Proyecto de ley para proteger el sur del Orinoco derogará el Arco Minero
El ecocidio que registran las imágenes satelitales de la zona sur del Orinoco venezolano (Arco Minero) y que denuncian las ONG ambientales y protectoras de derechos humanos tiene dolientes.
Este martes, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de ley con un título muy largo, pero que de ser puesta en práctica podría no solo detener el irreversible daño ambiental en cuencas hidrológicas y bosques naturales sino que permitiría reordenar el aprovechamiento de la biodiversidad de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, preservando para futuras generaciones dicho ecosistema.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica de creación y protección de la mega reserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana. El instrumento vio la luz esta semana luego de casi tres años de debates y consultas con expertos, encabezados por su principal promotor, el especialista en normas ambientales Alexander Luzardo.
El presidente de la comisión de Ambiente, Luis Parra (PJ-Yaracuy) afirmó que la norma derogará el decreto 2248 que creó el Arco Minero del Orinoco. “Esta ley protege el agua, la biodiversidad y el potencial energético del sur del Orinoco. Preserva una zona donde se estima que hay potencial para extraer 800 mil barriles diarios de petróleo”, dijo.
Parra agregó que la norma reconoce los derechos de los pueblos indígenas y ratifica que los contratos de interés nacional en materia de explotación minera tienen que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento Amazónico capítulo Venezuela, Ramón Flores (VP-Yaracuy) destacó que el instrumento “protege la perpetuidad de los recursos naturales” existentes en el eje de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas de la “devastación ambiental más grande”.
El parlamentario adelantó que un equipo de abogados en derecho penal y expertos en derecho ambiental, coordinados por la comisión mixta que impulsa este proyecto, han iniciado el levantamiento de la data necesaria para determinar si existen elementos suficientes para llevar a Nicolás Maduro y su gobierno ante la Corte Penal Internacional por un ecocidio y por crímenes contra la humanidad.
Flores no precisó cuándo serían presentados los resultados del trabajo del equipo de documentación.
El diputado Stalin González (UNT-Caracas) por su parte, cuestionó la opacidad con que el gobierno de Nicolás Maduro ha manejado no solo el otorgamiento de contratos de explotación minera en el Arco del Orinoco, sino la falta de información fidedigna sobre lo que de allí se extrae y sobre el daño ambiental que se está causando. “En el arco minero se despoja a los pueblos indígenas de sus tierras. Es una fuente de corrupción y violencia”, indicó.
DC – Crónica Uno