El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, dependiente de las Naciones Unidas, instó al gobierno de Argentina, de Mauricio Macri a derogar un decreto de 2017 que endureció la política migratoria local, informó este viernes la Comisión Argentina para Refugiados (CAREF).
El mecanismo de la ONU está integrado por 14 especialistas internacionales. u juicio se enmarca en un informe sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en el país sudamericano.
El Comité instó a Argentina a que «adopte medidas inmediatas para derogar» el decreto que en 2017 dispuso endurecer la política migratoria cerrando las puertas a personas con antecedentes penales y agilizando los procesos de deportación.
La administración de Macri lo había justificado entonces en estadísticas de criminalidad que, según las autoridades, mostraban un alto porcentaje de inmigrantes involucrados en hechos delictivos.
El Comité consideró que el decreto es contrario a la Convención Internacional ratificada en 2007 por Argentina, informó un comunicado del CAREF y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
El decreto de Macri se declaró inconstitucional y nulo por un fallo judicial de segunda instancia y está a estudio de la Corte Suprema.
Argentina debe garantizar la unidad familiar
Se le exigió a Argentina que revise todos los casos de expulsiones que se hayan concretado desde el decreto y los que están pendientes de resolución, para «garantizar la unidad familiar».
La relatora para Argentina del Comité, María Landázuri, evocó el caso de una mujer peruana, madre de tres niños argentinos, de 14, 5 y 2 años, que se deportó por sus antecedentes penales en febrero pasado y separada de sus hijos. Tras la difusión mediática del caso, el 2 de septiembre se autorizó a reingresar al país.
Detuvieron a la mujer en 2011 como ‘mula’ de una banda de narcotraficantes y cumplió una condena de cuatro años de cárcel.
El Comité «mostró preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía. Sus víctimas son vendedores ambulantes de Senegal y Haití, el colectivo LGBTIQ y trabajadores de la industria textil», indica el comunicado de CAREF.
El Nacional