Fiscal General de Colombia renuncia por decisión de tribunal de paz de negar extradición de jefe FARC
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció el miércoles en protesta a la decisión de un tribunal de paz que negó la extradición a Estados Unidos de un líder de la desmovilizada guerrilla de las FARC acusado de narcotráfico.
La Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado de más de medio siglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), negó la extradición de Jesús Santrich argumentando que no se pudo determinar la fecha exacta de los hechos imputados.
El mismo tribunal ordenó a la Fiscalía General la inmediata liberación de Santrich, quien permanece en una cárcel de Bogotá tras su captura en abril de 2018, por lo que no se pudo posesionar como congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió del acuerdo de paz con el desmovilizado grupo rebelde.
“Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación”, dijo Martínez en una en una declaración a periodistas.
Martínez aseguró que las pruebas aportadas contra Santrich son concluyentes e inequívocas para establecer que los hechos de los que se acusa al antiguo negociador de la desmovilizada guerrilla fueron cometidos después del primero de diciembre de 2016.
El dimitente fiscal, elegido en junio de 2016 para un periodo de cuatro años, dijo que la decisión de la JEP frente al caso de Santrich destruye la cooperación judicial internacional y pone en duda obligaciones de Colombia ante la comunidad internacional.
Duque insiste en reformas
Martínez, acusado de nexos con el escándalo de corrupción de Odebrech, aseguró que la decisión de la JEP abre la puerta para que los excombatientes de las FARC vuelvan a cometer delitos como narcotráfico y mantengan los privilegios de esa jurisdicción que contempla penas más benévolas a las de la justicia ordinaria.
Estados Unidos no emitió, de momento, comentarios al respecto, mientras que el presidente de Colombia, Iván Duque, quien deberá enviar una terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia para que elija a un nuevo fiscal, anunció su respaldo a la decisión del procurador de apelar la decisión de la JEP y pidió a los partidos políticos impulsar reformas.
“Convoco a los partidos políticos para que adelantemos las reformas necesarias que nos permitan cerrarles las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales”, dijo el mandatario colombiano en una declaración.
Duque objetó en marzo por inconvenientes seis de los 159 artículos de la ley reglamentaria de la JEP, clave para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y la devolvió al Congreso para que la ajustara.
Pero la Cámara de Representantes rechazó las objeciones del mandatario, mientras que el Senado también las negó con una votación estrecha y en medio de una polémica jurídica cuya legalidad en el trámite deberá definir la Corte Constitucional.
Colombia aún está dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de las FARC después del acuerdo de paz y los sectores más conservadores, que quieren ver a los excombatientes tras las rejas por haber participado en la violenta confrontación que ha dejado 260.000 muertos en más de cinco décadas.
Miles de personas, incluidos excombatientes de las FARC, efectivos de las Fuerzas Armadas, civiles y exfuncionarios del gobierno acusados de haber apoyado escuadrones paramilitares de ultraderecha, han manifestado su intención de someterse a la JEP.
Reuters