Diputado José Luis Pírela: «Los jueces corruptos tendrán que rendir cuentas»
El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pírela anuncia que los jueces que se han prestado para lavar dinero a través de sentencias extorsivas tendrán que rendir cuentas.
Lo peor que puede ocurrir en un país es utilizar al Poder Judicial para contribuir con el lavado de dinero. Tenemos evidencias testimoniales y documentales de la participación efectiva del juez Miguel Ángel Padilla Reyes, en la dirección y control de un grupo de jueces dedicados a favorecer al Clan Nania, el cual está investigado en Estados Unidos y Europa por lavado de dinero.
Miguel Ángel Padilla Reyes, y otros jueces se han negado a remitir información relacionada con sus fechorías a esta comisión, pero no podrán esconder el dinero que han blanqueado con sentencias extorsivas. Tampoco servirá de nada el esfuerzo de sus testaferros. Su ostentoso nivel de vida no es compatible con las declaraciones de impuesto sobre la renta y la declaración jurada de bienes.
Muchas personas están cooperando con la investigación que adelanta esta comisión, en la reconstrucción de la información que el juez Padilla Reyes y otros han ocultado. Estamos identificando la red de abogados, funcionarios y empresarios que han utilizado el poder judicial como un sindicato del crimen.
En estos tiempos es imposible esconder el dinero. Todas las personas involucradas en las extorsiones judiciales tendrán que justificar ante las autoridades financieras americanas y europeas el origen de sus fondos. Para ello solicitaremos la colaboración de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, una organización que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras.
Tenemos el mandato de luchar por la democracia, y en contra de la delincuencia organizada en Venezuela. Así mismo, tenemos la obligación política de contribuir con las víctimas de un régimen usurpador, y un poder judicial corrupto. Estamos dispuestos a combatir los efectos perniciosos de la depredación instaurada por un gobierno que ha permitido que funcionarios corruptos y empresarios actúen al margen de la legalidad. Agregó.
Varias personas se han acercado a la Asamblea Nacional para preguntarnos sobre el alcance de los incentivos de la amnistía. Le hacemos un llamado a aquellos funcionarios que quieren desmarcarse de este régimen, que a través de la delación, la cooperación, y al dejar de obedecer órdenes ilegítimas contribuirán al reestablecimiento del orden democrático y la justicia.
Continuaremos investigando a los jueces que han permitido el entramado de relaciones financieras que permitieron desviar dólares de CADIVI y enriquecer de esa forma a un grupo de empresas y personas vinculadas al régimen, así como las operaciones financieras para el blanqueo o lavado de esos fondos, nacional e internacionalmente. Entre ellas la empresa “Revolución Socialista del Siglo 21.RS21 C.A.” perteneciente a los hermanos Messina, que de ser fabricantes de zapatos se convirtieron en los magnates de Vista Alegre.
Anunciamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que volveremos a viajar a los EEUU y España para intercambiar información con las autoridades de dichos países. Estamos documentando todos los casos para evitar que los corruptos no obtengan asilo ni visas. La legislación estadounidense permite revocar o negar las visas para entrar a Estados Unidos tanto de las personas designadas como de los familiares que se hayan visto beneficiados por los recursos provenientes de actividades ilegales.
Estamos detrás de muchos empresarios ladrones y funcionarios corruptos que pretenden sorprender la buena fe de aquellos países que nos acompañan en la lucha contra la delincuencia organizada y buscan obtener impunidad, alegando que son perseguidos políticos o mintiendo sobre el origen de sus fortunas. Acotó el diputado Pírela.
La falta de cooperación o contumacia de funcionarios, personas naturales, así como de instituciones bancarias requeridas no tendría otra explicación que complicidad amparada en la protección del régimen, en su afán por cercenar el funcionamiento y ejercicio de competencias a la Asamblea Nacional, único poder legítimo del Estado reconocido internacionalmente, en el esclarecimiento de esta sofisticada red criminal organizada por un grupo de funcionarios, y operadores financieros.
Nota de Prensa