«Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley”: Claudia Díaz Guillén, ex enfermera
Estuvo durante años al cuidado de Hugo Chávez, perteneció al círculo cercano del exmandatario y ejerció como tesorera del gobierno venezolano durante dos años. Pero ahora, Claudia Patricia Díaz Guillén teme que España la extradite a Venezuela, donde enfrenta cargos de blanqueo y malversación.
Díaz Guillén fue detenida el pasado mes de abril en Madrid junto a su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, quien se ocupaba de labores de seguridad en una dependencia gubernamental venezolana.
La justicia venezolana los reclama por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito mientras ocuparon cargos públicos durante el gobierno de Chávez.
«Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado», dice Díaz Guillén en entrevista con BBC Mundo al ser preguntada sobre qué cree que le ocurriría si es extraditada a su país.
En un primer fallo el pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional de España dio luz verde a su extradición, a petición de las autoridades venezolanas. Su defensa recurrió la decisión alegando que su entrega pone en «grave riesgo su vida».
De enfermera de Chávez a tesorera nacional
Díaz Guillén era militar y en 2001 se incorporó a la Guardia de Honor, el cuerpo encargado de la seguridad del presidente. Compaginó su carrera militar con la obtención de los títulos de Enfermería y Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Eso le valió para incorporarse, a partir de 2003, al equipo de médicos y enfermeras de Chávez, donde estuvo hasta el año 2011, y después a la Oficina Nacional del Tesoro.
Defiende que accedió a esos cargos públicos por méritos propios.
«A mí se me ha presentado como una enfermera sin más, sin ningún tipo de preparación, y yo soy una mujer que se ha preparado, ha estudiado, y he compaginado muy bien la carrera militar con la obtención de dos carreras», dice.
Aunque señala que su relación con el fallecido mandatario era «meramente profesional», destaca que «durante los 8 años que trabajé directamente con él en las funciones de enfermería se creó una relación de respeto y amistad».
«Lo recuerdo como una persona muy humana, una persona buena y sensible», agrega sobre el mandatario, fallecido en 2013.
Se desliga «completamente de las funciones de enfermería» en 2011 -el mismo año que se le detecta el cáncer a Chávez- cuando pasa a ser nombrada responsable de la Oficina Nacional del Tesoro, cargo que ejerció durante dos años, al igual que el de secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN).
Ambos son puestos de alta responsabilidad económica en los que recibía órdenes directamente del ministro de Finanzas, Jorge Giordani.
Pero todo cambió para Díaz Guillén cuando la salud de Chávez empeoró.
«En la última etapa de su enfermedad es cuando el ministro y yo nos vemos sometidos a unas fuertes presiones por parte del alto gobierno, que en ese momento Chávez no lo podía ejercer directamente, ya en los últimos meses de su enfermedad, en los últimos meses de 2012. Y es cuando comenzamos a recibir unas instrucciones totalmente ajenas a la ley, y el ministro (Giordani) y yo nos negamos rotundamente», dice la exenfermera.
«El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos».
Díaz Guillén rechaza dar los nombres de las personas que emitieron esas instrucciones «ajenas a la ley», porque dice que está sometida a un proceso de extradición y que teme por su vida. Se limita a decir que fueron «altos funcionarios».
Sí nos explica que una de esas instrucciones tuvo que ver con la devolución del pago de los impuestos realizado por una empresa.
Chávez «no era consciente de esas instrucciones», explica Díaz Guillén, porque «él ya había delegado sus funciones».
«Una vez que muere Chávez -el 5 de marzo de 2013- se intensifican las instrucciones ajenas a la ley hacia el ministro y hacia mí, y nosotros, rotundamente, decimos que no, que no vamos a alinearnos a esas peticiones».
En abril de 2013 fue destituida de su cargo por Nicolás Maduro.
La salida de Venezuela
Díaz Guillén dice que semanas antes de que la despidieran, y pocos días después de haber muerto Chávez, a su marido «lo amenazan de muerte y le dicen que tiene que salir del país».
«No le dieron ni 24 horas para salir y él sale de Venezuela». Se fue a República Dominicana.
Pero Díaz Guillén permanece en el país hasta diciembre de 2014, cuando le conceden la baja militar. Se reunió con su marido en República Dominicana.
Explica que en ese período en el que permaneció en Venezuela su gestión fue auditada por firmas internacionales, como Deloitte, y también por auditores internos.
«En ningún momento fui llamada por cualquier objeción que se haya presentado en la administración de los recursos», argumenta.
Los «papeles de Panamá»
Pero las objeciones en contra de Díaz Guillén y su gestión empezaron cuando el nombre de su marido aparece en los llamados «papeles de Panamá», en abril de 2016. Ese mismo año, Díaz Guillén y su familia se trasladaron a España, donde residen actualmente.
En ese momento, el Ministerio Público venezolano abrió una investigación y emitió una orden de detención internacional contra el matrimonio por enriquecimiento ilícito.
Según la Fiscalía de Venezuela, la pareja recibió la ayuda del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca -en el centro del escándalo de los «papeles de Panamá por ayudar a sus clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos- para crear empresas «offshore» y «blindar» una fortuna no declarada.
En la orden de detención contra la pareja se establece que ambos utilizaron sus cargos públicos para obtener beneficios económicos y «adquirir bienes muebles e inmuebles en territorio nacional así como en el exterior» e incrementar su capital «de manera desproporcionada a sus ingresos».
En ella se establece además que Velázquez Figueroa, marido de la enfermera, es titular de nueve empresas en Panamá.
«Las acusaciones que hace Venezuela son totalmente falsas. Mi gestión fue auditada y allí no hubo ningún daño al patrimonio, como ellos dicen», le dice a BBC Mundo.
Concede que su marido había creado dos sociedades en Panamá, «lo cual no es un delito», dice.
«Mi marido decide crear esas sociedades en Panamá para preservar el patrimonio y por las diferentes fluctuaciones cambiarias. Él tenía una empresa en Venezuela, y esa empresa tenía contrataciones nacionales e internacionales y por ese motivo se vio obligado a crear una empresa en Panamá», responde al ser cuestionada por la razón por la que su marido decidió crear dichas sociedades.
Argumenta, además, que su patrimonio procede de su trabajo y de las empresas de su marido.
«Nuestro patrimonio viene de que mi esposo ha sido un empresario desde mucho antes de yo conocerlo, un empresario que ha tenido éxito», dice.
«Es un móvil de un delito que ellos han querido implementarnos a nosotros», agrega. «Y como no había una irregularidad en mi gestión, pasaron más de tres años, y es cuando sale el nombre de mi marido en los papeles de Panamá y es la excusa perfecta para montar este móvil».
«Nos quieren exhibir como un trofeo político»
Tras ser detenidos, el pasado mes de abril, las autoridades venezolanas solicitaron a España la extradición del matrimonio.
Díaz Guillén considera que esa petición tiene motivaciones políticas. «Venezuela no busca justicia, nos quiere tener y llevarnos allí para exhibirnos como unos trofeos políticos».
¿Por qué querrían exhibir como un trofeo político a alguien que fue persona próxima y funcionaria de Chávez?, le pregunto.
«Dicen que el gobierno de Maduro es una continuidad del gobierno de Chávez, lo cual que es totalmente falso, porque ellos empezaron a emitir unos lineamientos contrarios a los que veníamos llevando apegados a la ley», responde.
«Y nos quieren exhibir como unos trofeos políticos para tapar precisamente la situación que hay en Venezuela. Y en caso de que España llegara a acceder a esta extradición, España, que es un país de libertad, que ha suscrito convenios importantes con organismos internacionales, donde avala que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad, al extraditarnos a nosotros, está otorgándole un carácter democrático a Venezuela», agrega.
La Audiencia Nacional trata por separado las solicitudes de extradición de Díaz Guillén y la de Velásquez.
En su auto del pasado 26 de octubre, el tribunal consideró «que se dan todos los requisitos legales para proceder a la entrega» de la exenfermera.
La defensa de Díaz Guillén, liderada por el abogado español Ismael Oliver, recurrió la decisión y está dispuesta a agotar todas las vías posibles para evitar la extradición. Ahora la exenfermera está a la espera de una segunda decisión.
Pero en el caso de que el tribunal español emita otro fallo favorable a la extradición, aún pueden recurrirlo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Estrasburgo (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
Argumentan que Venezuela es un país en el que no se respetan los derechos humanos.
«No huimos de la justicia, nuestro abogado consigna ante la Audiencia que nosotros estamos dispuestos a que Venezuela envíe todas las supuestas pruebas que tiene contra nosotros», dice la enfermera.
«Nosotros nos ponemos a la orden de la justicia, pero lo que no queremos es que nos envíen a Venezuela, un país donde se nos va a torturar», acusa.
BBC Mundo