El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) informó que 58 personas fueron asesinadas este año por organismos de seguridad del Estado durante protestas de distinta índole en lo que va de año.
Según cifras de organizaciones no gubernamentales, hasta el mes de octubre se han registrado 1.739 protestas, lo que equivale a un promedio de 58 diarias, y en comparación con el mismo período del año pasado, las manifestaciones se incrementaron en 18%.
La demanda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), vinculados principalmente con exigencias laborales, servicios públicos de calidad, educación, salud y alimentos, sigue caracterizando el mayor descontento de la población, al representar 91% del total de protestas registradas (1.574).
El resto de las protestas fue por exigencia de derechos civiles y políticos (DCP), que incluye a grupos opositores y a simpatizantes del régimen de Maduro. Además, de otros actores de la sociedad que demandan derechos civiles como justicia y seguridad ciudadana.
En su rendición de cuentas, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) incluyó dentro de su examen preliminar sobre Venezuela las protestas que se registraron en el país a principios de 2019, donde habrían fallecido al menos 30 personas y un agente de policía.
Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, dijo que según informaciones, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año por las fuerzas de seguridad o por civiles que actuaron en coordinación con las autoridades.
En ese mismo lapso, la oficina de la fiscal de la CPI enumeró a 131 agentes de seguridad que resultaron heridos y uno fue asesinado en Venezuela. «Algunas fuentes alegaron además que miembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos selectivos de opositores durante allanamientos de casas».
A través de las redes sociales, Provea registró además que durante el año han logrado contabilizar a 22 personas asesinadas luego de que funcionarios de cuerpos de seguridad los sometieran a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
También señalan directamente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de la Policía Nacional Bolivariana, de haber asesinado a 179 personas en el estado Lara hasta noviembre de 2019, durante supuestos operativos de seguridad.
En particular, las FAES han sido señaladas continuamente por violación de los derechos humanos durante los operativos que realizan mayormente en sectores populares en el país. La alta comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, ha solicitado desde julio al Estado venezolano que disuelva este organismo de seguridad.
Tal Cual