La oposición venezolana redobló hoy (17 Enero) sus llamados a los militares del país para que cumplan lo que consideran es su «deber» en la «restitución del hilo constitucional» y les ayuden a poner fin a la presunta usurpación que hace Nicolás Maduro de la Presidencia desde el pasado día 10.
«Nosotros no queremos torcerle el brazo a los militares, nosotros lo que queremos es que ellos cumplan con la restitución del hilo constitucional», dijo este jueves el diputado Winston Flores durante su participación en un cabildo abierto ante cientos de simpatizantes del antichavismo.
Según el opositor, el poder «está en estos momentos usurpado por Maduro», y «es el deber de los militares» colaborar en el cese de este fenómeno.
Asimismo, señaló que hay un «quiebre» en el apoyo monolítico de las fuerzas castrenses hacia el chavismo que pudo apreciarse tras la breve y confusa detención el pasado domingo del jefe de la Cámara, Juan Guaidó, puesto que fue liberado tras una media hora de retención.
El propio Guaidó dijo esta misma jornada, en la que la oposición realizó una veintena de cabildos con simpatizantes para informarles sobre la hoja de ruta que pretende emplear para desalojar a Maduro del poder, que las fuerzas armadas «tienen una responsabilidad muy importante» para restituir el orden constitucional, que considera roto.
Con todo, señaló que la oposición no está «trasladando» la carga a los militares, que hace una semana reconocieron en Nicolás Maduro al único comandante en jefe de las Fuerzas Armadas – y cuyos jefes de componentes se declaran de forma abierta como chavistas-, sino que la está «asumiendo».
Señaló también que en la manifestación a la que han convocado los detractores de Maduro para el venidero día 23, justo cuando se conmemoran los 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se enviará «un mensaje muy importante a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional», sin ofrecer más detalles.
Maduro juró hace apenas una semana un nuevo período de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, tras haber ganado unos comicios tachados como «fraudulentos» y boicoteados por el antichavismo.
El martes, la oposición decretó, desde el Parlamento -el único poder que controla-, que Maduro «usurpa» el poder.
En ese sentido, la Cámara asumió como «jurídicamente ineficaz la situación de facto» del líder chavista, al tiempo que repudió por «nulos todos los supuestos actos emanados del poder Ejecutivo».
Ese mismo martes, el Parlamento acordó pedir a 46 países que no permitan al Gobierno de Maduro disponer de los activos y fondos de Venezuela en esos territorios, y dictó un decreto ley de amnistía para garantizar la «reinserción» de los civiles y militares que ayuden a restaurar el orden constitucional, una herramienta que voceros oficialistas aseguran busca promover un golpe de Estado.
Sobre este último punto, el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, aseguró ayer que el texto no «está propiciando un golpe de Estado, sino una respuesta constitucional y política por parte del sector militar».
Las decisiones del Parlamento no son atendidas por la rama Ejecutiva del país desde que fuera declarado en desacato a principios de 2016 por el Supremo, y solo semanas después de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños.
Además, según el jefe de la Asamblea Constituyente -un órgano compuesto solo por chavistas y no reconocido por varios gobiernos-, Diosdado Cabello, el Supremo y la Fiscalía adelantan una «averiguación» formal luego de las últimas decisiones del Legislativo.
Este jueves el diputado Carlos Prósperi señaló tener conocimiento de que el Supremo alista una resolución para anular las medidas tomadas por el Legislativo contra el Gobierno de Maduro e, incluso, «ir en contra» de algunos parlamentarios.
Pero Guaidó desestimó hoy que el Supremo pueda oponerse a estas acciones porque, aseguró, «no tiene ningún mandato» y usurpa funciones.
«Así que no van a cambiar en absoluto nuestro accionar en pro de la democracia venezolana», señaló.
EFE