La Fiscalía española apoyará la extradición a Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, a la que las autoridades del país reclaman por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
La vista de extradición se celebrará mañana en la Audiencia Nacional, después de que la reclamada se opusiera a ser entregada a Venezuela tras ser detenida en Madrid el pasado 25 de abril, reseñó Efe.
La enfermera fue arrestada junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismo delitos, si bien la vista de mañana se celebrará solo para decidir sobre la extradición de ella.
Tras la detención, los dos fueron puestos en libertad al día siguiente tras declarar ante un juez de la Audiencia Nacional, donde se ven los casos de extradición, pero con la medida cautelar de no abandonar Madrid mientras se decidía sobre su entrega.
A raíz del arresto de estos dos colaboradores de Chávez, su abogado emitió un comunicado en el que atribuía la reclamación de Venezuela a la búsqueda de «chivos expiatorios» por parte del Gobierno venezolano «para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo».
Tanto Díaz Guillén como Velásquez Figueroa están señalados en la investigación de los «papeles de Panamá» por supuestamente haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en Twitter el pasado 10 de abril.
Esta misma investigación identifica a la pareja como personas muy cercanas a la primera magistratura, a ella como enfermera de Chávez y extesorera de la nación y a su esposo como jefe de seguridad del fallecido jefe de Estado.
En otro mensaje, Saab recordó que en 2016 la Fiscalía venezolana realizó allanamientos a las propiedades de la familia Velásquez Figueroa y que en ese momento «se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela».
DC / El Universal