EE.UU quiere ver “acciones concretas y significativas” antes de levantar sanciones a otros exfuncionarios de Maduro

A menos que sigan el ejemplo del exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Manuel Cristopher Figuera, y tomen ”medidas audaces y tangibles” contra Maduro, a otros exfuncionarios venezolanos les resultará más difícil salir de una lista de sanciones de los Estados Unidos, según fuentes cercanas al gobierno de Donald Trump.

“Depende de que la gente esté dispuesta a dar un paso adelante y hacer lo que tiene que hacer”, dijo el senador Marco Rubio, el republicano de Florida que se ha convertido en una voz principal en la elaboración de la política de Venezuela del presidente estadounidense Donald Trump.

“Si ayuda a lograr una transición pacífica a la democracia, aunque algunos de estos individuos hayan hecho cosas terribles, estaría abierto a ello”, resaltó Rubio a Reuters, sobre las condiciones para retirar sanciones.

El uso de sanciones económicas para convertir a oficiales militares de alto rango y otros altos funcionarios contra Maduro, es clave para el intento de los Estados Unidos de destituir al cuestionado gobernante en Venezuela, cuyo país está sufriendo un colapso económico y una crisis política. Pero la administración de Trump quiere ver “acciones concretas y significativas” antes de levantar las sanciones a otros exasesores de Maduro.

Algunos de ellos, como el general retirado Hugo Carvajal, tienen cargos penales de Estados Unidos contra ellos, lo que podría dificultar políticamente la eliminación de sanciones.

La administración Trump eliminó rápidamente las sanciones a Cristopher Figuera el 7 de mayo para tratar de atraer a otras grandes figuras a desertar. Figuera había apoyado el alzamiento militar del 30 de abril contra Maduro y fue fundamental para liberar a Leopoldo López del arresto domiciliario.

“Queremos aumentar la credibilidad de la oferta de amnistía que Guaidó ha hecho”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

La oposición venezolana en Washington instó en privado al gobierno de Trump a acelerar el levantamiento de las sanciones a más funcionarios para alentar más deserciones, dijo una persona familiarizada con las discusiones.

Muerte civil

Estados Unidos ha incluido en la lista negra a más de 150 funcionarios y empresas venezolanas en la última década por motivos que van desde la presunta participación en el narcotráfico hasta la corrupción y los abusos de los derechos humanos.

Normalmente, salirse de la lista de sanciones de EEUU puede llevar meses, a veces años, de negociaciones con el Departamento del Tesoro.

Incluso para los funcionarios extranjeros sin activos en los Estados Unidos, ser incluido en una lista negra puede hacer que sea imposible hacer negocios en dólares estadounidenses fuera de su país. Muchos bancos europeos, asiáticos y latinoamericanos seleccionan clientes potenciales que utilizan la lista, incluso cuando no están legalmente obligados a hacerlo.

“En Colombia, llaman a estar en la lista ‘muerte civil’ – muerte civil – porque no puede obtener una cuenta bancaria, no puede obtener una tarjeta de crédito, no puede obtener nada”, dijo Adam Smith, un alto funcionario del Departamento del Tesoro en la administración de Obama y ahora socio de la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher.

Estar en la lista negra también arruga el estilo de vida de las familias de los funcionarios venezolanos. “Las esposas de esta gente no pueden comprar en los EEUU. No sabes cuánto duele”, dijo un segundo alto funcionario de EEUU. La posterior exclusión sancionatoria de Cristopher Figuera aumentó ”bastante dramáticamente” los contactos de Estados Unidos con oficiales militares, dijo un tercer alto funcionario de la administración, sin dar más detalles.

En otro caso, el magnate de la televisión Raul Gorrín, fue incluido en la lista de sanciones en enero, luego que fuese acusado en Estados Unidos de sobornar a funcionarios con bienes, relojes Rolex y automóviles de lujo en un sistema de cambio de moneda.

Gorrín actuó como intermediario entre la oposición y varios miembros importantes del cuestionado Gobierno venezolano antes del fallido levantamiento militar, tratando de convencer a los ayudantes de Maduro para apoyar a crear un Gobierno de transición a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses contra ellos, según dos personas familiares con el asunto.

A mediados de marzo, el Departamento del Tesoro eliminó a la esposa de Gorrin y a la esposa de uno de sus socios comerciales, pero las sanciones siguen vigentes contra el propio Gorrín.

Otros desertores de alto perfil de Maduro permanecen en la lista de sanciones

El general Carlos Rotondaro fue sancionado en 2018 por el manejo incompetente de un programa estatal de medicina. Rompió con Maduro y huyó a Colombia en marzo, pero no ha sido excluido.

Rotondaro ha celebrado cuatro reuniones en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá y ha abordado el tema de la exclusión de la lista, según una fuente familiarizada con el tema.

Otros dos generales, Cliver Alcalá y Carvajal, permanecen en la lista a pesar de que también se han separado con Maduro. Carvajal está en prisión en España a la espera de una posible extradición a los Estados Unidos por cargos de drogas.

Al preguntarles por qué los generales aún no habían sido retirados de la lista, los funcionarios estadounidenses se negaron a comentar sobre los casos específicos. “Los Estados Unidos siguen dejando en claro que la eliminación de las sanciones está disponible para las personas que toman acciones concretas y significativas para ayudar a restaurar la democracia constitucional y el estado de derecho en Venezuela”, dijo uno a la fuente.

Reuters