Rechazan campaña de desprestigio de medios del Estado contra el profesor Keymer Ávila

Más de 200 investigadores y docentes rechazaron en un comunicado la campaña de desprestigio que comenzaron varios medios de comunicación del Estado en contra del profesor Keymer Ávila.

El abogado Ávila dedicó un capítulo a Venezuela en el informe Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina. Allí, desarrolló el tema de las ejecuciones extrajudiciales durante los operativos militarizados conocidos como Operación de Liberación del Pueblo.

«Pretenden desacreditar y criminalizar los resultados de investigaciones independientes sobre temáticas de altísima importancia para los países latinoamericanos», señala el texto.

Agrega que la situación se ha repetido en ocasiones anteriores. Organizaciones que denuncian la sistemática violación del derecho a la vida y a la integridad personal en los sectores populares también sufren ataques.

Los investigadores y docentes dijeron que las mismas cifras oficiales publicadas por el Ministerio para Interior, Justicia y Paz revelan la crisis. Existe un significativo incremento de los casos de muertes violentas por presunta resistencia a la autoridad.

Desde el año 2016 se ubican en más de 4.900 casos anuales.

«La magnitud del aumento y la investigación de campo realizada por diferentes organizaciones e investigadores han servido de base para evidenciar que la ejecución extrajudicial se ha convertido en una práctica de Estado dirigida hacia la población pobre y, especialmente, hacia los jóvenes varones de los barrios», manifestaron.

Instaron a establecer un debate serio y profundo sobre las muertes perpetradas por el Estado, así como la necesidad de crear mecanismos para el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas.

«Los que tratan de atacar los hallazgos que derivan de su investigación no le hacen daño a la universidad o a las organizaciones sociales que coinciden en visibilizar la atrocidad institucional, le hacen un grave daño al país, al pueblo pobre, a todas las personas y comunidades que han sido víctimas de las prácticas de exterminio ejecutadas por los cuerpos represivos del Estado», agregaron.

El Nacional