ONU cierra Oficina de DDHH en Burundi por presión del gobierno
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Burundi ha cerrado por presiones gubernamentales, después de trabajar durante 23 años en esta nación africana, afectada por desapariciones forzosas, violencia sexual y violaciones a las libertades públicas, informó hoy la ONU.
“Lamentamos profundamente haber tenido que cerrar nuestra oficina en Burundi después de una presencia de 23 años en el país”, dijo este martes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, en un comunicado en el que subrayó que hubo avances en este terreno gracias al organismo internacional.
“Desafortunadamente, muchas de estas mejoras en los derechos humanos se han puesto en grave peligro desde 2015”, dijo hoy Bachelet, quien apuntó a que los informes sobre el país siempre se han realizado con “un espíritu constructivo”.
La oficina fue cerrada el pasado 28 de febrero, sin embargo, la ONU no confirmó la información hasta hoy.
El cierre ocurrió después de que el pasado diciembre Burundi pidiera a la oficina de la ONU que abandonara el país, meses después de que el entonces jefe del organismo, Zeid Ra’ad al-Hussein lo definiera como “uno de los mataderos más prolíficos de seres humanos” y lo comparara con naciones como Siria o Birmania.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Burundi se creó en 1995, en el contexto de violaciones masivas de derechos humanos perpetradas en el país tras el asesinato del entonces presidente, Melchior Ndadaye.
En octubre de 2016, el Gobierno burundés suspendió toda cooperación con la ONU en el país, lo que, según Bachelet, supuso un “obstáculo para el personal desplegado en el país y les impidió investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos.
“A pesar de este cierre, continuaremos explorando otras formas de trabajar para aclarar la situación y apoyar la promoción y protección de los derechos humanos en el país”, dijo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió en septiembre de 2018 prorrogar por un año el mandato de la comisión de investigación sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Burundi contra la población tras la modificación de la Constitución en 2015.
El jefe del Estado, Pierre Nkurunziza, accedió al poder en 2005 tras el final de la guerra civil, y en 2015 optó a un tercer mandato prohibido por la anterior Carta Magna, lo que desató una ola de protestas seguida de represión gubernamental en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad, según la ONU.
EFE