En el primer trimestre del 2019 se radicaron en Argentina unos 40.000 venezolanos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en todo el año pasado fueron 70.531. En apenas tres meses ya entraron más de la mitad de los que ingresaron en el 2018.
La cifra fue confirmada por la Dirección Nacional de Migraciones, que aportó la cantidad de ingresos de los últimos 7 años: desde 2012 a marzo del 2019 se otorgaron 170.000 radicaciones a venezolanos.
Leo Moncada es uno de ellos. Tiene 26 años y llegó a Buenos Aires hace poco más de un mes. Tuvo que vender hasta su última pertenencia para poder un pagar un pasaje de avión. Tanto, que en cuanto llegó quedó en situación de calle, primero en Tigre y después en el centro porteño. De ahí lo rescató una mujer policía, cuyo nombre no quiere revelar, que lo alojó en su casa unas noches. «Ella no permitió que me quedara en ningún refugio, me dijo que yo era joven y que ahí había condiciones extremas e inseguridad».
Moncada ahora vive en Lomas del Mirador, en la casa de una familia venezolana que también lo alojó sin conocerlo, a través de la fundación Manitos de ayuda. Es licenciado en Administración de Empresas y busca un trabajo de cualquier rubro. «Tengo ganas de trabajar de cualquier cosa honradamente, creo que como todos los que vienen», dice.
Los expertos ya habían anticipado que podría generarse una nueva diáspora, porque acaba de finalizar el período lectivo en Venezuela, que va de septiembre a junio. Se estima que la fuga de venezolanos ya ronda los cuatro o cinco millones de desplazados.
La cifra de los que llegan a la Argentina sube año a año, tanto que en el 2018 los venezolanos fueron la primera fuerza migratoria de nuestro país, superando por primera vez a los migrantes bolivianos y paraguayos, que siempre representaron el mayor flujo a la Argentina.
Muchos de los venezolanos que ya residen en Buenos Aires buscan ahorrar para poder traer a los familiares que quedaron allá. «Tenemos familias dinamitadas. El que está más o menos estable aquí está buscando el dinero para traer a la familia y no se compra ni una campera para ahorrar», cuenta Vicenzo Penza, presidente de la Asociación de Venezolanos en la Argentina (ASOVEN). Esta organización se dedicó en el último tiempo a realizar colectas de abrigo para los migrantes que llegan sin ropa de inverno.
Penza considera que los primeros migrantes que llegaron a Buenos Aires fueron ciudadanos de mayor poder adquisitivo. En el último tiempo comenzaron a llegar a pie. «Hoy hay gente aquí en Capital Federal y en el resto del país que no tiene cómo acceder a una vivienda ni abrigarse». No descarta que lleguen 100.000 venezolanos más que «huyen de un régimen que se radicaliza cada vez más. Hay mucho miedo, y con justa razón, de que las cosas no cambien».
A María Elizabeth Moreno Bautista, de 35 años y madre de dos hijos, la ayudó a llegar su hermana, que vive en Buenos Aires desde 2017. Con un programa de millas logró sacar pasajes para ella y sus dos sobrinos. Los tres debían partir del aeropuerto de Boa Vista, en el norte de Brasil, cercano al límite con Venezuela. Pero a Elizabeth le exigieron dinero que no tenía en la frontera y esa demora les costó el avión. Estuvieron varados en el aeropuerto cinco días hasta que la hermana logró girarles dinero -que le prestó su jefe peluquero- por Western Union. Con eso lograron viajar en micro hasta Manaos y de ahí hacer el resto del recorrido en avión. El 22 de marzo llegaron a Buenos Aires.
Con ayuda de ASOVEN y de la iglesia evangélica a la que asiste, Elizabeth logró alquilar una pieza con baño y cocina compartidos en Flores. En ese barrio también pudieron conseguir cupo en una escuela sus hijos Jorge Daniel, de 10 años y Esli Natalia, de 6. «Gracias a Dios conseguimos lugar, van de 8 a 4 y allí les dan su desayuno y almuerzo», cuenta. Mientras van a la escuela, Elizabeth puede trabajar limpiando casas particulares. En Maracay era jefa de Administración en un hospital cardiovascular. «Ahorita no estoy con reparos», dice. Su primer deseo es que la situación mejore en Venezuela. El segundo es que si eso no sucede, al menos pueda traer a sus otros dos hermanos.
Las crecientes trabas a la migración que están poniendo otros países de Latinoamérica acrecienta la posibilidad de Argentina como destino final.
Para Horacio García, Director Nacional de Migraciones, es cierto que «el estándar migratorio argentino tiene un grado de hospitalidad que no se da en la región». Pero como país aún estamos muy lejos del impacto que tuvo el ingreso de ciudadanos venezolanos en otras naciones, como en Perú, donde fueron 800 mil, o Colombia, donde migraron más de un millón.
«Como toda crisis esta es una oportunidad: el 80% de los venezolanos está dispuesto a trasladarse a otras partes del país. Y en la Argentina, más del 80% de la población se radica en la Capital y el primer cordón del conurbano. Sería imperioso entonces seguir avanzado en la direccionalidad del flujo migratorio», dice García.
Según cuenta, el sistema de radicación electrónica hoy permite que los migrantes indiquen su «expertise laboral»: así el perfil del migrante puede comparase con las demandas laborales insatisfechas de las provincias y dirigirlos hacia allí. «Ya tenemos médicos venezolanos en Lanús, Jujuy o Río Negro e ingenieros en Vaca Muerta. Tenemos acuerdos con 4 provincias y ahora viajamos a Córdoba. En todas las provincias faltan desde perfiles muy técnicos hasta trabajadores para corredores frutihortícolas», explica.
En esta línea, hoy se realizó en el Palacio San Martín la reunión internacional del Capítulo Buenos Aires del Proceso de Quito, una iniciativa dedicada a tratar la problemática regional del flujo masivo de migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana.
Allí se trabajó la idea de crear una una «credencial de identificación para la movilidad humana de venezolanos» en la que consten los datos biométricos, las posibles vacunas y enfermedades y la información de todos lugares por los que pasa un migrante. El objetivo es que pueda existir previsibilidad en los países que reciben el flujo migratorio.
La reunión técnica Internacional fue organizada por el Gobierno Argentino con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).