En su calidad de jefa de Estado de una monarquía constitucional, la reina Isabel II debe mantener una posición política neutral, pero la suspensión «ilegal» del parlamento que le pidió el primer ministro Boris Johnson la empujó a un terreno pantanoso.
La soberana, de 93 años, aprobó a finales de agosto la decisión de Johnson de suspender las labores del parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, es decir hasta dos semanas antes del Brexit, previsto para el 31 de octubre.
Esa decisión provocó un huracán político, porque dejaba apenas sin tiempo a los diputados contrarios a un Brexit sin acuerdo para intentar impedirlo.Y la Corte Suprema la calificó este martes de «ilegal», porque «tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable».
Sin embargo, los expertos en derecho constitucional aseguran que Isabel II no tenía otra opción que aprobar la petición, haciendo patente su función puramente instrumental.
La reina puede ser consultada, advertir o alentar, pero sólo puede actuar siguiendo el consejo de sus ministros: «Es la regla más antigua de la Constitución» británica, aseguró a la AFP Robert Craig, de la universidad de Durham.
«Pero que el ejercicio de la Prerrogativa Real, el mecanismo por el cual se llevó a cabo la suspensión, sea declarado ilegal y nulo, es impresionante», consideró este martes Jonny Dymond, corresponsal de la BBC para asuntos reales, afirmando que «este es un momento horrible para el Palacio».
La oposición considera que Johnson abusó de sus poderes como primer ministro para involucrar astutamente a la monarca en la crisis del Brexit.
En el trono desde 1952, Isabel II «se vio arrastrada al debate político más divisivo del país», subrayaba Mike Gordon, profesor de Derecho constitucional de la universidad de Liverpool.
Referéndum independentista en Escocia
¿Pero podía la jefa de Estado haber actuado de otro modo?
«Algunos argumentan que Boris Johnson carecía de la legitimidad de otros primeros ministros, y que esto podría haber influido en la decisión de la reina, pero eso habría significado entrar, aún más, en un pantanoso terreno constitucional», estimó Dymond.
Aunque algunos lo acusan de haber ocultado a la reina sus verdaderos motivos para pedir la suspensión de las labores parlamentarias, Johnson aseguró la semana pasada que no mintió a la monarca, despertando especulaciones de que tal vez estuviese al corriente de sus planes.
La tradicional neutralidad de la reina es tan perfecta que nadie sabe qué piensa sobre las grandes cuestiones políticas que agitan al país, empezando por el Brexit.
Sin embargo, hubo una excepción reciente: el referéndum de 2014 sobre la independencia en Escocia.
«Espero que la gente reflexione con mucho cuidado sobre el futuro», dijo la jefa de Estado, expresando una preocupación que fue inmediatamente interpretada como una hostilidad a la independencia de parte de su reino.
Era un hecho inusual, que el pasado jueves saltó de nuevo a la actualidad cuando el primer ministro de la época, el conservador David Cameron, reveló que había pedido una discreta ayuda de la soberana cuando los sondeos vaticinaban una victoria del campo independentista.
«No pedíamos nada fuera de lugar ni inconstitucional, sino simplemente un pequeño gesto que creíamos podía marcar la diferencia», afirmó en un documental sobre sus años en el gobierno.La intervención real fue «muy sucinta pero permitió modificar ligeramente la percepción de las cosas», aseguró.Escocia finalmente votó al 55% por permanecer en el Reino Unido.
Contactada por la AFP, una portavoz del Palacio de Buckingham rehusó comentar esta información, pero una fuente real dijo a la BBC que había causado descontento en la casa real.
«No sirve a los intereses de nadie» que se hagan públicas las conversaciones entre la monarca y sus primeros ministros, afirmó dicha fuente.
AFP