En el año 1991 se estableció el 5 de diciembre como Día del Profesor Universitario en Venezuela, en esa fecha se proclamó la Primera Ley de Universidades, que contempló la autonomía académica, electoral y administrativa, tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez.
Es un hecho evidente que los profesores universitarios no son solo un medio para alcanzar los objetivos de la educación; son también la llave de la sostenibilidad y la capacidad nacional para lograr el aprendizaje y crear sociedades democráticas basadas en el conocimiento, los valores y la ética. Sin embargo, los profesores siguen afrontando algunos problemas derivados de una política gubernamental que tiene como finalidad acabar con el pensamiento, en la actualidad son víctimas de una serie de prácticas que vulneran la libertad académica y la posición social del docente.
La realidad del profesor universitario en Venezuela se encuentra envuelta en un complejo manto compuesto por múltiples factores. Ellos no escapan del contexto social que aqueja la sociedad venezolana, donde órganos de protección internacional en materia de derechos humanos han manifestado su profunda preocupación por la violación generalizada de derechos humanos por parte del Estado venezolano
El Estado venezolano ha venido realizando una serie de acciones a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) dirigidas a afectar la situación de los académicos en Venezuela. En septiembre de 2018 el Ministerio remitió un instructivo a las universidades públicas venezolanas indicando como deberían realizar el cómputo para el pago del personal universitario. El referido instructivo fue rechazado por las casas de estudios por vulnerar los derechos laborales consagrados en la III Convención Colectiva Única para el Sector Universitario. Una de las principales violaciones radica en la disminución de la base para el cálculo del escalafón profesoral universitario de 4.75 salarios mínimos (consagrados en la Convención colectiva vigente) a 1.5 salarios mínimos.
Sin embargo, los casi inexistentes salarios no son la única situación que afecta al gremio profesoral. En la actualidad, un gran sector de esta comunidad se encuentra desprovisto en la realidad de un sistema de seguridad social. La creación del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación (SISMEU) en el 2017, supuso el manejo centralizado de los recursos destinados para la salud de los docentes por parte del MPPEUCT, los cuales han manifestado múltiples denuncias en torno a su funcionamiento y los riesgos que esto supone para el goce del derecho a la salud y la vida.
En el “Informe preliminar sobre la situación de los profesores en Venezuela” realizado por Aula Abierta, se denunció la crisis en el sistema de seguridad social de los profesores, quienes han encontrado en el SISMEU una desprotección total, contando con montos que no superan USD $1 para la asistencia de emergencias y compra de medicamentos anual. Debiendo destacarse que algunos miembros del sector universitario han denunciado haber sido rechazados por las clínicas al tratar de usar el SISMEU, debido al incumplimiento de los compromisos patrimoniales por parte del MPPEUCT.
Otro aspecto que afecta a los profesores universitarios es la insuficiencia de las contribuciones para los docentes dedicados a la investigación científica que no sólo se presenta en los programas de las universidades, sino también dentro del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII), donde los investigadores reciben una asignación económica que, dentro del contexto venezolano, no es útil para desarrollar ningún proyecto de investigación.
Las situaciones expuestas han fomentado que las universidades se queden sin uno de sus componentes más importante: profesores. Durante el 2018 las distintas regiones del país han sufrido los embates de este fenómeno, donde se pueden destacar las siguientes cifras de deserción profesoral: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, La Universidad del Zulia y la Universidad De Oriente habían estimado los índices de fuga de talento profesoral entre un 20% y un 50% .
Sin embargo, Tulio Olmos, Vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), afirmó que lamentablemente podría verse una cifra superior al 50% de fuga de talento profesoral para el periodo académico del semestre final de 2018, pues “semanalmente se registran 2 renuncias de profesores universitarios en la UCV”.
En una Investigación desarrollada por Aula Abierta en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
1.222 Profesores Universitarios de más de 20 universidades públicas del país fueron encuestados en un periodo comprendido del 9 de septiembre de 2018 al 4 de diciembre del mismo año.
Los resultados de la presente encuesta reflejan la situación de los profesores universitarios en el marco de la emergencia humanitaria compleja:
Encuestados: 1.222
NO: 1.219 (99.8%) SI: 3 (0.2%)
Encuestados: 1.222
SI: 1.205 (98.6%) NO: 17 (1.4%)
Encuestados: 1.222
SI: 1.036 (84.8%) NO: 186 (15.2%)
Encuestados: 1.222
NO: 1.212 (99.2%) SI: 10 (0.8%)
Encuestados: 1.222
NO: 1.213 (99.3%) SI: 9 (0.7%)
Encuestados: 1.222
SI: 1.211 (99.1%) NO: 11 (0.9%)
Desde Aula Abierta en el día del profesor universitario recuerda y condena la existencia de las situaciones descritas, las cuales constituyen elementos que limitan el libre ejercicio de la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad. En este sentido, se hace un llamado público al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y demás autoridades del Estado para que actúen de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno venezolano, garantizando en consecuencia el ejercicio de los referidos derechos.
Nota de Prensa