El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, sostuvo este jueves que consignó documento ante la Defensoría del Pueblo, donde se denunció el incremento de la violencia en la frontera que ha dejado un saldo de 33 personas asesinadas solo en el mes de octubre en el Táchira, en medio de enfrentamientos y otras situaciones en los sectores limítrofes entre Colombia y Venezuela.
Tarazona detalló en la denuncia que, entre el domingo 27 y el jueves 31 de octubre de 2019, se contabilizan 8 personas asesinadas en la frontera, por disputas entre grupos armados irregulares, guerrilla y paramilitares que operan en los distintos pasos ilegales o trochas.
Indicó que el balance del mes de octubre, a partir de la documentación hecha por FundaRedes de la violencia en la frontera, es dantesco, ya que en todo el mes fueron asesinadas 33 personas en este territorio, sin que se tome ninguna medida para frenar a los delincuentes que se apoderaron de la zona y mantienen atemorizada a la población.
La trocha binacional La Isla, en el sector Viejo Escobal, municipio Pedro María Ureña, ha sido escenario en las últimas semanas de asesinatos a sangre fría, con el mismo modus operandi, desaparecen a las víctimas, las torturan y luego dejan sus cuerpos, en algunos casos esposados, sin que ninguna autoridad al menos investigue los casos, pues ni siquiera recogen los cadáveres.
“Hoy nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo, y luego a la Fiscalía del Ministerio Público, para exigir que se atienda incluso a los muertos, porque es tan dantesco lo que ocurre que el Estado abandonó hasta a sus muertos, no son capaces ni de recoger a las personas que caen en medio de estos enfrentamientos. Este miércoles 30 de octubre, logramos conocer que equipos de investigación colombianos levantaron, por razones humanitarias, dos cadáveres de venezolanos asesinados en las últimas 48 horas” expresó Javier Tarazona.
Destacó que, lamentablemente, muchos de los asesinados son adolescentes con edades entre 14 y 16 años, lo cual evidencia otra violación a los derechos de esta población, pues se trata de jóvenes que, en su mayoría, están ligados a actividades ilegales que coordinan los grupos armados.
Desde FundaRedes, como defensores de los derechos humanos, rechazaron el abandono que el Estado venezolano tiene del territorio fronterizo, la inacción y la complicidad de los funcionarios de los cuerpos de seguridad con los grupos irregulares, el silencio ante el asesinato de tantos ciudadanos y el hecho de que las trochas sean espacios sangrientos y de la economía ilegal paralela.
También denunció Tarazona la actividad de grupos guerrilleros, como el caso del Frente Urbano Gustavo Villamizar del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera abiertamente en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña del Táchira, y frente a eso el Estado venezolano actúa de manera complaciente.
Como evidencia de la asociación entre quienes ostentan el poder en Venezuela y los grupos armados irregulares, Tarazona recordó que en el estado Apure fue detenido alias el comandante Lucas, quien fue liberado gracias una carta pública emitida por las FARC a Diosdado Cabello, luego de estar bajo proceso judicial por extracción de armas venezolanas.
Según FundaRedes, todos estos hechos demuestran la situación de indefensión en que se encuentran los ciudadanos, ante las actuaciones perversas de organizaciones terroristas como el ELN.
Informó el vocero de FundaRedes que en este momento desarrollan un trabajo de investigación y documentación, sobre las trochas y las actividades específicas que se llevan a cabo en estos pasos, así como la documentación de información sobre la violencia en los estados fronterizos, datos que serán presentados próximamente.
Nota de prensa Fundaredes