«El contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional», así quedó establecido en el acuerdo que la mayoría parlamentaria opositora aprobó este martes en plenaria de la Asamblea Nacional.
Este bono compromete el 50,1% de las acciones de Citgo, una empresa con sede en EE UU, que representa el principal activo de la República fuera de Venezuela y que permanece en «jaque» por el default en que ha caído la República.
Antes de las sanciones impuestas en enero por el gobierno de Donald Trump, Pdvsa exportaba diariamente 500.000 barriles de petróleo para ser procesados por Citgo, que tiene refinerías y estaciones de servicio en Estados Unidos.
Desde febrero, Citgo está dirigida por una junta designada por el líder opositor Juan Guaidó, que es reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente interino de Venezuela por considerar que el segundo mandato de Maduro es ilegítimo.
En el acuerdo se «ratifica que el contrato de emisión del Bono 2020 violó los artículos 311 y 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues sus condiciones financieras fueron lesivas debido a la irracionalidad bajo la cual Pdvsa estructuró el canje y posterior emisión».
En abril, la Asamblea Nacional, el Parlamento dirigido por Guaidó autorizó el pago de los intereses del bono Pdvsa 2020 por 71 millones de dólares a los acreedores, para salvaguardar a Citgo, pero aumentan las dudas sobre qué pasara con un pago que debe ejecutarse en octubre.
El economista Ricardo Haussman, asesor de Guaidó sobre el tema de la deuda y tenedores internacional, tuiteó sobre el tema: «¿Por qué pagamos los intereses del Pdvsa 2020 en abril y ahora argumentamos la ilegalidad del bono? En abril pagamos bajo protesta para evitar que nos quiten Citgo porque no estábamos preparados para ir a juicio. Hoy si lo estamos».
Al rspecto, el procurador designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, a través de un comunicado defendió el pago asegurando que «el 24 de abril de este año la Asamblea Nacional acordó autorizar el pago de intereses del Bono Pdvsa 2020 bajo protesto, mecanismo jurídico que permitió realizar este pago sin hacer reconocimiento a la validez jurídica del Bono que fue rechazado por la Asamblea Nacional el 27 de septiembre de 2016. Esta fue una decisión acertada, racional y ajustada al Derecho nacional e internacional que permitió construir las condiciones necesarias para diseñar e implementar la estrategia para defender no solo los intereses de Pdvsa, sino además, la defensa de Citgo Holding, Inc., cuyo 50,1% de su capital fue dado por el régimen usurpador como garantía de cumplimiento del Bono 2020».
De acuerdo con el comunicado de Hernández, «el pago bajo protesto en abril pasado no contradice esta estrategia. Por el contrario, ese pago se hizo, precisamente, para tener las condiciones y tiempo necesario a los fines de diseñar e implementar una estrategia orientada a salvaguardar los derechos de Pdvsa derivados del bono 2020, a la par que se promueve el arreglo consensuado y negociado con los tenedores de ese Bono que tome en cuenta las decisiones que en la materia ha venido formulando la Asamblea Nacional. De no haberse efectuado ese pago, el riesgo de pérdida de Citgo hubiese sido alto, ante la imposibilidad de implementar una adecuada estrategia de protección».
Agencias