Reflexiones de la UPP89 en torno al documento «REDES ante la judicialización de la política por parte de EE.UU.” y sobre la libertad mancillada
Es un documento bien escrito y con un hilo argumental coherente, aunque tenemos problemas con su contenido… Son fundamentos importantes de la UPP89, la defensa de la soberanía nacional, la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia extranjera. Y rechazamos el rol histórico de «gendarme mundial» o de “referente democrático”, sobre el cual ha pretendido erigirse el país del norte de América.
El hecho que el gobierno de Maduro, en el plano “nacional”, haya también judicializado la política no es suficiente motivo para argumentar la validez de lo que busca hacer el gobierno de los EE.UU. en el plano “internacional”. Aunque se pudiera señalar, como efectivamente se dice, que “se le está dando a beber de su propio brebaje”. Un crimen no convalida otro crimen. En nuestro país, el TSJ, el Ministerio Público, los cuerpos de seguridad del Estado son parte de ese entramado de control social por vía de la judicialización de la política, y si en el plano “internacional” se busca chantajear y extorsionar con “sanciones económicas” y “bloqueo” a cualquier país que no siga la línea dominante, en el plano “nacional”, los cuerpos de seguridad extorsionan, con amenazas de “ponerle los ganchos” a empresarios y políticos, actuando como cuerpos “auxiliares” de las instancias jurisdiccionales antes citadas.
Instrumentos como “comprometer la reputación del adversario”, la imposición de la “fuerza bruta sobre la ciudadanía”, el “ejercicio de la violencia de Estado” son ya comunes, casi el día a día, de la acción pública del gobierno de Maduro sobre la ciudadanía. A esto, y como otro mecanismo de control social, habría que agregarle las “relaciones de dependencia”, elemento paradigmático de la esclavitud, como régimen social y económico, que, en nuestro caso, son relaciones de dependencia gobierno – pueblo, muy desarrolladas, con no poca efectividad, en los últimos años. Y, también, el férreo control institucional. Nada de esto, sin embargo, le da validez a la “judicialización de la política por parte de EE.UU.”.
¿Cuál debe ser la conducta de la gente justa y honesta? Una pregunta que hace el documento de Redes. Agreguemos algunos elementos a la reflexión. Cuando se producen las declaraciones, del fiscal general de los EEUU, William Barr, el jueves 26 de marzo, llama la atención el silencio informativo nacional. Me refiero, específicamente, a medios televisivos, exclusivamente de noticias, tan importantes, como Telesur o Globovisión. Silencio absoluto. Total. Ni una alusión, ni siquiera por el “generador de caracteres”. La noticia se difundió, de inmediato, en el mundo, salvo en Venezuela. Obviamente opacada, incluso en USA, por la crisis mundial de coronavirus, pero reseñada. Los medios esperaron que, primero, se pronunciara el Gobierno a través de su canciller Jorge Arreaza y, luego, del Ministro Jorge Rodríguez, para entonces, finalmente, “tener luz verde” para transmitir. Es decir, hasta que el gobierno, no a fines de ese día, pero sí a las horas, no dijo: “Hágase la luz”. Sólo, entonces, “La luz se hizo”. Y eso viene sucediendo, de manera alarmante, en muchísimos ámbitos de la vida nacional. El gobierno todo lo controla, lo norma o lo condiciona o busca hacerlo. ¿O no es así? ¿O no es evidentemente así? Luego, el día siguiente, la declaración del fiscal general, Tareck William Saab, fue transmitida en “cadena”, no una “cadena oficial”, una “cadena de lo que se sabe que hay que hacer”, en la cual participaron incluso medios como Venevisión y Televen. Y esta “omisión temporal informativa” no es un hecho circunstancial, es permanente, e ilustrativo de la triste realidad que vivimos. Una metáfora de la situación nacional. Lo mismo sucede en las calles, en las protestas silenciadas, por una práctica, ya recurrente, del gobierno. Un país amedrentado, coaccionado, amenazado y amordazado. Un país donde el valor de la LIBERTAD está cada vez más mancillado.
¡Libertad, libertad, valor eterno! Creo que debemos buscar la respuesta, a la conducta ciudadana – justa y honesta – que debemos seguir, en la vía que permita recuperarla o en aquella que le ponga menos obstáculos a ella. Debemos preguntarnos: ¿Quienes, en nuestro país, están abogando por el ejercicio de la libertad y quienes nos lo restringen? Históricamente los gobiernos de los EE.UU. han atentado contra la libertad de muchos países del mundo. Eso es de una evidencia incontestable. Eso no le quita validez, ni peso, ni es un atenuante, al hecho que el gobierno de Maduro está aferrado al poder, esté usurpando la soberanía nacional, violando la CRBV y el Estado de Derecho, y atente – todos los días y a cada hora, y a cada minuto – contra uno de los valores esenciales del ser humano, como lo es la LIBERTAD. El aparente dilema al cual el gobierno quiere llevar a la oposición política – ¿Apoyamos las acciones del gobierno de los EE.UU o apoyamos la soberanía nacional? – es un falso dilema ético. Así lo hemos asumido, de manera inequívoca, desde la UPP89.
Un cambio de gobierno es una necesidad imperiosa para reencontrarnos con una normalidad democrática, una normalidad constitucional y una normalidad institucional, todas ellas expresiones de una LIBERTAD recuperada. Y para reencontrarnos, o acercarnos al menos, con una dimensión medianamente ética de la política. Es nuestra responsabilidad personal con el país y con el pueblo.
Nota de Prensa