Tribunal cumplió 55 días sin fijar audiencia preliminar de Requesens
Faltan 15 días para que el diputado Juan Requesens cumpla 4 meses encarcelado en las celdas del Sebin en El Helicoide. Tanto él como su familia y abogados esperan que el Tribunal Primero de Control con Competencias en Delitos de Terrorismo dé despacho y lleve a cabo la audiencia preliminar que debió celebrarse el 30 de octubre.
Joel García, abogado del parlamentario, informó que el tribunal lleva 103 días sin trabajar. Explicó que el 28 de septiembre se venció el plazo de la fase de investigación, por lo cual el juzgado debió fijar la audiencia preliminar, pero hasta ayer, que transcurrieron 55 días de esa fecha, la jueza no se había pronunciado sobre el caso.
Acusó al tribunal de denegar justicia en complicidad con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Ministerio Público, que están obligados a velar por el cumplimiento del debido proceso.
La semana pasada fue cuando la familia completa pudo verlo en El Helicoide. Su padre, Juan Requesens Gruber, solicitó que una junta médica verifique el estado de salud del diputado. Orianna Granatty, esposa del legislador, señaló: “No puedo agradecer que a Juan le permitan la visita, que le pasen la comida o le den un vaso de agua, eso es lo que deben respetar en el Sebin, su derecho es estar en libertad porque él es inocente”.
Granatti fue una de las voceras que ayer exigió la libertad de los presos políticos en el acto efectuado por Primero Justicia en la plaza Los Palos Grandes, en el cual reiteraron la denuncia sobre el acoso del gobierno a sus dirigentes y militantes.
En la actividad denominada Justicia para Venezuela estuvieron Carlos Ocariz y diputados a la Asamblea Nacional, entre ellos María Gabriela Hernández, Miguel Pizarro y Bibiana Lucas, que condujeron el acto.
Lucas fue la encargada de cerrar con la lectura del manifiesto “Primero justicia y el desafío de la esperanza”, en el que repudiaron la persecución política que ha llevado a sus dirigentes al exilio, a la cárcel e incluso a la muerte.
“Maduro no tiene poder sobre nosotros. Podrán enviarnos al exilio, torturarnos, encarcelarnos o acabar con nuestras vidas, pero jamás podrán tener nuestras conciencias”, leyó.
Ramón Aguilar, abogado del concejal fallecido Fernando Albán, informó que denunciarán el caso en instancias internacionales y solicitarán una investigación independiente que determine las causas reales de su muerte.
Aguilar añadió que la averiguación debe seguir los protocolos de Minessota y Estambul, que establecen los parámetros para investigar muertes extrajudiciales.
El Nacional