Perú evalúa costo de lucha anticorrupción tras suicidio

El suicido del expresidente Alan García ha desatado un debate en Perú y en las televisoras y los periódicos se preguntan: ¿cuál será el precio de combatir la corrupción?

Todos menos dos de los exmandatarios vivos del país están sospechados de participar en el mayor caso de corrupción de América Latina en el que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht admitió haber pagado 800 millones de dólares a políticos de toda la región a cambio de jugosos contratos de obras públicas.

La masiva investigación anticorrupción ha sacudido especialmente a Perú, que ha ido más allá que cualquier otra nación fuera de Brasil al señalar a casi todos sus políticos de alto rango como sospechosos de recibir sobornos.

La corrupción es endémica en el país sudamericano, donde un juez de la Corte Suprema fue descubierto en una escucha telefónica cuando negociaba la sentencia de un hombre acusado de violar a una niña. Muchos descargan su indignación contra la élite política cuando ven a líderes poderosos con años de sospechas sobre sus hombros con esposas alrededor de sus muñecas.

Pero pese a ello el suicidio de García ha provocado un escrutinio sobre cómo se están llevando los casos y en particular sobre las detenciones preventivas.

Cuando la policía llegó a la casa de García el miércoles con una orden de arresto por 10 días en relación con el caso Odebrecht -en el que era sospechoso pero aún no había sido acusado formalmente- el expresidente pidió un minuto para llamar a su abogado y se disparó en la cabeza en el interior de su dormitorio.

Ahora algunos se preguntan si es un país donde la corrupción ha quedado impune durante mucho tiempo los fiscales se han vuelto entusiastas en extremo al poner a su élite política tras las rejas incluso antes de que haya condena.

“Está bien la lucha contra la corrupción”, opinó un presentador de la televisión peruana mientras las imágenes de la carroza fúnebre de García brillaban en la pantalla. ”¿Pero a qué costo?”.

Los fiscales y defensores de la lucha contra la corrupción afirman que la detención preventiva es una medida necesaria en el caso de líderes poderosos con acceso a grandes recursos que podrían ayudarlos a huir del país u obstruir la justicia. Los críticos dicen que los fiscales no siempre tienen justificación para ponerlos tras las rejas antes de presentar cargos.

En toda América Latina es común que los prisioneros, incluso los acusados de delitos menores, sean retenidos durante meses o años antes de que se presenten cargos en su contra o se inicie un juicio. Es un tema contra el que los abogados de derechos humanos han clamado durante años y que ahora está recibiendo más atención debido a que los expresidentes o líderes políticos de alto perfil se encuentran en una posición similar.

García habría sido sólo uno más en una serie de líderes de alto perfil a los que se les ordenó la prisión preventiva en el marco de investigaciones ligadas al escándalo de corrupción de Odebrecht.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, está detenido en relación con la investigación al igual que la líder opositora Keiko Fujimori. El expresidente Ollanta Humala y su esposa también estuvieron bajo arresto durante meses sin cargos formales hasta que el Tribunal Constitucional peruano dictaminó que debían ser liberados.

En virtud de la ley peruana, los sospechosos de delitos con una pena superior a los cuatro años de prisión pueden ser retenidos de manera preventiva si existen pruebas que sugieran que podrían huir del país u obstaculizar el curso de una investigación judicial.

De todos los exmandatarios peruanos vinculados al caso Odebrecht el de García puede haber sido uno de los más claros. Cuatros meses atrás intentó buscar asilo en la embajada de Uruguay pero su pedido fue rechazado. Eso puede haber sido motivo suficiente para sugerir que podría intentar huir, dijeron algunos abogados.

Otros casos como el de Kuczynski son más ambiguos. “Tiene 80 años”, dijo el abogado Carlos Caro a TV Perú. ”¿Adónde va a ir?”.

García lideró dos veces la nación y fue vilipendiado por muchos peruanos mientras era adorado por otros que en su apogeo lo llamaban el John F. Kennedy de América Latina. De acuerdo con la fiscalía habría aceptado sobornos de Odebrecht durante la construcción del metro de Lima.

El exmandatario sostuvo repetidamente su inocencia y la noche previa a su suicidio dijo que la historia lo favorecería. “Pasarán los años y lo entenderán”, apuntó. “Yo confío en la historia”.

Los que critican el uso de la detención preventiva en casos de corrupción dicen que los fiscales están buscando aprobación pública. Las imágenes de agentes de policía escoltando a un expresidente a la cárcel son poderosas en un país donde la gente está acostumbrada a ver en la impunidad a los líderes sospechosos de haber cometido algún delito.

Pero también es muy perjudicial para los implicados que aún no han sido acusados.

“Me parece que tienen mucha evidencia en las manos”, comentó José Ugaz, exjefe de Transparencia Internacional que ahora es abogado de la secretaria de Kuczynski. “Pero efectivamente como suele ocurrir en investigaciones complejas… han cometido algunos errores”.

Otros, como el jurista Ernesto de la Jara, sostienen que los casos de políticos y líderes empresariales que a menudo tienen acceso a recursos como cuentas en el extranjero merecen medidas más estrictas que las que se aplican a los delincuentes comunes.

“Otra cosa es evaluar los presupuestos de la prisión preventiva cuando uno está enfrentando al crimen organizado donde lo que hay son expresidentes, congresistas, exministros”, reflexionó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación en un informe de 2017 sobre la legislación peruana que permite la detención preventiva por hasta 36 meses en el caso de funcionarios públicos sospechados de corrupción y crimen organizado. Anteriormente las autoridades sólo podían retener a esos sospechosos por hasta 18 meses.

“La Comisión considera que esta modificación resulta contraria a aquellas acciones que buscan racionalizar el uso de la prisión preventiva de conformidad con estándares internacionales en la materia”, señaló el informe.

El estudio encontró que en promedio 36,3% de la población carcelaria total en América Latina son personas que se encuentran en detención preventiva. En el caso de Perú, De la Jara dijo que cerca de la mitad de todos los presos están en esa situación.

“Curiosamente, ahora que los políticos poderosos o los empresarios ricos están sujetos a ese mismo tipo de trato, de repente se está debatiendo este tema”, dijo José Miguel Vivanco, director del Programa de las Américas de Human Rights Watch.

El diario peruano El Comercio, que en el pasado ha criticado el uso de la prisión preventiva, calificó la muerte de García como “el episodio más trágico” hasta ahora en el caso Odebrecht, pero insistió en la necesidad de que la investigación prosiga.

“No debemos perder de vista la importancia de continuar con los procesos que hoy se están llevando a cabo”, publicó el jueves. “Es fundamental que la verdad se abra camino y la justicia se haga presente para romper con un pasado de impunidad y poder hablar de un futuro donde ningún ciudadano esté por encima de la ley”.

AP