Sabemos de los horrores del Socialismo del siglo XXI, lo vemos en las calles y nos lo cuentan los que disfrutaron de las mieles del poder que huyen de esa manera indigna de gobernar. Me llama la atención los funcionarios relacionados con el poder judicial, con la administración de justicia. Tenemos un Estado sin derecho y la justicia la imparten para mantenerse en el poder.
Los jueces podrían ser juzgados, así pasó luego de la segunda guerra mundial. Se efectuó el juicio internacional en Nuremberg a los grandes políticos y militares que gobernaron en el nacional socialismo, acusando al régimen nazi de ser una conspiración criminal, y los otros once juicios a distintas manifestaciones de la sociedad alemana.
De esos 11 juicios, el juicio a los médicos tuvo como veredicto que ahorcaron a siete de los acusados, por el caso a los abogados no mataron a nadie, pero le hicieron un juicio. Fernando Albán no tuvo proceso, murió estando detenido; tampoco a los ganadores de las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, a quienes le desconocieron su proclamación sin otorgarles derecho a la defensa; suspendieron el referéndum revocatorio contra Maduro con decisiones de tribunales penales incompetentes en materia electoral; en el procedimiento judicial a los diputados ganadores en Amazonas en 2015 -con inmunidad parlamentaria desde su proclamación- les dictaron una medida cautelar que desconoció su investidura y el expediente lo metieron en una gaveta para ser decidido más nunca.
Ya escucho a los jueces invocar que seguían órdenes, que los llamaban del despacho presidencial o la señora de la casa, exigiéndoles lealtad a la causa y les decían como debían sentenciar. La Constitución establece que los magistrados, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, para garantizar la imparcialidad y la independencia, no podrán llevar a cabo activismo político partidista (art. 256), es decir, trabajar a favor del PSUV o del Socialismo del siglo XXI o de la familia del gobernante. No pueden alegar obediencia debida, por cuanto no hay norma que la contemple o relación jerárquica o de dependencia con el presidente de la República o sus funcionarios o los miembros de un partido, no hay vínculo de subordinación, no se comete indisciplina ni se genera desobediencia. A menos que tengan el temor de que los vayan a matar, al igual que a empleados de PDVSA en cautiverio, lo que significaría que este es un gobierno de delincuentes. ¿Quién lo creería?
Ese fue el caso de Ramón Eladio Aponte Aponte, magistrado huido del Tribunal Supremo de Justicia, quien reconoció que recibió órdenes directas de Chávez de condenar a Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marco Hurtado, Héctor Rovain, y a su vez le ordenó a la jueza Anabella Rodríguez del Juzgado 13 de Primera Instancia en Funciones de Control en Caracas, que decretara la orden de captura que le solicitó la Fiscal Luisa Ortega Díaz. En Sala Penal, Aponte y los demás magistrados: Deyanira Nieves, Miriam Morando y Héctor Coronado Flores, firmaron la condena que dispuso Chávez, y solo salvó su voto la magistrada Blanca Rosa Mármol. Esta confesión es de 2012, considerando como se ha agravado la intervención del poder judicial podemos esperar muchas decisiones con estas características.
Como dijo Hermann Goering en el juicio en Nuremberg: «Una vez que llegamos al poder, estábamos decididos a mantenerlo en todas las circunstancias». Christian Zerpa, magistrado huido, declaró sobre la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, reconoció que le daban órdenes, que los magistrados son cómplices de la dictadura. Desde la oposición lo estamos diciendo hace años, que no hay separación de poderes y que por eso es que a este gobierno no se le puede llamar democracia. Esa es la manera de mantener el dominio en toda circunstancia.
En el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela hay de todo, desde un magistrado asesino de ancianas hasta acosadores sexuales, pasando por arrastrados al poder, una fauna muy variada que no tiene estatura ni dignidad para renunciar, huyen. Los juristas del horror, como llamó Ingo Müller a los jueces alemanes que se prestaron a los crímenes contra la humanidad y contra la libertad, no padecieron la muerte por ahorcamiento, la más vil de todas, no les pasó nada. En nuestra época, estos funcionarios se van del país, piden asilo y chismean a sus colegas, qué fácil es cambiar de bando. Capaz que vuelven al país el día que se recupere la democracia, pidan su pensión por los servicios prestados y logren una indemnización por denunciar al gobierno al que aprovecharon.
Alegaran el “firme ahí”, que usted es un bobo que cobra quince y último, recibe bono de fin de año y pernil. Estos magistrados seguirán subscribiendo las sentencias que les pongan delante, con los ojos cerrados, sin importarles las consecuencias, los inocentes, las familias destruidas, los bienes expropiados, confiscados y perdidos, los partidos intervenidos e ilegalizados, o la representación obtenida. Todo sea por la causa, la causa de cogerse los reales.
En el país de los cobardes el tuerto es rey.
Jesús Rangel Rachadell / @rangelrachadell