La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), además, se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En ese sentido, el artículo 19 de la DUDH establece que «todos tendrán derecho a opinar sin interferencia» y (…) «todos tendrán derecho a la libertad de expresión, este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección.
Visto desde esa perspectiva y como una contradicción, en Venezuela recrudece las presiones, las amenazas y las agresiones contra los portales, la prensa escrita, la radio, la televisión y contra los comunicadores sociales que no dejan de aferrarse a sus únicas armas: «La verdad y la libertad de informar verazmente.»
Según visiones periodisticas, en las regiones, los pequeños portales, las emisoras de radio y TV regionales, las redes sociales, los periódicos de un solo cuerpo, corren los mismos riesgos de sufrir cierres forzados, lo cual significa una flagrante violación de la libertad de expresión. Los más golpeados hasta el aniquilamiento son los portales que batallan por informar de una manera equilibrada, la prensa regional que en su gran mayoría caminan la senda de la mordaza del régimen, acosados de manera directa por el poder local, regional y nacional.
Desde hace tiempo el régimen intenta bloquear el acceso al material político en la web con ataques cibernéticos y ráfagas de nuevas acciones regulatorias a través de CONATEL que intenta establecer un bloqueo aún mayor, lo cual significa, sin duda alguna que vivimos la época donde la moral pública en Venezuela es impuesta por el triunvirato enquistado en el poder de manera hegemónica liderizado por Maduro-Cabello-Padrino López.
En ese escenario que atenta contra la libertad de expresión, el venezolano reconoce la lucha que libran los editores de los portales, los medios de comunicación en su afán por garantizar medios informativos al servicio de la gente y no a parcialidades políticas algunas como pretende hacer ver el régimen.
Debido a esa situación, la nueva generación de políticos venezolanos están obligados a respetar la libertad de expresión contemplada en la Constitución Nacional en su artículo 57 y restituir legalmente las concesiones de radio y televisión eliminadas contraviniendo derechos humanos.
No debemos caer en el extremo de “ofrecer la otra mejilla”. El ciudadano quiere que sus lideres defiendan la libertad de expresión.
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