El Supremo de Panamá se declaró este viernes 7 de diciembre, incompetente para juzgar al expresidente Ricardo Martinelli por una causa de escuchas ilegales y peculado y la transfirió a un juzgado ordinario, aunque mantuvo el llamamiento a juicio dictado por un magistrado de la máxima corte que actuó como juez de garantías.
Con 7 votos a favor, el pleno de 9 magistrados respondió así a un amparo de garantías presentado por la defensa de Martinelli, que se encuentra en prisión preventiva en Panamá desde el pasado junio acusado de cuatro delitos que suman 21 años de cárcel.
El Órgano Judicial indicó en su cuenta de Twitter que el pleno, reunido en sesión permanente desde el jueves, decretó que “se declina la competencia ante (un) tribunal de juicio del SPA (sistema penal acusatorio)” y que “son válidas las actuaciones surtidas en la fase intermedia”, es decir, el llamamiento a juicio.
La fase intermedia o de acusación la llevó adelante el magistrado del Supremo Jerónimo Mejía actuando como juez de Garantías, quien pasado 26 de junio llamó a Martinelli a juicio oral y público y estableció el 11 de diciembre como el inicio del proceso.
Sidney Sittón, uno de los defensores de Martinelli, afirmó este viernes a Efe que con la decisión del Supremo de declinar la competencia en un tribunal del sistema penal acusatorio, la fecha del 11 de diciembre “queda anulada”.
Aseguró además que el expresidente panameño, encarcelado preventivamente, “está muy emocionado” porque se ha hecho “justicia, aunque parcial”, con la decisión del Supremo de declinar en un tribunal ordinario la competencia para juzgarlo.
“Él está muy emocionado y complacido” porque se ha “hecho justicia aunque parcial. Está contento porque al menos se le dio la razón a la defensa”, afirmó Sittón.
La defensa del expresidente, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, presentó un amparo de garantías contra la decisión del pasado 25 de junio del juez de Garantías de mantener la causa por las escuchas ilegales en la esfera del máximo tribunal.
Los abogados de Martinelli buscaban desde hace meses que el proceso se trasladara a un tribunal ordinario y alegaban para ello que el exgobernante renunció en junio pasado a su escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), condición que le daba a la máxima corte la competencia para conocer el caso.
La ley panameña establece que los diputados solo pueden ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
El juez Mejía, quien envío a juicio a Martinelli por los cuatro cargos que le fueron imputados por el magistrado fiscal, Harry Díaz, era partidario sin embargo de que el proceso siguiera en el Supremo porque el exgobernante era diputado del Parlacen cuando fue imputado formalmente en octubre de 2015.
Martinelli, un multimillonario empresario de 66 años que defiende que es víctima de una “persecución política”, está detenido en la cárcel El Renacer, a las afueras de la capital panameña, desde el pasado 11 de junio.
Ese día fue entregado a Panamá por Estados Unidos, donde estuvo un año en prisión preventiva mientras el Departamento de Estado de ese país estudiaba su extradición por este caso.
EFE