Autoridades de la Iglesia Católica advirtieron a VP sobre corrupción con la ayuda humanitaria
Desde la Iglesia Católica se les advirtió a dirigentes políticos del partido Voluntad Popular (VP) sobre posible corrupción con la ayuda humanitaria, recibida desde distintos países y almacenada en Colombia para su posterior ingreso a Venezuela. Sin embargo, hicieron caso omiso.
Prelados confirmaron además, que algunos de los dirigentes naranja vinculados al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, expresaron su malestar de que se sugiriera la participación de la Iglesia para el control de la ayuda, pese al argumento de su condición humanitaria.
En las últimas horas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó una investigación «esclarecedora de graves cargos» para «determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas» sobre la corrupción en este caso.
El entramado incluye un interminable número de integrantes de la tolda fundada por Leopoldo López, según detalla, entre otros, un documentado trabajo de investigación de PanamPost.
En los reportajes figuran los diputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, quienes en principio conducían la parte operativa relacionada con el ingreso de ayuda a Cúcuta (Colombia).
Pero «ambos fueron inesperadamente apartados de una responsabilidad clave» el 24 de febrero de 2019, un día después de que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia.
Designan a Rossana Barrera y Kevin Rojas
Posteriormente, Guaidó firma una carta enviada al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en la que autoriza a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, para atender «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano».
Según reseña El Tiempo de Bogotá (Colombia), Barrera y Rojas fueron designados «para supervisar» la estadía de los militares en Cúcuta. Mientras que Sebastiana Barráez reportó para Infobae que eran los «responsables de los aspectos de comando, logística y seguridad» de los uniformados.
«Rossana Barrera es cuñada del diputado Sergio Vergara, mano derecha de Juan Guaidó», todos de VP, luego de que Roberto Marrero fuera privado de libertad, señala PanamPost.
Barrera y Rojas asumieron completamente la operatividad en Cúcuta y se encargaron del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares. Las alarmas se encendieron cuando, según la Inteligencia de Colombia, «ambos empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran».
Presentaron «facturas que demuestran excesos y, varias, extrañísimas, de diferentes talonarios, firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos».
«Casi todas sin sello. Gastos de más de 3.000.000 de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche. Unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta».
Además, detalla la investigación de PanamPost, «reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Mucha plata». Barrera, la cuñada de Vergara, empezó a desarrollar un «entramado para malversar fondos relacionados con la ayuda humanitaria y la manutención de los militares», denuncia el diario.
«Cena benéfica» apoyada con correo falso
A mediados de mayo, Rojas y Barrera comenzaron a organizar una «cena benéfica» argumentando que era para recoger fondos destinados a los uniformados. Intentaron hacerlo con aval de la embajada de Guaidó en Colombia, en manos de Humberto Calderón Berti.
Pero «ante la reticencia del embajador, lo hicieron por su parte».
Al menos «dos miembros diplomáticos de Israel y Estados Unidos» confirmaron que «Barrera envió invitación a las embajadas en Bogotá a nombre de la representación venezolana encabezada por Calderón Berti», «utilizando un correo electrónico falso».
El evento sería en el muy lujoso restaurante Pajares Salinas ubicado en la exclusiva urbanización de Chicó Norte en Bogotá. Pero se terminó cancelando porque los miembros de la embajada advirtieron a las otras representaciones diplomáticas que ellos no estaban auspiciando ese evento.
Sobre los hechos de corrupción, el diplomático se expresó a través de su cuenta en Twitter confirmando que se adelanta «una auditoría» sobre lo que calificó como un «lamentable y bochornoso caso».
No obstante, quedó claro la opacidad sobre el manejo de los recursos. Pues tras conocerse las denuncias, hasta el momento del cierre de este reporte no había posibilidad de consulta pública acerca de los gastos sobre los fondos en cuestión.
Leopoldo López y Guaidó fueron informados
Según la Inteligencia colombiana, «la embajada hizo lo que le correspondía y avisó a Caracas… Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas».
Rossana Barrera y Kevin Rojas fueron apartados del cargo aunque Caracas mostró una defensa a ultranza de ambos. Tanto, que hubo amenazas y se trató de desviar la responsabilidad hacia la embajada de Calderón Berti.
Al exministro ya le había tocado intentar reparar el escándalo relacionado con la manutención de los militares, enviando «un cheque de 27 millones de pesos que, por un mal cálculo, rebotó», según reporta el medio colombiano Las 2 Orillas», el cual asegura: «Era dinero que sacaba de su bolsillo».
Ante las presiones contra Caracas, Rossana Barrera acude el 27 de mayo a una reunión con miembros de la embajada para someter sus gastos en Cúcuta a una auditoría. Pero no lo hizo sola. Su compañero de partido, el diputado Luis Florido, la acompañó para abogar por ella.
Toneladas de ayuda humanitaria
La carpeta que entregó resultó ínfima. «Muy pocas hojas para toda la escandalosa información que manejaba la Inteligencia colombiana. Barrera entregó un soporte bastante burdo de US$ 100.000 que había gastado durante su estadía en Cúcuta».
Sin embargo, «varios montos de los que entregó no se correspondían con la realidad».
Rossana Barrera y Kevin Rojas también compartían obligación «con todos aquellos que se debían encargar del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países».
Otro nombre clave es el de Miguel Sabal, designado por Juan Guaidó «para manejar todo lo relacionado» con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
«Al menos el 60 % de todos los alimentos donados por aliados de Juan Guaidó se dañó», agrega la nota de PanamPost, que asegura además: «Todo lo que envió el presidente (Sebastián) Piñera (Chile) ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo».
Escándalos comenzaron con Superlano
Los escándalos no son nuevos para el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó tras el manejo de la ayuda humanitaria. En la víspera del concierto por Venezuela, organizado en la frontera, un caso especialmente mediático fue el de los excesos del diputado Freddy Superlano en los que murió su asistente.
El legislador se recuperó tras ser hallado en el motel Penélope en grave estado de salud. Aunque junto a sus compañeros de partido impulsó la tesis de «envenenamiento”, la policía colombiana le desmintió confirmando con pesquisas que se trataba de una intoxicación por escopalamina.
Medios cafeteros reseñaron con amplios detalles que el suceso del parlamentario en el cual perdió la vida su primo había ocurrido luego de una noche de lujos en las que «les hurtaron a él y su primo sus pertenencias».
La policía confirmaría que el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Superlano, y su primo fueron afectados por burundanga colocada por unas “prepago” durante una noche de excesos en Colombia, justo antes del concierto “Venezuela Aid Live” en la frontera.
Los dos se encontraban en Cúcuta (Colombia) con la excusa de apoyar el ingreso de ayuda humanitaria.
Globovisión