Después de varios años en que el Grupo de Lima, formado por las principales democracias latinoamericanas, había hecho grandes avances en exigir conjuntamente una restauración de la democracia en Venezuela, la mayoría de sus integrantes acaban de firmar una desafortunada declaración que le da nuevo oxígeno a la dictadura venezolana.
La declaración emitida el 16 de septiembre por 11 países del Grupo de Lima rechaza cualquier intervención militar en Venezuela, lo que es diplomática y legalmente correcto, y no debería sorprender a nadie. Pero no propuso ninguna acción diplomática para presionar al dictador venezolano Nicolás Maduro para que permita la restauración de la democracia, en flagrante contradicción con los compromisos anteriores del grupo.
La declaración fue firmada, entre otros, por México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, y expresa que la solución a la crisis venezolana debería ser “a través de una salida pacífica y negociada”. Agrega que los países firmantes “expresan su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar” en Venezuela.
La declaración se produjo horas después que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijera que no debería descartarse ninguna opción en Venezuela. Más tarde, Almagro aclaró que estaba pidiendo una “intervención diplomática”.
Dos países clave del Grupo de Lima, Colombia y Canadá, no firmaron la declaración del 16 de septiembre.
Cuando le pregunté al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo —en una entrevista que se emitirá el domingo por la noche en CNN en Español— si Colombia no firmó porque quiere dejar abierta una opción militar, respondió: “Rechazamos toda actitud bélica y toda actuación violenta”.
Cuando le pregunté por qué Colombia no firmó la declaración, Holmes Trujillo dijo que su país no estaba de acuerdo con algunos términos de la misma. Un alto diplomático de otro país latinoamericano me dijo que Colombia no firmó la declaración porque parece una crítica tácita a Almagro, quien ha sido un firme defensor de la democracia en Venezuela.
Al no mencionar nuevas sanciones diplomáticas a Venezuela, el Grupo de Lima olvidó sus propios compromisos previos. El 21 de mayo, el grupo acordó por unanimidad reducir las relaciones diplomáticas con el régimen venezolano, buscar ayuda humanitaria mundial para hacer frente a la crisis de los refugiados y tomar medidas para congelar activos financieros de altos funcionarios venezolanos.
Pero, increíblemente, el grupo no hizo nada al respecto en su más reciente declaración. ¡Nada! Mientras tanto, la crisis humanitaria en Venezuela está empeorando día a día.
Más de 1.6 millones de venezolanos han huido a los países vecinos en los últimos dos años, tratando de escapar de la escasez de alimentos y medicinas, y de una tasa de inflación que se proyecta debe alcanzar 1 millón por ciento para finales de este año. El director de la Oficina de Migración Colombia, Christian Kruger, me dijo recientemente que espera que el número de refugiados venezolanos se duplique en los próximos 12 meses.
¿Qué debería hacer el Grupo de Lima para ayudar a conseguir una solución pacífica en Venezuela?
Primero, debería enviar un mensaje claro a Maduro de que sus países miembros cortarán relaciones diplomáticas con Venezuela a menos que el régimen restablezca los plenos derechos a la Asamblea Nacional que fue elegida democráticamente en el 2015, designe un tribunal electoral independiente y permita elecciones libres.
En segundo lugar, debería imponer sanciones de visas y congelar los activos extranjeros de los principales miembros del régimen de Maduro.
En tercer lugar, debería apelar a las instituciones internacionales para que ayuden a los países de América Latina a hacer frente al éxodo venezolano y pedir al gobierno del presidente Donald Trump que permita la entrada de refugiados venezolanos a Estados Unidos, en lugar de deportar a muchos, como lo hace ahora.
En resumen, es totalmente comprensible que las democracias de la región rechacen cualquier solución militar que no esté respaldada por el derecho internacional, como lo sería una resolución de las Naciones Unidas. Lo que es inexcusable es haber emitido una declaración unidimensional sin equilibrarla con nuevas medidas de presión al régimen de Maduro.
Vergonzosamente, la declaración del Grupo de Lima le ha dado una victoria diplomática al mismo régimen que está creando la mayor crisis migratoria que se ha visto en América Latina en los últimos tiempos.
DC / El Nuevo Herald