Transición y justicia. Por Jesús Rangel Rachadell (@rangelrachadell)

Maduro se va, es cuestión de tiempo, faltan unos días. López Contreras decía: calma y cordura; yo prefiero calma, paciencia y tranquilidad. Todos estamos interesados en lo que va a pasar una vez que ese fulano se vaya. Les voy a contar lo que está previsto hacer en materia de justicia.

Antes, permítame recordar que estoy refiriéndome a ese Poder Judicial dirigido por los Magistrados que mantienen presos a los políticos y otros inocentes que se enfrentan al gobierno, ha intervenido partidos políticos, bendice las expropiaciones con pagos irrisorios y, en general, actúan ellos mismos o los jueces que están bajo su dominio como brazo jurídico del gobierno.

No olvidemos las sentencias de tribunales penales de primera instancia en funciones de control, sin competencia en materia electoral que sirvieron como excusa al Consejo Nacional Electoral para suspender la recolección de las firmas del procedimiento de convocatoria al referendo revocatorio en contra de Maduro. Ese mismo que nos habría resuelto tantas penurias. Los tribunales que tomaron las decisiones fueron los que tienen sede en Valencia, San Fernando de Apure, Aragua y Bolívar, estados manejados por gobernadores del PSUV. Los supuestos delitos fueron: falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral, también se acordó la prohibición de salida del país de Andrés Velásquez, Raúl Yuseff y Braulio Merino. Estos tribunales penales no continuaron investigando, archivaron los expedientes.

Un argumento parecido utilizó la Sala Electoral del TSJ para desproclamar a los diputados electos por el estado Amazonas y la circunscripción indígena de Apure y Amazonas, una vez adquirida la garantía constitucional de inmunidad parlamentaria y de antejuicio de mérito, se les hizo un procedimiento, dictaron unas medidas y archivaron los expedientes. Tampoco olvidemos a la Sala Plena del TSJ que acordó el antejuicio de mérito contra el diputado Richard Mardo, solicitado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales. Son demasiados casos para tratarlos en este artículo.

Sigamos con la transición

El Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2019, establece que se definirán los criterios de oportunidad y celeridad para designar o ratificar a los titulares del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, algunos Magistrados no serán ratificados. Que tan rápido se haga depende de los criterios mencionados.

Está previsto que la Asamblea Nacional dicte leyes que promuevan la transición política, sus objetivos son desarrollar el sistema de justicia transicional, el cual buscará “rescatar la dignidad humana, la justicia, la protección y reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo las medidas para establecer la verdad y promover la reconciliación nacional”.

La Asamblea Nacional creará mediante ley una Comisión de la Verdad que se encargará de investigar las violaciones a los derechos humanos y proponer los lineamientos políticos y legislativos para la reparación de las víctimas.Han sido 20 años de abusos del chavismo, hay mucho trabajo por hacer.

Se dictarán leyes para recuperar la legitimidad de los Poderes Públicosque modifiquen los lapsos y requisitos legales para designar o ratificar a los titulares de estos.

Vista la persecución del gobierno socialista en contra de los Magistrados legítimos designados por la Asamblea Nacional se les ha ratificado en su investidura, sin necesidad de ningún acto ulterior. Los demás Magistrados, incluidos los suplentes, serán designados o ratificados y cubiertas las vacantes. Es posible que algunos magistrados, jueces, fiscales y un largo etcétera de funcionarios públicos huyan del país antes de responder por sus actuaciones y los bienes que no puedan justificar, esas vacantes hay que cubrirlas.

En el último trimestre del año 2020, como consecuencia de la elección de una nueva Asamblea Nacional para el período 2021-2026, le corresponderá designar o ratificar a los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Rectores del Consejo Nacional Electoral designados en la transición, los cuales ejercerán períodos constitucionales completos.

La transición judicial terminará cuando cesen en sus funciones los Poderes Públicos legitimados por la Asamblea Nacional de conformidad con el Estatuto de la transición. Esto ocurrirá en el primer semestre del año 2021, no se informa la fecha exacta, pero debe ser resuelto antes del 31 de julio de ese año.

Este es el futuro que nos espera

Cipriano Castrohablaba de “nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos”. La frase es muy buena, eso es lo que necesitamos.

A mí me parece que: ¡Vamos bien!

Jesús Rangel Rachadell / @rangelrachadell