Perú celebra un referéndum con cuatro preguntas: ¿Qué se vota?

Este domingo 9 de diciembre más de 24 millones de peruanos tendrán la obligación de acudir a las urnas para aprobar o rechazar las cuatro propuestas que plantea el Gobierno de Martín Vizcarra para reformar la Constitución del país. Se trata de cambios sustanciales que pretenden formar un Parlamento completamente distinto al actual, renovar el Poder Judicial —en una nación sacudida por los escándalos de corrupción tras la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski— y controlar la financiación de los partidos políticos.

Las cuatro preguntas de la consulta popular

  • ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), antes Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)? 

La primera iniciativa de Vizcarra es suprimir al CNM, es decir, al organismo estatal y autónomo encargado de nombrar o destituir jueces y fiscales. Bajo el argumento de querer contar con mejores funcionarios judiciales, la idea es conformar la JNJ, que tendría las mismas funciones, pero los nombramientos se realizarían por concurso público, evaluación de mérito y votación pública, siendo este último aspecto el más novedoso y participativo.

En caso de aprobarse este punto, las ratificaciones de los cargos se harían cada siete años, sin embargo, habría evaluaciones de desempeño en la mitad de cada período. Además, el organismo estaría facultado para aplicarle sanciones a la autoridad máxima del Poder Judicial: la Corte Suprema.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, habla en el Palacio de Gobierno el 29 de octubre del 2018. / Mariana Bazo / Reuters

Aquella Junta supervisora diseñada por el Ejecutivo estaría conformada por siete miembros que ocuparían los puestos durante cinco años, estando prohibida la reelección. Al igual que los magistrados y fiscales, su designación se produciría por concurso público y un mecanismo meritocrático.

  • ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

En este punto el Gobierno plantea aumentar los controles sobre los aportes que reciben los partidos. Así, se dejaría en claro que el financiamiento puede ser público o privado, pero siempre debería haber rendición de cuentas. En caso de que el dinero provenga del Estado, tendría que generarse bajo criterios de igualdad y proporcionalidad, como ocurre en la actualidad; los partidos que tienen más congresistas, reciben más dinero público.

Sin embargo, si los ingresos no provienen de las arcas estatales, todos los depósitos deberían producirse bajo el sistema bancario tradicional. En otras palabras, no se permitiría el ingreso de fondos sin declarar o de aportantes anónimos. Asimismo, quedaría detallado que «el financiamiento ilegal genera sanción administrativa, civil y penal», en caso de que los peruanos voten por el «SÍ» este fin de semana.

Vista general del Congreso de Perú, el 17 de septiembre del 2018. / Guadalupe Pardo / Reuters

Por último, la reforma estipula que el acceso a los medios de comunicación —solo habla de radio y televisión— con fines de propaganda estaría autorizado solo mediante «financiamiento público indirecto». Con ello se presupone que, a pesar de que existan agrupaciones con gran poderío económico, su aparición en medios masivos dependerá exclusivamente de los fondos suministrados por el Estado, para acortar la desigualdad con las fuerzas más pequeñas.

  • ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

Seguramente esta sea la consulta más fácil de entender para el electorado, aunque despierte grandes resquemores entre la clase dirigente peruana. En caso de concretarse, anularía las chances de los congresistas para ocupar bancas en el Parlamento durante dos mandatos consecutivos, generando así una renovación constante.

Por un lado, este nuevo impedimento evitaría que los políticos se ‘eternicen’ en el poder, pero desde otro punto de vista, las tareas legislativas requieren experiencia y gente capacitada, cualidades que se obtienen en el pleno ejercicio de la tarea. Asimismo, la población no podría premiar a aquellos representantes que hagan bien su trabajo otorgándoles nuevamente una banca.

  • ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

Lo más importante, para el final. La última pregunta, y la más renovadora, plantea conformar un Parlamento nuevo. En efecto, si los votantes así lo deciden, Perú volvería a tener un Poder Legislativo de dos cámaras, como ocurre en muchos países del mundo. Actualmente, el Congreso local está conformado por un solo recinto con 130 congresistas, y la intención de Vizcarra es conformar una cámara de 130 diputados y otra de 50 senadores.

Así, la Cámara de Diputados tendría la capacidad de elaborar, modificar, aprobar y derogar leyes. Además, podría iniciar investigaciones sobre casos de interés público, controlar políticamente al Poder Ejecutivo, acusar a otras autoridades ante la Cámara de Senadores y definir el presupuesto anual del país.

Jurado Nacional de Elecciones de Perú

Por su parte, la Cámara de Senadores debería revisar las leyes aprobadas en Diputados y aprobarlas o rechazarlas en última instancia. Asimismo, podría plantear reformas constitucionales, definir cómo proceder ante las acusaciones realizadas a funcionarios y, al igual que el otro recinto, votar el presupuesto del Estado.

Por otro lado, para ser diputado habría que tener un mínimo de 25 años y para ser senador 35. Por ello, cuando regía este sistema en esa nación sudamericana los peruanos llamaban a los recintos como ‘cámara joven’ y ‘cámara vieja’.

Con el modelo actual, el del Congreso unificado, ante una mayoría opositora el Gobierno de turno tiene más dificultades a la hora de administrar el país y generar consensos.

Características del referéndum

Según los dichos de Vizcarra, el resultado de la consulta popular tendría un cumplimiento inmediato: «Ustedes toman la decisión y yo la implementaré a partir del lunes», afirmó el presidente. Los resultados, afirmativos o negativos, quedarán definidos por las respuestas que superen la mitad de los votos, cuyo concepto es conocido como ‘50% + 1’.

Asimismo, se trata del cuarto referéndum que se desarrolla en Perú en los últimos 25 años. Algunas de las principales críticas que despierta entre politólogos y académicos en general es que plantea cuatro propuestas de vital importancia para el futuro de la sociedad peruana, pero todas juntas, con poco tiempo para interpretar las medidas planteadas.

Antes de que el Gobierno impulsara este mecanismo participativo con la población, el presidente había presentado el 9 de agosto los proyectos ante el Congreso, que terminó aprobando cuatro leyes para aplicar la reforma constitucional. Así, el 10 de octubre el Ejecutivo publicó un decreto convocando a sus compatriotas a participar de la decisión, que tendrá lugar este domingo.

«En el referéndum el pueblo manda y la autoridad obedece», afirmó el mandatario este viernes desde la ciudad de Cusco, mientras otorgaba títulos de vivienda. Así, aquella Administración planifica cambios estructurales ante una opinión pública que continúa conmocionada por presuntos casos de corrupción que sacudieron a la política nacional.

La votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra que hay casi 23,5 millones de personas habilitadas para votar en el territorio nacional, sumado a los cerca de 908.000 peruanos que residen en el extranjero y emitirán su voto en las 118 sedes consulares desplegadas en el mundo. Los electores que abandonaron su tierra se contabilizan así: en América hay 611.459 individuos, Europa tiene 256.033, Asia cuenta con 34.734, en Oceanía viven 5.335 y en África residen 278 votantes peruanos.

Emitir el sufragio es obligatorio, y quien no lo haga se sometería a multas que van desde los 20,75 soles (seis dólares) y 41,50 (12 dólares), para residentes de distritos pobres extremos y pobres en general, hasta los 83 soles (25 dólares) si el elector no vive en un distrito humilde. Si algún peruano designado como autoridad de mesa, titular o suplente, no cumple con sus responsabilidades, deberá abonar 207,50 soles (62 dólares).

Además del voto tradicional, donde se deberá marcar en el papel la opción de preferencia, el referéndum contará con el sistema del Voto Electrónico Presencial (VEP) en 39 circunscripciones: cerca de dos millones de peruanos usarán este mecanismo.

Por otro lado, se suspenden las clases en las escuelas que sirven de escenarios de votación los días 7 y 10 de diciembre. Asimismo, la venta de alcohol está prohibida desde las 8:00 del sábado (hora local) hasta la misma hora del lunes, y la violación de esta norma puede ser castigada con una pena de prisión de hasta seis meses. Tampoco se permitirán los espectáculos populares, aperturas de cines o teatros durante la jornada del sufragio.

  • Elecciones regionales y municipales

El mismo día, muchas zonas de Perú dirimirán la segunda vuelta de las elecciones donde se definen quiénes serán los próximos gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores municipales para el período 2019-2022, cuyos cargos se asumirán desde el 1 de enero.

Un hombre junto a un niño votando en las elecciones municipales de Perú el 7 de octubre del 2018. / Mariana Bazo / Reuters

La primera vuelta se llevó a cabo el 7 de octubre, pero hay varias circunscripciones que aún deben definir a sus gobernadores zonales al mismo tiempo en que se vota por el referéndum. Aquellas regiones —equivalente a estados o provincias— son: Lima, Piura, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Áncash, Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Amazonas, Tacna, Pasco, Tumbes y Madre de Dios.

Perú regresa a las urnas y crecen las chances de que se produzcan cambios estructurales.

RT – Leandro Lutzky

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