La decisión fue tomada. Luego de escuchar sus relatos, el tribunal 11 en funciones de control privó de libertad a Iván Uzcátegui, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), y a Ramón Bravo, director de comedores de la Universidad de Carabobo, tras la acusación pública que hizo el gobernador Rafael Lacava en su contra, a través de sus redes sociales, en una denuncia constatada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como inconsistente.
Se trata de una medida que se dio a una semana de las elecciones estudiantiles, pautadas para el próximo 14 de noviembre, proceso para el que funcionarios del gobierno regional, de acuerdo a fuentes internas, le habían pedido, en tres citaciones previas al Cicpc, a ambos imputados que se apartaran para que el oficialismo pudiera imponerse.
La fiscalía 13, a cargo de Aníbal Colmenares, solicitó la investigación por los delitos de agavillamiento y peculado doloso tras ser vinculados con la supuesta reventa de alimentos de la institución, tras ser difundido por el gobernador Rafael Lacava en sus redes sociales, el pasado 3 de julio, un mensaje de Uzcátegui en el que ofrecía algunos kilos de comida, cuyas descripciones no coincidían con las del comedor, hecho que fue constatado por funcionarios del Cicpc, durante un procedimiento que realizaron.
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Se les fijó como sitio de reclusión los calabozos de la subdelegación Las Acacias del Cicpc, en Valencia, donde pasaron la noche del martes junto a presos comunes, luego de haber sido buscados sin orden de aprehensión en sus casas, antes de las 7 am.
Dirigentes estudiantiles han mostrado su apoyo a Uzcátegui y Bravo y aseguraron que no abandonarán el proceso electoral para dejarlo en manos del Gobierno. Autoridades universitarias han catalogado el hecho como político, mientras que el secretario de gobierno de Lacava, Jesús Santander, dijo que existen pruebas en contra de ambos que demuestran casos de corrupción con los alimentos del comedor de la UC.
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