual es contradictorio. La ley se refiere a un concurso de aspirantes para ascenso, que nunca se ha efectuado, ya que no hay exámenes, no se escoge de entre los más capacitados, sino que se promueve por antigüedad, desdiciendo el sistema.
Hoy no hay sistemas puros, pero en otra época si existía la burocracia cerrada. Un sistema en el que se ingresaba por la base de la organización, los jóvenes se presentaban a exámenes y se podía aspirar a trabajar toda la vida. Un ejemplo es la burocracia militar, el que el individuo permanece en la estructura mientras comparta los valores de la misma, que en este caso son la disciplina, la obediencia, el respeto a la jerarquía. En nuestro país eso cambió con la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que expresa que el egresado “se regirá por el Patrón de Carrera Militar conforme al perfil profesional y especialidades de su Componente, a los fines de garantizar su empleo”, y que los ascensos “en igualdad de condiciones le permite al militar ocupar un puesto de precedencia en el escalafón, y tiene como finalidad fortalecer el espíritu militar”. Algunos oficiales ya tienen el período cumplido para la responsabilidad a la que fueron designados, provocando el retraso en la asunción de los cargos de los que tienen legítimas aspiraciones, en el entendido que me refiero a ascender no a apuntalar a un régimen que mata a los que protestan, con presos políticos, que persigue a los diputados electos por el pueblo, destruye la economía y dificulta obtener comida con libertad; sometiendo a la población a innumerables registros, censos, autorizaciones, listas y colas.
Todos estos problemas e incomodidades han provocado que los venezolanos no quieran participar de la dirección del país, mucho menos apoyar a políticas que no se implementan. No es digno trabajar para este gobierno. Busque a un funcionario que en su fuero interno le reconozca lo feliz que está de colaborar con el régimen, que no exprese su inquietud y su falta de fe, a menos que esté exigiendo cuantiosos obsequios, como las alcabalas de carretera. Todo cargo es una potencial alcabala.
Ningún miembro de la élite culta y democrática de nuestro país está dispuesto a prestar sus talentos a este gobierno y coquetear con esta satrapía.
DC / Jesús Rangel Rachadell / Abogado – Profesor / @rangelrachadell