Violaciones de DDHH en Venezuela son parte de la cotidianidad

En lo que va de 2019 diversas ONG, así como organizaciones internacionales, han hecho hincapié en cómo se vulneran constantemente los derechos humanos (DDHH) de los venezolanos en múltiples áreas. La situación se agudiza por la crisis en los servicios básicos, el alto costo de la vida y la escasez de alimentos, lo que ha devenido en un éxodo masivo de connacionales a países vecinos, estimado en no menos de cuatro millones de ciudadanos de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Durante los primeros cinco meses de este año, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) documentaron un saldo de 60 manifestantes asesinados. La represión ha sido ejercida principalmente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), colectivos paramilitares, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Según cifras actualizadas del Foro Penal (FP), en el país existen 693 presos políticos y para el siete de mayo –la misma ONG- indicó que efectivos de seguridad del Estado habían detenido a más de 2.000 personas en protestas antigubernamentales. Cabe destacar que desde la confirmación de la visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, que llega a Venezuela este 19 de junio, se han liberado 18 presos, informó el diputado opositor Luis Parra.

Espacio Público, por su parte, contabilizó un total de 114 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, solo entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que al menos siete millones de personas requieren de ayuda humanitaria, esto en el marco de un 2019 transitado en medio de apagones nacionales, –sobre todo en marzo– lo que devino en problemas con el suministro del agua. A esto se le suma la escasez de gasolina que se ha acrecentado en mayo y junio, sobre todo en estados como Zulia, Anzoátegui, Monagas y Mérida, entre otros.

En ese sentido, los venezolanos deben lidiar con la constante violación de los derechos humanos en su día a día.

Alfredo Romero, director del FP, afirmó que el venezolano no tiene conocimiento de cómo y cada cuánto son violados sus derechos humanos. “Creo que hace falta más educación al respecto, sin embargo, organizaciones como el Foro Penal, precisamente promueven el respeto a los derechos humanos. Nosotros como ONG estamos constantemente haciendo talleres, asambleas con diferentes ciudadanos e integramos a activistas que son voluntarios en nuestra organización (hoy en día más de 7000) y precisamente lo hacemos para entrenarlos en ese sentido”, destacó.

“Los representantes del Gobierno deberían hacer campañas (…) pero más bien lo que ha ocurrido es un irrespeto global a los derechos humanos de los venezolanos”, alertó el abogado.

La Acnur define DDHH como aquellos “inherentes” a todas las personas, sin distinción de sexo, nacionalidad, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. En este concepto entran los derechos civiles y políticos –que están relacionados con pensar y expresarse libremente– así como la libertad de participar y hacer vida política, siendo el Estado de derecho quien debería garantizarlo.

“La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) ha emitido múltiples informes en relación con la situación venezolana, pero creo que le falta mucho más por hacer, creo que el secretario general de la ONU, quizás ha sido un poco tímido en cuanto a la situación venezolana y creo que le falta más contundencia sobre las violaciones graves a los derechos humanos que han ocurrido”, opinó Romero.

Según Amnistía Internacional (AI) en el país se han cometido “detenciones arbitrarias por motivos políticos, torturas, homicidios ilegítimos, uso abusivo de la fuerza, desapariciones forzadas, ausencia de independencia del poder judicial y de garantías procesales”, sin dejar de mencionar violaciones a derechos como la alimentación, la salud y a una vivienda digna.

En este sentido, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.541 protestas durante mayo (51 diarias). Un total de 855 fueron para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), vinculados en primera instancia con el acceso a servicios públicos de calidad, exigencias laborales, educación, salud y alimentos. Las restantes 686 corresponden a derechos civiles y políticos (DCP).

Las entidades con mayor índice de protestas en mayo fueron: Mérida (190), Táchira (147), Sucre (138), Distrito Capital (94) y Miranda (93).

Desde 2016, AI documenta cómo el sistema de salud de Venezuela no cubre las necesidades de la población, afirmación que en el 2019 sigue vigente con falta de insumos en los hospitales y escasez de medicamentos que denuncia el sector salud en constantes protestas.

Durante los últimos meses distintas organizaciones, sociedad civil y sindicatos han intensificado sus protestas por mejores condiciones laborales. El gremio de enfermeras constantemente denuncia las “precarias” condiciones para laborar, así como quejas por los bajos salarios que devengan. También se han registrado manifestaciones por falta de transporte público y escasez de combustible y los docentes han salido a las calles para reclamar por los bajos sueldos que devengan. El país ha sido testigo, asimismo, de protestas originadas por falta de electricidad y agua, turnándose por estados y a veces por sectores en la capital del país.

Ante un decreto de “crisis humanitaria” en Venezuela que se refleja en escasez de productos básicos –entre ellos alimentos y de aseo personal– además de la hiperinflación que continúa ascendiendo, la Constitución, en su tercer título, establece que es el Estado Venezolano, representado por las instituciones públicas, el que tiene la obligación de promover el respeto de los DDHH; sin embargo, no fue sino hasta el 16 de abril del presente año que se permitió el ingreso de la ayuda humanitaria, aun cuando en el 2018 el Gobierno de Nicolás Maduro aseguraba que en el país no existía tal crisis.

En el escenario político en el que se encuentra Venezuela, que está en la observación del ámbito internacional y distintas ONG, los presos políticos destacan. “Todos los regímenes que tienen presos políticos jamás reconocen la existencia de los mismos y para eso son las organizaciones como la nuestra, para verificar la existencia de los mismos”, añadió Alfredo Romero.

“La existencia de presos políticos no la dice el Foro Penal, es algo que dicen organizaciones como el Alto Comisionado de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos internacionales”, acotó.

Inmunidad parlamentaria

Los últimos meses el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) levantó la inmunidad parlamentaria de 22 diputados de la Asamblea Nacional (AN), acción que Alfredo Romero calificó como “una violación grave a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”.

“No puedes tener competencia política y democracia si una de las partes de la supuesta competencia política encarcela o excluye a los dirigentes de oposición y eso es lo que está ocurriendo”, agregó.

Finalmente, el especialista insistió en promover el respeto por los DDHH. “Decimos lo de siempre, nosotros como organización defendemos los derechos humanos de los que hoy son perseguidos por el Gobierno actual, como defenderemos los derechos humanos de los que en un futuro puedan ser perseguidos por un Gobierno distinto”.

“Yo creo que promover el respeto a los derechos humanos es algo que podría ser hasta beneficioso para las personas que se encuentran hoy en el Gobierno, lamentablemente no lo hacen, lamentablemente la persecución y el control, el monopolio del control político, lamentablemente ha tomado el camino de utilizar la represión política como un capital para mantenerse en el poder”, concluyó.

El Universal