Un grupo de presos políticos inició una huelga de hambre en una cárcel de Nicaragua, en reclamo por su libertad, ya que ser opositor no es delito en país, informó este domingo la Asociación de Víctimas de Abril (AVA).
Al menos seis reos encarcelados tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega o mostrar rechazo hacia su familia y Gobierno, iniciaron una huelga de hambre ayer sábado, con el objetivo de lograr su libertad, informó a Efe Grethel Gómez, integrante de AVA.
“Ellos decidieron hacer la huelga de hambre porque el Gobierno argumenta que no son presos políticos, sino reos comunes, pero sabemos que lo hace para mantener siempre a mano un grupo de secuestrados”, explicó Gómez.
Según AVA, que aglutina a organizaciones previamente creadas para demandar justicia al Gobierno por diferentes razones, Ortega mantiene “secuestrados” a cerca de 70 disidentes para utilizarlos como moneda de cambio en una eventual negociación con la oposición.
El plan de los reos, encerrados en la cárcel “La Modelo”, la más grande y segura de Nicaragua, es que si el Gobierno ignora su petición, cada semana se sumarán más “presos políticos” a la huelga de hambre, para elevar la presión.
Los familiares de los “presos políticos” en huelga de hambre no han querido divulgar los nombres de los reos para evitar que estos sean torturados por los carceleros, tal como ocurrió a fines de 2019 con Edward Lacayo, quien se negó a ingerir alimentos porque la medicación recibida en la cárcel olía a gasolina, según denuncias.
Debido al riesgo de hacer una huelga de hambre en dichas condiciones, un grupo de familiares ha intentado persuadir a los “presos políticos” de abandonar la protesta, confirmó a Efe la también integrante de AVA, Diana Lacayo.
De cualquier manera, los miembros de AVA iniciarán una nueva jornada de demandas por la liberación de los “presos políticos”, como la primera condición en eventuales negociaciones de la oposición con el Gobierno, afirmó Gómez.
La huelga de hambre se da en el marco de una crisis sociopolítica que en 21 meses ha dejado cientos de muertos, presos o desaparecidos, en protestas antigubernamentales.
El rechazo aparentemente generalizado contra Ortega, quien lleva 13 años en el poder, nació en abril de 2018, cuando el Gobierno realizó ataques armados contra las protestas multitudinarias, que continuaron con ejecuciones selectivas contra opositores, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado a Ortega por la violencia en Nicaragua, que ha dejado entre 328 y 651 muertos.
Ortega, quien reconoce 200 muertos, dice defenderse de un “golpe de Estado fallido”.
EFE