—Tradicionalmente, la política exterior de Estados Unidos con relación a Cuba se basaba en la estrategia de “contención del comunismo”. En el caso cubano eso se traducía en aislamiento diplomático, embargo económico (limitado) y diseminación de información sobre los excesos de la dictadura y sus fracasos sociales y económicos. Los críticos afirmaban que no había “funcionado” tras más de medio siglo de ponerse en práctica.
En diciembre del 2014 el presidente Obama sorprendió al mundo sustituyendo esa estrategia por el engagement, pese a su promesa de que EE. UU. no se movería de su posición si el régimen antes no daba pasos en la dirección de la apertura política.
Lejos de aceptar el cambio de postura de Estados Unidos, el régimen cubano arreció la represión contra los disidentes, planteó unas reclamaciones económicas por las consecuencias del embargo absolutamente fuera de lugar, y continuó en el camino del estalinismo político.
Tampoco “funcionó” el engagement, como era predecible.
Las preguntas que se derivan de estas premisas son: ¿se da cuenta el Departamento de Estado de que tiene a 90 millas de sus costas a un enemigo tenaz al que debe tratar de erradicar? ¿Hasta qué punto está dispuesta a llegar el actual gobierno para lograr ese objetivo? ¿Han tratado de lograr un consenso bipartidista en ese sentido? No se trata de un asunto partidista, sino de la seguridad de Estados Unidos.
—Primero deseo enviar mis felicitaciones al pueblo cubano por el 500 aniversario de la fundación de La Habana. A pesar de los últimos 60 años de sufrimiento y daños económicos infligidos por el régimen de Castro, Cuba sigue siendo un país de gran historia e inmenso potencial. Esta ocasión es una oportunidad para pasar la página y comenzar el próximo capítulo de la historia de Cuba, y una prometedora estabilidad, prosperidad y libertad para el pueblo cubano.
Cuba es una prioridad de política exterior para el gobierno de Trump. El Memorando de Seguridad Nacional del Presidente de junio de 2017, que estableció nuestra política para apoyar al pueblo cubano, al tiempo que responsabilizaba al régimen cubano tanto por sus abusos contra los derechos humanos en el país como por su interferencia desestabilizadora en otras partes de la región, fue solo el comienzo.
Desde entonces, hemos impuesto más sanciones al régimen cubano, incluida la eliminación de una autorización para viajes grupales de “confraternización”, el impedimento de buques de pasajeros y recreativos de Estados Unidos como cruceros, yates y aviones privados para viajar a Cuba, y finalizar el servicio de transporte aéreo estadounidense programado a todos los aeropuertos cubanos, excepto La Habana. Tomamos estas medidas porque el pueblo cubano no se beneficia de gran manera de tales intercambios. El régimen lo hace.
Todas estas acciones están diseñadas para evitar que los dólares estadounidenses llenen los bolsillos de los militares cubanos. Las mismas personas que reprimen al pueblo cubano en el país apoyan a Maduro en Venezuela y están alineados con Putin en Rusia.
—Se ha vuelto a la política de sanciones económicas contra el régimen de La Habana por su apoyo militar, fundamentalmente de inteligencia, a los regímenes de Venezuela, Bolivia, y Nicaragua. ¿Está dispuesto el gobierno actual a llegar a un bloqueo naval para impedir el suministro de petróleo venezolano a Cuba?
—La interferencia de Cuba en Venezuela y otros países de la región es totalmente inaceptable. Particularmente atroz es la participación de los militares y los servicios de inteligencia cubanos que apoyan al déspota Maduro, a cambio de envíos de petróleo venezolano.
Este petróleo pertenece al pueblo venezolano, que está sufriendo enormemente bajo la crisis económica, política y humanitaria que creó la corrupción y la mala gestión de Maduro. El uso del petróleo por parte de Maduro para pagar la intromisión y los abusos de Cuba es un robo a gran escala y es ilegal según la ley venezolana.
Continuamos buscando nuevas formas de limitar este intercambio ilegal. Estados Unidos se centra actualmente en las herramientas de diplomacia y sanciones para generar presión con el fin de lograr una transición democrática en Venezuela. Hemos realizado más de 200 designaciones relacionadas con Venezuela desde 2017, mediante la Ley de Designación de Cabecillas Narcotraficantes Extranjeros (Kingpin Act) y varias órdenes presidenciales.
Estas acciones impiden que el régimen ilegítimo de Maduro use el sistema financiero de Estados Unidos para sus prácticas económicas corruptas y socialmente destructivas, e imponen un costo al régimen por sus prácticas ilícitas, violaciones de los derechos humanos y corrupción.
—El “caso cubano” no puede separarse del “caso venezolano”. La Habana dirige totalmente a Venezuela. Evidentemente, no basta la participación “pasiva” de Washington, y las naciones latinoamericanas carecen de una tradición activa para erradicar a una nación imperialista como Venezuela-Cuba. No se trata de que Estados Unidos desembarque tropas en el país, pero sí se espera que sea capaz de destruir militarmente las defensas venezolanas desde el aire mientras otras naciones latinoamericanas ocupan militarmente el terreno. ¿Contempla usted, señor secretario, un escenario de esa naturaleza?
—El régimen cubano ha dejado en claro que no solo apoya, sino que es responsable de los abusos de poder del régimen de Maduro. Estados Unidos sigue resuelto a apoyar activamente una transición pacífica a la democracia, la libertad y el Estado de derecho en Venezuela.
El presidente Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa en Venezuela, incluida la opción militar, pero en el Departamento de Estado actualmente estamos enfocados en desplegar todas nuestras opciones diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Guaidó y a la Asamblea Nacional en una restauración pacífica de la democracia, la libertad y el Estado de derecho.
Hemos dicho muy claramente todo el tiempo que haremos todo lo posible para restaurar la democracia para el pueblo venezolano, y estamos trabajando en estrecha colaboración con socios de todo el mundo para que eso se convierta en realidad. Sin embargo, Estados Unidos está decidido a mantener todas las opciones sobre la mesa para restaurar esa democracia.
—En el caso de Bolivia también es flagrante la injerencia cubana. El actual embajador cubano es un coronel especializado en inteligencia y represión llamado Rafael Zamora, apodado el Gallo Zamora, que le ha recomendado a Evo Morales “que aguarde hasta que los americanos se cansen”, la misma estrategia que siguen en Venezuela con Maduro y que en Cuba les ha dado resultado. ¿Se van a “cansar” los estadounidenses o hay una política de sanciones crecientes hasta que se respete la voluntad de los bolivianos en unas elecciones libres?
—Ciertamente la presencia cubana se puede sentir en toda la región. Ecuador expresó recientemente su preocupación de que los cubanos estaban interfiriendo en su territorio soberano, y hemos visto cómo el régimen cubano ha interferido históricamente en Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
Estamos monitoreando los eventos que suceden rápidamente en Bolivia y la partida de Evo Morales y otros miembros del gobierno boliviano. Hacemos un llamamiento a todos para que se abstengan de la violencia durante este tiempo tenso y continuaremos trabajando con nuestros socios internacionales para asegurar que perduren la democracia y el orden constitucional de Bolivia.
El pueblo boliviano merece elecciones libres y justas que respeten su Constitución. Encomiamos el trabajo profesional de la misión técnica de la Organización de Estados Americanos que encontró numerosas irregularidades atroces con las elecciones bolivianas del 20 de octubre, cometidas en nombre de Evo Morales. Apoyamos plenamente los llamamientos de la OEA y de Bolivia para nuevas elecciones y un nuevo Tribunal Electoral que pueda garantizar elecciones libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo boliviano.
—Daniel Ortega, al comienzo de la crisis, parecía decidido a adelantar las elecciones y a marcharse si el fallo le era adverso. Después de centenares de asesinatos ¿Washington contempla esa posibilidad o lo da todo por perdido? Si es así, ¿qué hará el gobierno norteamericano?
—La posición de Estados Unidos con respecto a Nicaragua es clara: el régimen de Ortega debe cesar su represión y responder a los reclamos de los nicaragüenses por elecciones verdaderamente libres y justas, que sean transparentes y anticipadas. La represión del régimen ha provocado la huida al exilio de más de 70.000 nicaragüenses desde abril de 2018. La decisión unilateral del régimen de Ortega de abandonar el proceso de diálogo nacional en julio traicionó sus verdaderas intenciones.
Estados Unidos está trabajando a través de la diplomacia y las sanciones para lograr una resolución pacífica a la crisis política y económica de Nicaragua. La OEA ha designado una Comisión sobre Nicaragua, compuesta por representantes de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Jamaica y Paraguay, para llevar a cabo los esfuerzos diplomáticos al más alto nivel para buscar una solución pacífica y efectiva a la crisis. Estados Unidos sancionó a tres funcionarios nicaragüenses el 7 de noviembre por abusos contra los derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Hemos sancionado a 14 personas y una entidad desde el comienzo de la crisis.
@CarlosAMontaner / El Nacional