Rafael Uzcategui, Coordinador General de Provea, manifestó que existe “duda razonable” con respecto a la versión oficial sobre la muerte del concejal Fernando Albán, por lo cual esta organización, junto a otras, la rechazan.
Según la visión de su organización, este podría ser el primer caso de muerte por tortura en ser denunciado públicamente en el país, evocando un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que declara que los casos de tortura para prisioneros políticos en Venezuela son recurrentes y sistemáticos y que, los más denunciados, son los centros de reclusión del SEBIN.
El representante considera que en Venezuela no existen las condiciones para que se garantice una investigación transparente e imparcial, sosteniendo que ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo designados por la Asamblea Nacional Constituyente son independientes y agregando que desde el año 2015, ningún funcionario de esas instituciones puede ingresar a ninguna de las sedes del SEBIN a nivel nacional, por lo que no serían capaces de constatar presencialmente la precisión de las investigaciones.
Agregó que históricamente, el SEBIN se ha caracterizado por no responder a ningún órgano público del país, recordando los casos de boletas de excarcelación ignorados por sus funcionarios y las denuncias que existen, incluso ante la ONU, de malos tratos y torturas en sus instalaciones.
Por esa razón, PROVEA solicitó una investigación que sea avalada por organismos internacionales para garantizar la independencia, la veracidad y el respeto al debido proceso durante las averiguaciones.
DC – Radio Fe y Alegría