Luisa Ortega Díaz fue destituida como fiscal general de Venezuela por Nicolás Maduro en julio de 2017, tras denunciar la ruptura del hilo constitucional y los excesos del régimen durante las protestas ciudadanas. En el exilio ha llevado ante el Tribunal Supremo (TSJ) legítimo, en Bogotá, la acusación por corrupción del mandatario venezolano, que ha sido condenado a 18 años de prisión. Responde por teléfono a ABC.
¿Qué capacidad hay para materializar la condena del TSJ en el exilio?
El reconocimiento de los Estados es al Tribunal legítimo. Las autoridades que están en Venezuela, excepto el parlamento, son ilegítimas. Por ello, es deber del TSJ en el exilio y los distintos gobiernos reconocer esa sentencia. Aplicando las decisiones del Tribunal, Maduro ya no es el presidente legítimo y está inhabilitado para el cargo. Igualmente, esta decisión debe de ser acogida por organismos multilaterales como Interpol, que tendrían que declarar una alerta roja contra Maduro.
¿Para qué ha servido hasta ahora?
La sentencia sirve para que, una vez derrotado el tirano de Venezuela, no haya que buscar elementos para procesarlo, puesto que ya hay condena firme. Además, visibiliza ante el mundo la trama de corrupción que compromete a Maduro. Hay pruebas fehacientes de su compromiso con Odebrecht en hechos de corrupción probados en detrimento del patrimonio del Estado.
¿Cuáles son los siguientes pasos que debe de dar el Tribunal?
Tiene que oficiar o personarse en los distintos espacios a nivel global para que la sentencia se cumpla. Ir, por ejemplo, a Interpol y enviar copia certificada de la sentencia a distintos países.
¿Ha gozado Maduro de garantías?
Se le garantizó el debido proceso, no actuamos como él, sobre todo con sus adversarios, a los que viola todos sus derechos. Se designó un defensor público, porque Maduro nunca atendió ni las llamadas ni los oficios que se le enviaron para que se personara.
¿Cuáles son sus próximas acciones?
Con fundamento en la Convención de Palermo, vamos a acudir a organismos de distintos países, ya sean Ministerios Públicos o al Poder Judicial, porque es probable que tengan más fuerza. No por menoscabar la decisión del Supremo en el exilio, pero siempre existen opiniones que hay que evaluar sobre si se cumplieron todas las acciones de ley con estos asuntos. Esto no sucedería si, por ejemplo, la Fiscalía de Perú, la de Brasil o cualquier sitio investiga a Diosdado Cabello.
¿Qué pruebas tiene contra Cabello?
Lo que tenemos le compromete en la trama de Odebrecht y lo voy a mostrar cuando sea oportuno. El resultado de cualquier proceso penal es mostrar las pruebas en el juicio y no que haya una elucubración en los medios.
¿Es el mismo caso de Odebrecht que salpica a Maduro?
Hay evidencias que comprometen a Cabello en esa trama, pero también otros casos. Yo entregué al diputado Ismael García pruebas que le comprometen en una trama de corrupción distinta y este diputado presentó las evidencias a la Fiscalía en Florida y se inició una investigación. Estamos buscando un organismo que, como en ese caso, pueda tener también competencias para investigar este caso.
Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, fue condenado cuando usted era fiscal general. ¿Comparte la decisión de arresto domiciliario?
Nuestra Constitución establece el principio de libertad. Es decir, una persona puede ser condenada y permanecer en libertad. En ocasiones, estando en el ejercicio de mi cargo, he defendido esta postura. Yo era fiscal general, pero no estuve presente en ese juicio, así que no puedo decir si lo que se debatió fue lo correcto.
¿Qué vínculos mantiene con la oposición venezolana?
Una relación de respeto e interacción, como mantengo con muchos actores del Gobierno. La diferencia es que con el Gobierno no es pública, tiene que ser privada, porque, si no, la vida de ellos estaría en riesgo.
¿Queda algo de chavismo en usted?
Siempre he estado identificada con las causas justas, de respeto a los derechos humanos, la igualdad y la justicia. Me identifiqué con el discurso de Chávez cuando tenía una propuesta humanista, pero se fue desdibujando. Con Maduro, sin embargo, se ha convertido en una tiranía y de atropello a los derechos del pueblo.
¿Por qué tardó tanto en tener una posición crítica con el chavismo?
Los funcionarios del Ministerio Fiscal no pueden tener militancia política. Desde que tomé el cargo el 2 de enero de 2008, siempre fui crítica con el Ejecutivo y en 2009 formé un escándalo por tema de abusos policiales. Luego, en 2014, fui bastante crítica porque detuvieron a casi mil personas en protestas y pedimos para más de 700 la libertad sin cargos, porque eran detenciones arbitrarias. Perseguí a una ministra de salud porque robó casi mil millones de dólares de tres hospitales, pero el Poder Ejecutivo y el Judicial la protegieron. Siempre fui crítica.
¿Cuál es la principal diferencia entre Chávez y Maduro?
Quien está en el poder en Venezuela es un tirano, no un hombre de Estado. Ha sembrado el terror y atropellado los derechos de los venezolanos, que huyen del país porque saben que quedarse es morir. Maduro está implementando un plan de exterminio contra la población y, además, es una amenaza para la seguridad de toda la región.
DC / ABC