Aumenta la minería ilegal y repunta el paludismo en Amazonas

Desde enero de 2018, el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé realiza una profunda investigación y le hace seguimiento a la situación sanitaria en el estado Amazonas, en especial a la situación de salud de los pueblos indígenas. Inicialmente se investigó sobre los impactos socioambientales de la minería ilegal en estas poblaciones.

Para el desarrollo de este trabajo se constituyó una mesa de trabajo durante los días 17 y 18 de enero de 2018 con los habitantes y actores claves del municipio Atabapo, que ha sido el más impactado por esta situación en la entidad amazonense. Durante esta actividad se aplicaron una serie de instrumentos para la recolección de información sobre las condiciones de salud de dicha localidad.

Luis Betancourt, principal investigador de esta organización sin fines de lucro, dio a conocer que las personas sirvieron de fuentes referenciales para comprender la compleja situación de los pueblos indígenas que habitan esos territorios que repuntan entre los primeros en casos de morbilidad y mortalidad por malaria, según investigación de Kapé Kapé y las cifras oficiales que maneja la Dirección de Salud Ambiental en la región.

Betancourt puntualizó que, según este trabajo investigativo sobre la situación sanitaria, basado en las investigaciones del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el caso de la malaria es una situación que se origina en gran medida en los campamentos mineros y es un fenómeno tácitamente permitido por el Estado, lo cual representa un problema multifactorial que debe ser analizada en esas dimensiones.

“El Alto Orinoco es uno de los más perjudicados por la minería ilegal, presentando altos casos de paludismo de todos los niveles, de acuerdo con lo que indican los números porcentuales de su densidad poblacional. No hay que obviar que se trata de territorios de difícil acceso. Hay poblaciones que no conforman la data oficial del sistema de salud pública que, a su vez, generan el subregistro o silencio epidemiológico”, afirmó el investigador de Kapé Kapé.

Balance y cifras extraoficiales

La minería ilegal es la principal causa de la malaria en los municipio, indica investigación de Kapé Kapé. Foto: Mickey Véliz

El trabajo realizado durante varios meses por el equipo de Kapé Kapé arrojó cifras alarmantes que se consideran extraoficiales, al no contar con la aprobación de los entes de salud en el estado. Según este balance, el Alto Orinoco presentó 396 casos entre 11.000 habitantes. Asimismo, en el municipio Manapiare, según data oficial de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, durante el primer trimestre de 2018 se confirmaron 797 casos de malaria.

Luis Betancourt señaló que igual gravedad reviste el caso del municipio capital, Atures. Con la misma data y en ese mismo período, se han confirmado 4.562 casos, cifras que pertenecen solo a poblaciones indígenas, donde la mayor incidencia se presenta en los Huottoja, Jivi y Curripaco. El municipio Atures posee el mayor número de casos debido a su densidad poblacional; 80 % de los 180.000 habitantes del estado Amazonas.

Precisó que por tratarse del municipio capital, hay mayores recursos logísticos y vías de comunicación para llegar a los lugares en conflicto sanitario a fin de hacer el abordaje. “Atures cuenta con vías de comunicación convencional, quedando los seis municipios restantes con graves deficiencias con respecto al acceso de los programas de prevención, control y tratamiento de la malaria, que incluyen otras enfermedades endémicas transmitidas por vectores”, reiteró.

Información oculta

Betancourt, como investigador de este observatorio indígena, ratificó que en la mayoría de las comunidades del estado Amazonas los indígenas fallecen por determinadas afecciones sin tener registro oficial de ello, como ocurrió en febrero pasado en la comunidad Haximú del Alto Orinoco, donde presuntamente fallecieron cinco yanomamis a causa de paludismo.

Manifestó que estos decesos no están reportados en los organismos oficiales sanitarios, porque se trata de una comunidad de difícil acceso donde la atención médica eventualmente llega, en promedio cada tres meses. Estos datos fueron aportados por los Agentes Comunitarios Yanomami de Atención Primaria en Salud (Acyaps) que prestan sus servicios en esos tan alejados territorios.

Asimismo ocurrió en junio de este año, en el sector Parhuaza del estado Bolívar; allí fallecieron una niña Huottoja de un año de edad, y Jorge Marchena, de la etnia Piapoco, de 75 años, ambos por supuesto paludismo. Estos dos casos tampoco fueron reportados debido a la ausencia de un sistema de prevención, vigilancia y registro epidemiológico por parte del sistema de salud del Estado venezolano.

El promotor social del referido sector, Wilmer Pérez, explicó que padecen una difícil y grave situación sanitaria, en especial con la malaria y desnutrición infantil. La misma suerte sufren las comunidades del norte de Puerto Ayacucho. Betania de Topocho, de la etnia Huottoja, reporta, desde octubre 2017 a abril 2018, 326 casos, en su mayoría reincidentes hasta cinco veces en un año.

DC – El Pitazo