Resurge papel del papa en caso de abuso sexual en Argentina

El papel del papa Francisco en el caso más notorio de abuso sexual sacerdotal en Argentina está de nuevo bajo la lupa, en momentos en que enfrenta la mayor crisis de su papado por el encubrimiento de casos al interior de la Iglesia católica y las acusaciones de que el propio pontífice se puso de parte de los indiciados.

Francisco, quien entonces seguía siendo el cardenal Jorge Mario Bergoglio, encargó en 2010 un estudio sobre el proceso legal en contra de un sacerdote condenado, estudio que concluyó que el acusado era inocente, que las víctimas mentían y que el caso nunca debió de ir a juicio.

La Iglesia argentina dijo que dicho estudio obtenido por The Associated Press _de más de 2.000 páginas en cuatro volúmenes encuadernados y con reproducciones de pinturas de Johannes Vermeer en las cubiertas_, era para uso interno exclusivamente. Pero los documentos presuntamente terminaron en los escritorios de algunos jueces de las cortes argentinas que decidirían las apelaciones del reverendo Julio Grassi.

A pesar del estudio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ratificó en 2017 la condena y la sentencia de 15 años de prisión en contra de Grassi, un reconocido sacerdote que administraba refugios para niños en situación de calle en Argentina.

El estudio, y el papel de Francisco en el caso de Grassi, han tomado nueva relevancia tras las acusaciones hechas por un exembajador del Vaticano de que Francisco, y una larga lista de funcionarios del Vaticano antes que él, encubrieron los actos de abuso sexual de un reconocido cardenal estadounidense.

Ni Francisco ni el Vaticano han respondido a las acusaciones de que Francisco restituyó al excardenal Theodore McCarrick en 2013 tras haber sido sancionado. El Vaticano no ha respondido a una solicitud de comentario respecto al papel de Francisco en el caso de Grassi.

En una entrevista exclusiva con la AP, una de las víctimas de Grassi, Gabriel, dijo que sigue a la espera de que Francisco reconozca su dolor después de que la Corte Suprema dictaminó que sí fue agredido sexualmente por Grassi cuando tenía 13 años de edad.

“Me gustaría que la Iglesia diga algo, pero lo veo como algo lejano”, dijo Gabriel, sentado junto a su psiquiatra. “Nunca nadie se acercó. Nadie en ningún lado. A nadie le importo”.

Francisco, exarzobispo de Buenos Aires, no era el obispo de Grassi ni estaba a cargo de él. Pero en 2006, la ahora extinta revista argentina Veintitrés publicó declaraciones suyas en las que afirmaba que las acusaciones en contra de Grassi eran “una saña informativa contra él, una condena de los medios”.

Dijo que se abstendría de juzgar hasta que se resolviera su proceso penal, pero el mismo Grassi testificó que Bergoglio “nunca me soltó la mano” durante el proceso legal.

Durante la presidencia de Bergoglio, la Conferencia Episcopal Argentina comisionó en 2010 al reconocido abogado de defensa penal argentino, Marcelo Sancinetti, para refutar la investigación de la fiscalía respecto a Gabriel y otros dos exresidentes de la Fundación Felices los Niños, cuyos casos fueron desechados en el juicio inicial.

En el estudio, Sancinetti concluyó no solo que las acusaciones contra Grassi no quedaron lo suficientemente demostradas, sino que “es objetivamente constatable la falsedad de cada una de las declaraciones”.

En los cuatro tomos, que se redactaron uno por año entre 2010 y 2013, Sancinetti acusó a Gabriel de cambiar su historia y de intentar extorsionar a Grassi. Pero una corte ya había desechado años atrás una denuncia interpuesta por Grassi, en la que acusaba a Gabriel de extorsión.

Sancinetti comparó “los enjuiciamientos y condenaciones de la actualidad a penas severas fundadas exclusivamente en la palabra de la persona que se dice víctima de abuso sexual y los procesos de brujería de la Edad Media”. Y en el último volumen, así como en la página web de su despacho, Sancinetti señaló que Francisco le había comisionado la obra. No respondió a las múltiples solicitudes de comentario.

La Corte Suprema de Argentina discrepó con el análisis de Sancinetti, y el 21 de marzo de 2017 ratificó la condena de 2009 contra Grassi por corromper y abusar sexualmente de Gabriel.

Entre lágrimas, Gabriel testificó que en dos ocasiones en 1996 el sacerdote lo toqueteó indebidamente y después le realizó sexo oral en su oficina.

Gabriel, quien durante algún tiempo estuvo en el programa de protección de testigos después de que alguien irrumpió en su casa y fue objeto de diversos ataques físicos y amenazas, dijo que quedó en shock cuando Grassi testificó que Bergoglio “nunca me soltó la mano”.

“Todos nos quedamos mirando como que ‘¡wow!’, era Bergoglio”, declaró.

Gabriel dijo que dos meses después de que Francisco fuera designado como el primer papa latinoamericano, él y su abogado le enviaron una carta, misma que entregaron el 8 de mayo de 2013 en la embajada del Vaticano en Buenos Aires.

En la misiva, Gabriel se identificó como una víctima de los “aberrantes crímenes de abuso sexual reiterado y corrupción de menores” por parte de Grassi.

Lamentó que el estudio expusiera algunos detalles de su caso protegidos por la corte, que afirmó lo “denigraron” personalmente y contradecían la llamada “tolerancia cero” que pregonaban tanto Francisco como Benedicto XVI.

“He sufrido y sigo sufriendo”, escribió.

Solicitó una audiencia con el papa “y le ruego encarecidamente me dé su compasión y me ayude a recuperar la fe”.

Nunca recibió una respuesta. De hecho, su abogado dijo que fueron amenazados en la embajada y que no sabe lo que sucedió con esa carta.

Cuestionada sobre por qué la Conferencia Episcopal Argentina había comisionado el estudio, una portavoz dijo que era para ayudar a que los obispos entendieran mejor el caso.

“La Conferencia Episcopal consideró que podía ampliar la información en vistas al proceso canónico”, dijo la conferencia en una declaración a la AP.

Sin embargo, sería impensable utilizar dicho estudio en un proceso canónico. Aunque los juicios eclesiásticos no utilizan investigaciones policiacas ni evidencia de los tribunales laicos, un estudio de refutación comisionado por toda una Conferencia Episcopal podría incurrir en problemas de jurisdicción en un juicio canónico, afirman los canonistas.

Además, el abogado de Gabriel, Juan Pablo Gallego, dijo que los tomos terminaron en los escritorios de algunos de los jueces que decidían las apelaciones de Grassi, representando lo que describió como un descarado, pero infructuoso, intento de influenciar.

La diócesis de Morón, responsable de Grassi, había defendido desde hace tiempo su decisión de mantenerlo en ministerio incluso después de que comenzó el juicio, señalando que no quería prejuzgar el resultado.

Dieciocho meses después de que la máxima corte argentina fallara en su contra, Grassi continúa como sacerdote mientras cumple con su sentencia de 15 años de prisión en la provincia de Buenos Aires.

La diócesis de Morón dijo que Grassi fue removido de sus deberes pastorales una vez que comenzó el juicio, y actualmente tiene restringido ejercer el sacerdocio de manera pública. La diócesis dijo a la AP que el caso se encuentra ahora en la Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina del Vaticano que lleva los casos de abuso sexual.

Julieta Anazco, presidenta de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, dijo que el caso de Grassi marcó un hito en Argentina debido a que las víctimas se enfrentaron a un reconocido sacerdote que contaba con el respaldo de la élite católica argentina y fueron humilladas públicamente al ser acusadas de solo intentar obtener un beneficio económico.

“Ellos han hecho que el camino de lucha sea más fácil para nosotros”, comentó. “Gracias a la lucha de ellos, muchos nos animamos a denunciar (a nuestros abusadores) públicamente”.

Anazco señaló el reciente caso de víctimas con discapacidades auditivas en el ahora infame Instituto Antonio Próvolo que denunciaron abusos del mismo sacerdote que fue acusado por estudiantes italianos de Próvolo, quienes en 2014 alertaron a Francisco y el Vaticano sobre su paradero. La policía argentina arrestó al reverendo Nicola Coradi y allanó las escuelas Próvolo.

“Antes de que el papa Francisco pueda decretar la responsabilidad de los obispos y otros líderes de la iglesia, debe admitir el daño que él mismo causó a las víctimas en Argentina”, dijo Anne Barrett Doyle, de la base de datos en línea Bishop Accountability, que ha recabado documentación sobre el caso de Grassi.

El caso es similar al ocurrido en el vecino Chile, en donde Francisco defendió en repetidas ocasiones al obispo Juan Barros, quien ha sido acusado de encubrir al depredador sexual más reconocido del país: el reverendo Fernando Karadima. Francisco desacreditó a las víctimas de Karadima y afirmó que sus acusaciones eran “calumnias”.

Eventualmente, Francisco reconoció que había cometido “graves errores de juicio” sobre Barros, se disculpó con las víctimas e inició una investigación del Vaticano que resultó en que todos los obispos en activo de Chile presentaran sus renuncias.

No ha ofrecido mea culpa en el caso de Grassi. Gabriel, quien desempeña varios trabajos informales, sigue esperando.

“Soy católico…pero sí, hay momentos en que no sé si la Iglesia me representa”, finalizó Gabriel.