Nicolás Maduro utiliza los colectivos armados afectos a su gobierno para reprimir las protestas debidas a la crisis de servicios públicos porque desconfía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues los uniformados también padecen la crítica situación nacional. Esta es la opinión del analista Óscar Vallés, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, y de Fernando Ochoa Antich, ex ministro de Defensa y miembro del Frente Institucional Militar.
Esos grupos irregulares son los actores principales de la represión desatada contra las manifestaciones antigubernamentales y de rechazo a la crisis de electricidad, agua, alimentos y medicamentos que se han registrado en los últimos tres meses. Recientemente, Maduro llamó a los colectivos a “cuidar la paz”, luego de que las protestas sociales se incrementaron debido al gran apagón que dejó al país a oscuras el 7 de marzo.
“Es posible que la FANB no sea tan eficiente reprimiendo justas protestas populares o incluso que se levante en contra del mismo gobierno. Por eso usa al brazo armado del Partido Socialista Unido de Venezuela para reprimir al pueblo sin alterar el control de mando interno del organismo militar”, precisó el analista político.
Ochoa Antich afirmó que en sus declaraciones Maduro demuestra claramente que “tiene mayor confianza en los colectivos armados que en la FANB”. Uno de los hechos que demuestra esta afirmación es que en la actualidad hay 152 uniformados detenidos por diversas razones.
Lo que dijo el ministro
El fin de semana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó a la estructura castrense actuar firmemente “contra cualquier grupo armado que opere al margen de la ley”; en sus palabras, aclaró que a estos, en medio de una “guerra híbrida”, se les ha tratado de asociar con colectivos que “tienen un propósito compartido, bien sea artístico, cultural, político, educativo, deportivo, comunicacional, productivo u otros en beneficio de la comunidad”.
Esas declaraciones surgen luego de la difusión de videos en los que se observa a grupos paramilitares con armas de fuego atacando a ciudadanos que han salido a las calles para quejarse por la mala calidad de servicios básicos.
Los analistas aseguraron que en lugar de emitir comunicados, el general en jefe de la FANB podría detener la actuación de esos grupos irregulares si se lo propusiera, pues tienen todos los recursos de inteligencia e investigación para detectarlos, someterlos a captura, juicio y condena por aterrorizar a la población.
“Si tomaran medidas de acción contra esos grupos armados, no estarían actuando”, insistió el ex ministro. Argumentó sin embargo que no han mostrado capacidad de reacción en vista de que existen servicios de inteligencia prestados por los cubanos, que permiten detectar a militares descontentos con la política del Ejecutivo.
Agregó: “Por 20 años la FANB ha sido sometida a un proceso de deterioro y debilidad que no le ha permitido reaccionar como debería hacerlo una FANB institucional”.
Vallés señaló que con esa declaración, Padrino López envía un mensaje dirigido a desinformar a los uniformados en los cuarteles, haciéndoles creer que los grupos que atentan contra civiles son “infiltrados de la derecha”, y advierte a los grupos armados afectos al oficialismo qué línea no pueden traspasar cuando actúen durante la represión: “Les dicen a los colectivos, agredan, pero hasta cierto nivel”.
Afirmó que el cuerpo militar tiene el arsenal para erradicar a los colectivos, que son desde el punto de vista castrense “totalmente vulnerables y exterminables”, pero que se ha limitado debido a que Maduro es quien los llama a “defender la patria”.
Indicó que existe el riesgo de que esos grupos irregulares se salgan de control en sus actuaciones y que la población civil reaccione violentamente contra ellos, lo cual colocaría a la FANB en un dilema.
“Los ciudadanos pueden generar grandes conflictos contra los colectivos socialistas y el cuerpo castrense tendría que intervenir, y esa intervención para la FAN es mucho más costosa para Padrino López porque las consecuencias pueden ser inmensas”, dijo Vallés.
El Nacional